territorios. Los atributos son: suelo, servicios públicos, vivienda, equipamiento urbano, transporte, espacio público físico y patrimonio arquitectónico. Por su parte, las dimensiones se encuentran constituidas por: política, económica social, ambiental y estético cultural. (Giraldo, Bateman, Ferrari y García, 2006, p. 28)
La autoproducción del hábitat, vista en parte como la autoproducción de vivienda y un componente importante del sustento y los medios de vida, por parte de grupos pobres, migrantes y vulnerables en la ciudad, comienza a ser indagada y a ser vista por la academia ya no como una anormalidad, sino como una regularidad articulada a fenómenos estructurales políticos, económicos y sociales en otras escalas.
En palabras de Torres-Tovar, la autoproducción del hábitat
es un fenómeno generalmente negado o rechazado por quienes definen las políticas de vivienda, y en consecuencia se malogra un enorme potencial social, una gran capacidad popular, una fuerza creativa y participativa presente en las comunidades urbanas, lo cual podría servir para que las familias tuviesen mejores viviendas en una ciudad mejor. (2007, p. 68)
Sin embargo, para Vernez se constituía en una forma propia de solucionar un problema que al tiempo era resultado de las fallas de la política pública en Latinoamérica: los asentamientos informales no debían percibirse como obstáculos o defectos de la planificación, sino como un hábitat propio de comunidades en procesos de transición de sociedades rurales a urbanas, más aún, declaraba cómo tanto las políticas erradas como el laissez faire habían estimulado el crecimiento de urbanizaciones clandestinas (Ramírez Ríos, 2011, p. 123).
Las ideas y nociones de derecho a la ciudad y al hábitat se asociaron con la transformación y enriquecimiento de las nociones sobre pobreza y los mecanismos de seguridad, que pasaron de la simple medida de las necesidades básicas insatisfechas, las carencias económicas y la incapacidad de consumo a conceptualizaciones mucho más complejas y multidimensionales. La concepción del hábitat está implícita en el derecho a la ciudad enunciado por Harvey (1977) y Lefebvre (1978), y definido por este último como: “El derecho a una vida urbana transformada y renovada donde se recobren e intensifiquen las capacidades de integración y participación de sus habitantes” (1978, p. 138).
En la actualidad, y desde las perspectivas de la ONU-Hábitat, el abordaje de la ciudad se dirige hacia el concepto de hábitat que busca concebirla de una manera holística. El hábitat es un referente simbólico y social que piensa al ser humano desde una perspectiva multidimensional (Giraldo et al., 2009, p. 24). Desde esta perspectiva, la complejidad del fenómeno urbano se puede analizar “a partir del conjunto de las múltiples interrelaciones existentes entre los elementos que estructuran el espacio urbano histórica y socialmente” (Giraldo, 1999, p. 171).
Sin embargo, a pesar de estos cambios en las percepciones de las dinámicas de autoproducción del hábitat en la ciudad, las categorías informal e ilegal, entre otras similares, se siguen utilizando y generan conflictos ambientales como el que ocupa a este trabajo, los cuales se tornan aún más complejos cuando las dinámicas de agenciamiento del techo y el sustento se articulan al dispositivo de la gubernamentalidad, a través de redes clientelistas que irónicamente las mantienen y estimulan. Estos conflictos también se agudizan frente a nuevos fenómenos, como la desregulación de la planeación urbana o las fuertes dinámicas de regulación y gestión de los recursos naturales, a partir de los años ochenta, y la puesta en marcha de estrategias de ordenamiento territorial derivadas del “giro espacial”, las cuales terminan por complejizar el conflicto con nuevos ingredientes problemáticos, en particular cuando las dinámicas de expansión informal concurren en predios situados en los bordes urbanos que están afectados ya sea por situaciones de riesgo o por haber sido declarados como áreas de conservación.
El clientelismo como dispositivo de articulación a la normalidad y la gubernamentalidad
Las juntas de acción comunal
El clientelismo ha sido estudiado como mecanismo clave para explicar el funcionamiento de los partidos tradicionales (Liberal y Conservador) en Colombia. Puede definirse como un sistema de intercambios asimétricos e informales que distorsionan el sistema político (Aunta-Peña, 2009). Algunos de los investigadores del tema en Colombia han sido Losada (1984) y Ocampo (2003), entre otros.
La participación como estrategia política de integración fue instaurada de arriba hacia abajo tanto en los ámbitos urbanos como en los rurales. De acuerdo con Alfonso Torres, durante el Frente Nacional24 la gubernamentalidad, al crear la figura de las JAC, en 1958, buscaba controlar las formas organizativas ciudadanas. En Bogotá tuvieron especial impulso,
convirtiéndose a lo largo de las dos décadas siguientes en la única forma asociativa barrial reconocida por las autoridades y en el único vínculo de los pobladores con el Estado para la consecución de sus demandas. Así, al comenzar la década de los ochenta existen más de mil JAC con más de medio millón de afiliados. (1993, p. 49)
Gilbert y Ward (1987) coinciden con Torres en que las JAC, como estructuras derivadas del Frente Nacional, buscaban, por una parte, reducir los conflictos políticos entre los dos partidos tradicionales y, por otra —frente a la situación muchas veces desesperada en términos de servicios básicos fundamentales para la sobrevivencia y equipamiento en los barrios informales—, facilitar las dinámicas de agenciamiento comunitario para lograr un mínimo de provisión de infraestructura básica. Lo que sucedió en la práctica fue que se terminó por instaurar un dispositivo clientelista como canalizador de las demandas de los grupos más pobres de población a través de los líderes políticos tradicionales, las juntas ejercían la vocería de las demandas de los barrios, al tiempo que legitimaban la vocería política de los partidos, es decir que el clientelismo emergió, precisamente, por cuenta de la propia gubernamentalidad.
Arango (1981) denunciaba, caso por caso, las prácticas de los urbanizadores piratas, sus enormes beneficios, las estafas generalizadas, la corrupción de los funcionarios y las pirámides clientelistas a las que se adscribían las JAC de los barrios de Bogotá en los años setenta. Según cifras citadas en Vernez (1974), en 1970 el 45,3 % de las familias bogotanas vivían en barrios piratas, en 1977 el 45 % de las urbanizaciones eran ilegales, el negocio de la urbanización ilegal era tan beneficioso para todos que para 1978 ya el 70 % de los barrios eran informales (Arango, 1981, p. 280).
Gloria Ocampo, en un estudio hecho en la ciudad de Montería a propósito de la vigencia de las redes clientelistas en la actualidad, establece que
en los barrios populares el centro de la actividad política es la negociación de los votos, y en las calles se observan las hojas de zinc —para los techos— y los túmulos de balasto que depositan, frente a las casas o en las calzadas, las volquetas contratadas por los políticos para distribuir el material con que pagan los votos […]. Por su parte, la comunidad cumple retribuyendo al político con el voto. Prestaciones y contraprestaciones posteriores refuerzan la relación entre ambos y la prolongan en el tiempo, dando lugar a redes de clientelas que incluyen políticos de distintos niveles según la organización piramidal del sistema político, así como redes de parentesco o vecindad. Para referirse al comercio de votos la gente habla de dar el voto; el voto se le da a alguien, quien debe devolver algo tangible a cambio. (2003, pp. 253-255)
El modelo clientelista continúa vigente en virtud de la insoslayable necesidad de articular los barrios autoproducidos al dispositivo de gobierno de la ciudad. En principio, y de acuerdo con Duhau (2002), son dos las principales funciones que debe cumplir el aparato de la gubernamentalidad con respecto a los barrios informales. La primera, incorporar y legitimar la integración de estos asentamientos a la ciudad, mediante el otorgamiento de validez jurídica al loteo de predios y la estructura urbana resultante del proceso de urbanización. La segunda, otorgar validez jurídica a los actos de posesión de predios por parte
