La naturaleza debe ser en adelante transada como mercancía en un portafolio de recursos productivos en los recién abiertos mercados internacionales para la inversión extranjera (Büscher et al., 2012; Shiva, 1992; Sullivan, 2013).
A fin de cuentas, el discurso y las prácticas del desarrollo sostenible, que, en principio, desempeñarían un papel importante en la prevención de los conflictos por recursos naturales, dada su ambigüedad y sesgo neoliberal, se convirtió en fuente de conflictos, incluso algunos autores han señalado que es precisamente su uso amañado lo que ha convertido al discurso del desarrollo sostenible en una fuente de conflicto (Sneddon et al., 2002).
En el mejor de los escenarios, la noción de desarrollo sostenible contemplaba una aproximación preventiva al conflicto, en la medida en que establecería criterios e instrumentos de distintos tipos, en particular desde la gestión ambiental, para evitar su formación mediante la prevención o mitigación de los impactos negativos de las actividades extractivas, productivas y reproductivas de los seres humanos; pero, irónicamente, al mantener su adhesión al papel de la naturaleza y los recursos naturales en el mantenimiento de un indefinido crecimiento económico, se transforma en un significante vacío.
Los efectos del ajuste sobre un contexto proclive a la intratabilidad
La agudización del recrudecimiento de la pobreza, el deterioro de los recursos naturales, el aumento en el número y la magnitud de los conflictos por recursos naturales tienen una relación directa con los cambios en las lógicas de gobierno y sus mecanismos de seguridad, policía y jurídicos. En primer lugar, la apertura económica de los países ha facilitado la entrada, con grandes beneficios para el gran capital en cabeza de transnacionales, multinacionales y grandes conglomerados económicos, en particular los conglomerados dedicados al negocio minero-energético, que han desempeñado un papel importante para incidir en la orientación de las iniciativas de desarrollo hacia la reprimarización de las economías del Sur.
Relacionado con lo anterior, en Latinoamérica se han reportado graves procesos de desindustrialización que han desencadenado una fuerte pérdida de empleo formal, el cual también ha disminuido por cuenta de otras medidas de ajuste implementadas, como el desmonte del Estado y la disminución del empleo estatal, es decir, la transformación de los antiguos mecanismos de seguridad de la población. Más aún, por la vía de la descentralización se han transferido importantes funciones y competencias de mecanismos de seguridad, como la provisión de bienestar y control ambiental, a débiles gobiernos locales sin una transferencia proporcional de poder de decisión, recursos y fortalecimiento de capacidades. Además, la transferencia de los mecanismos de seguridad —para provisión de bienestar a la población, de mecanismos de policía, control y regulatorios— al sector privado, a ONG o a entidades internacionales dificultan fuertemente la rendición de cuentas y la transparencia (Jessop, 1994).
En segundo lugar, la pobreza se ha visto agravada por la disminución de la inversión social, así como se ha inhabilitado al dispositivo de gobierno en su capacidad para garantizar mecanismos de seguridad para la población y, por consiguiente, de provisión de bienestar, debido a severos recortes de planta fiscal y administrativa.
La desregulación y la flexibilización laboral exigidas por el ajuste han influido de manera decisiva en la ampliación de la informalidad laboral, la desprotección y el rebusque generalizado, una condición común al grueso de los pobladores de los barrios informales, que también ha tenido como efecto colateral la imposibilidad de acceder a crédito para vivienda, a las ventajas de protección social de calidad y a los programas de bienestar, educación y acceso a vivienda que ofrecen las cajas de compensación familiar a sus trabajadores formales afiliados.
En efecto, la combinación de la privatización de las empresas de servicios públicos —aseo, basuras, energía y gas—, la privatización de la salud y la educación, la entrega de las curadurías urbanas35 y la flexibilización laboral y consecuente informalización económica han conspirado en conjunto para elevar de manera espectacular el aumento de la pobreza y, en correspondencia, las dinámicas de auto-producción del hábitat36 (Ahumada, 1996, 2000; Bienefield, 1997; Stiglitz, 2003).
La dupla pobreza e informalidad laboral ha adquirido dimensiones dramáticas, lo que ha hecho cada vez más difícil de abordar y solucionar el acceso a la vivienda en las grandes ciudades. Al no contar con empleo e ingresos seguros y estables, el acceso a crédito para vivienda es, por decir lo menos, imposible.
La provisión de VIS se ha tratado de “solucionar” en la mayoría de las ciudades del Sur a través de subsidios estatales para la compra de vivienda, sin atacar el problema central de déficit generalizado de vivienda para las poblaciones con menor poder adquisitivo, negocio que resulta poco atractivo para la empresa privada por los bajos márgenes de beneficios económicos. Por esta razón, la entrega a los privados de programas de acceso a vivienda digna ha probado ser poco atractiva para los promotores privados.37
Adicionalmente, la privatización de las empresas encargadas de la provisión de servicios básicos ha elevado sus tarifas, debido a la implementación de modelos basados en el mercado, que son a menudo sesgados por nepotismos y favoritismos, así como son objeto de un débil control gubernamental en cuanto al seguimiento de su gestión, prácticas y cumplimiento de los contratos de privatización; un ejemplo lamentable es Electricaribe.
Adicionalmente, la privatización y transferencia de funciones de planeación urbana ha generado impactos negativos sobre el cumplimiento de las normas urbanísticas, como veremos con respecto al papel de las curadurías urbanas en el otorgamiento de licencias irregulares en predios afectados por la Reserva Bosque Oriental de Bogotá en el capítulo dedicado al análisis de la acción popular en contra de la delimitación de la franja de adecuación de la Reserva.
En suma, el giro en las lógicas de actuación de la gubernamentalidad en los países del Sur, en las últimas décadas, ha propiciado el crecimiento de la pobreza y la emergencia de conflictos ambientales; asimismo, ha impuesto enormes retos a la realización de acuerdos, lo que ha constituido este accionar y sus lógicas en fuente permanente y creciente de conflictos.
Los proyectos nacionales han ido cediendo sus espacios a los proyectos globales, que ahora deben ser rentables; aquí, temas como la salud, el empleo, la educación y la administración de la universidad pública, así como la definición de prioridades y la financiación de la investigación, cobran enorme relevancia. En adelante, el conocimiento solo será valorado en función de su utilidad para los procesos económicos globales y su rentabilidad, los cálculos costo-beneficio, los intereses de los inversores y los mercados en expansión, etc.; temas como la responsabilidad social, la función social de la educación y del Gobierno en la provisión de bienestar han terminado por desdibujarse (Porto-Gonçalves, 2006).
El nivel meso: la gubernamentalidad como dispositivo de poder territorial
Esta sección se concentra en presentar los conceptos de gubernamentalidad y biopolítica vistos como dispositivos de poder que buscan, mediante distintas tecnologías y saberes, regular el acceso a recursos del territorio desde una cierta intencionalidad o racionalidad. Vale la pena anotar que el territorio es consecuencia histórica del balance del acumulado de las relaciones de poder: “Los hombres, a partir de sus hábitos y costumbres particulares son quienes entablan vínculos permanentes con las riquezas y los recursos del territorio” (Castro-Gómez, 2010, p. 59).
Desde la dimensión de las prácticas institucionales, la literatura especializada en conflictos intratables ha identificado el papel determinante que desempeñan los mecanismos de gobierno sobre la regulación de la apropiación, el acceso, el control y la distribución de los recursos naturales en los territorios bajo su jurisdicción. La gubernamentalidad, a través de sus mecanismos de seguridad, provee bienestar y legitima los distintos niveles
