Movilización social en Colombia : marchas estudiantiles (2011) y marchas campesinas (2013). Victoria E. González M
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En una reflexión similar, el analista Omar Vera afirma que en los últimos 25 años, en Colombia, se agudizó la expulsión de millones de campesinos pobres de sus tierras debido al desarrollo de proyectos de gran envergadura desde lo productivo, relacionados principalmente con la agroindustria maderera, los agrocombustibles, la palma aceitera, la caña de azúcar y la soya, proyectos que también incluyen las industrias minera y petrolera. Para el desarrollo de dichos proyectos se han utilizado variados mecanismos, algunos ilegales, como el despojo armado –efectuado principalmente por el paramilitarismo–, y otros legales, como el endeudamiento hipotecario de los campesinos, el despojo por presión ambiental o la compra de las tierras a precios irrisorios, forzada por las adversas condiciones de violencia en los territorios.
Para el ex ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, la tierra es uno de los principales activos con los que cuenta una sociedad, una familia o una persona individual, y los problemas de la tierra en Colombia apuntan a una excesiva concentración, a la proliferación de minifundios que hacen antieconómicas muchas propiedades, a problemas de falta de formalización de la propiedad y despojos por parte de varios actores. Restrepo hace énfasis en la informalidad, dado que hoy en día la mitad de las personas que trabajan predios que asumen como propios no tienen escrituras y, por ende, no pueden tener acceso a créditos ni a subsidios, ni tampoco pueden hipotecar ese activo. Además de lo anterior, el exministro explica que el Estado también ha sido despojado de baldíos cuya extensión podría sumar más de un millón de hectáreas.
El investigador Alejandro Reyes Posada (2016), por su parte, presenta como un primer factor generador de disputas por la ocupación y el uso del territorio colombiano el proceso conflictivo y violento entre las élites, que han puesto la mano de obra al servicio del latifundio, y la población campesina, que ha reaccionado tratando de colonizar espacios lejos de la estructura latifundista. Lo anterior determina que a lo largo de la historia se dé una permanente tensión entre latifundio y colonización. Reyes expone como un segundo factor el hecho de que las guerrillas hayan cumplido funciones de regulación social en un contexto marcado por la falta de reglas, lo cual ha traído como consecuencia –entre otras muchas– la expansión de cultivos ilícitos como una forma de “supervivencia marginal” de los campesinos ante la tenencia de un grupo de terratenientes de las mejores y más productivas tierras y ante los constantes fracasos en los intentos por sacar adelante reformas agrarias.
Sumado a lo anterior, el informe denominado “Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia”, presentado por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015)5, determina que en la actualidad el problema de la tierra se ha agravado por la protección fiscal que ha convertido la adquisición de predios en una herramienta para el lavado de activos. Lo anterior ha propiciado alianzas del latifundio con el narcotráfico, y con la ayuda del paramilitarismo ha contribuido a la concentración de la propiedad agraria. Un régimen económico de estas características necesariamente agudiza las formas de despojo que ya venían dándose, debilita la economía y agudiza ulteriormente la condición de pobreza de la población rural.
LA MOVILIZACIÓN CAMPESINA EN COLOMBIA
Thair Silva (2008) manifiesta que en los albores del siglo XX aparecen las primeras organizaciones campesinas encaminadas a luchar por trabajar para su propio beneficio, acceder a la propiedad de la tierra y contar con condiciones dignas de trabajo. La primera movilización de 1920 permitió apreciar un incipiente grado de organización que se reflejó en la constitución de grupos como el Baluarte Rojo de Loma Grande, San Fernando, Canalete y Callejas en Córdoba6.
En 1928 las constantes reuniones de campesinos en torno a la defensa de sus derechos condujeron a la formación del Partido Agrario Nacional, la Unión Nacional Izquierdista Revolucionaria y el Partido Socialista Revolucionario, preludio del Partido Comunista Colombiano, de manera que cabe decir que estas organizaciones políticas se desarrollaron gracias a una importante base suministrada por el campesinado.
La crisis económica mundial de finales de la década de 1920 también golpeó a Colombia y suscitó la creación de nuevas movilizaciones motivadas por el enorme empobrecimiento de los estratos más bajos. Se crearon entonces ligas campesinas, sindicatos de obreros rurales y unidades de acción rural. A comienzos de los años cuarenta se crea la Federación Campesina e Indígena, que luego toma el nombre de Confederación Campesina e Indígena, la cual condujo movilizaciones en todo el país en contra de la Asociación Patriótica y Económica Nacional7, y posteriormente en contra de la Ley 100 de 1944[8]. A estas organizaciones se suman los llamados círculos clericales de Acción Cultural Popular (ACPO)9 y de Radio Sutatenza.
Archila (2017) aborda este período desde el carácter de los actores que lo animan. Habla entonces de un principio de constitución de un movimiento compuesto por colonos, cuyo proceso de formación arranca en el siglo XIX; posteriormente, en los años treinta, aparece un movimiento fuerte de campesinos arrendatarios, especialmente de las zonas cafeteras; y en los años veinte y treinta aflora otro elemento, articulado en un comienzo al movimiento campesino sin que la identidad étnica sea determinante, que es el movimiento indígena. En efecto, si bien en la primera década del siglo XX este movimiento se enfoca hacia los intereses étnicos, como en el caso de la organización de Quintín Lame, en los años veinte y treinta se entrelaza con el movimiento campesino. Posteriormente, ya en los años setenta, el movimiento indígena se distancia del campesino y conforma el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y luego la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en los años noventa, conservando el interés en la problemática agraria, pero con acento principalmente en lo étnico.
En 1956 tan solo subsiste la Federación Agraria Nacional (FANAL), fundada diez años atrás con el apoyo de la Iglesia Católica y la Unión de Trabajadores de Colombia (UTC), que no está constituida ante todo por campesinos sino por trabajadores de otros sectores. De todas estas organizaciones podemos decir que su principal reivindicación fue el derecho a la tenencia de la tierra, y de hecho sus acciones más recurrentes fueron justamente la invasión y apropiación de territorios en todo el país.
La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) fue creada por el Decreto 755 de 1967 –durante el gobierno de Carlos Lleras Restrepo– y mediante Resolución 061 de 1968, como respuesta a la lentitud de la reforma agraria y en busca de encauzar las luchas campesinas a través de una institución que el Gobierno pudiera controlar. Obtuvo personería jurídica mediante la Resolución 649 de 1970, del Ministerio de Agricultura. Archila (2011) considera a la ANUC como la asociación campesina más importante en la historia del país, y si bien se formó por voluntad del Gobierno, rápidamente fue cooptada por los campesinos. Citando a Zamosc (1982), Archila explica que lo que inicialmente se constituyó como una ventaja para la creación de la ANUC –la heterogeneidad de sus integrantes–, posteriormente se convirtió en una grave dificultad. El hecho de que a la Asociación pertenecieran campesinos sin tierra, jornaleros y campesinos ricos multiplicó la variedad de intereses por los cuales luchar y, por ende, acrecentó las discrepancias internas.
Jesús María Pérez (2010), líder campesino de la región de Sucre, relata su paso por esta organización de la siguiente manera:
Inicialmente la Asociación