Los giros en las lógicas del urbanismo y la agudización de la intratabilidad
Un efecto no previsto de las dinámicas y políticas dirigidas a construir barrios obreros a mediados de siglo en el Norte, y durante los años sesenta y setenta en el Sur, fue el deterioro paulatino de los centros de las ciudades. A partir de los años ochenta estos barrios serán gestionados con el fin de producir grandes proyectos de renovación urbana y grandes plusvalías. Las intervenciones dirigidas a “rescatar” los centros de las ciudades de la marginalidad y la pobreza —el movimiento de ciudad bella25 en Europa, por ejemplo— han generado un provechoso ciclo de expansión inmobiliaria denominado gentrificación.26
En adelante, y hasta la fecha, muchos de los antiguos barrios obreros o autoproducidos, una vez legalizados serán objeto de procesos de gentrificación y en consecuencia “reciclados”, con grandes beneficios, para ser ofrecidos a grupos sociales de ingresos altos. El considerable aumento de los precios de finca raíz en sectores como Chapinero Alto, estimulados por las enormes deficiencias del transporte público, ha impulsado progresivamente este fenómeno de gentrificación; los barrios, una vez legalizados mediante gran esfuerzo por parte de las JAC, son negociados en su totalidad o en parte por grandes empresas constructoras, irónicamente, por intermedio de los líderes de las mismas JAC, tal como ha sido el caso de grandes proyectos inmobiliarios llevados a cabo en predios de los barrios antes ilegales de Juan XXIII, Los Olivos y Bosque Calderón (véase Valenzuela, 30 de septiembre de 2014, y Valenzuela y Téllez, 23 de junio de 2014).
Debe resaltarse que durante la década de los ochenta se evidenciaron cambios en el accionar del aparato de la gubernamentalidad en apariencia contradictorios: por una parte, se producen un gran número de normas ambientales, por otra, la planeación del crecimiento urbano entra en una clara fase de desregulación y transferencia de funciones públicas a privados, como es el caso de las curadurías, la salud, la educación y los servicios públicos (véase Cortés Solano, 2007).
Si bien con el “giro espacial” y las consideraciones ambientales en la planeación urbana a partir de finales de los años ochenta se comenzaron a involucrar consideraciones sobre el uso de recursos naturales, los patrones de consumo y la huella ecológica de las ciudades,27 se fueron desdibujando los estudios sobre barrios populares, tan en boga en la década anterior, desde la perspectiva del realismo crítico y el marxismo, justo cuando el reciente triunfo del neoliberalismo evidenciaría su pertinencia para explicar sus graves efectos sobre la sociedad y la naturaleza (Brand, 2001).
Se produce un gradual replanteamiento del papel y la función de las ciencias sociales en la gestión del territorio y sus recursos, ligado a las nuevas normativas de ordenamiento territorial. El viraje de los intereses académicos se dirige ahora a estudios locales micro, donde se profundizará en las identidades y los lugares construidos por grupos de población particulares según etnia, origen, religión, etc. Emergen como campos académicos una multiplicidad de teorías interpretativas, construccionistas y “antifundacionalistas”, dirigidas a identificar significados en contextos inmediatos, y se interpretan los datos desde nuevas teorías sociales centradas en la identificación y el análisis de las prácticas cotidianas, las actitudes, las etnografías y los análisis discursivos (Brand, 2001; Connolly, 2013).
En las academias la emergencia de las teorías posmodernistas, de la teoría sistémica y el posicionamiento del discurso del desarrollo sostenible sustituyeron los estudios sobre marginalidad, segregación socioespacial, el papel del Estado, la lucha de clases, la crítica al capital y los grandes poderes, así como la crítica a las prácticas políticas, el clientelismo y la corrupción asociada a ellos, de manera que desaparecen gradualmente como categorías de análisis del panorama académico. En el caso colombiano, la planeación urbana a continuación se limitará al cumplimiento de normas jurídicas, como por ejemplo la Ley 388 de 1997: “Las necesidades del conocimiento experto se reducen a las prácticas de la gestión de proyectos y la administración de empresas (el Sisbén o el downsizing de las administraciones territoriales)” (Brand, 2001, p. 23).
Más aún, con la entrada del pensamiento posmoderno se da lugar al abandono de la tradición crítica basada en la economía política marxista. Las ciencias sociales dejan de ser importantes y toman el mando las disciplinas asociadas a lo espacial y territorial, lo que genera enormes vacíos analíticos y sesgos académicos en el análisis y tratamiento de este tipo de conflictos, así como de las dinámicas sociales urbanas y sus relaciones con problemáticas estructurales.
A partir de los años noventa los programas de atención a los “barrios marginados” serán parte de las políticas de lucha contra la pobreza urbana.28 Los recursos de los municipios y los proyectos de mejoramiento se dirigirán, preferencialmente, al norte de la ciudad, lo que deja al sur y al occidente en manos de la “autoorganización”, la organización comunitaria y el clientelismo, otra forma más de extraer recursos como el trabajo y, en muchos casos, materiales de las comunidades en los proyectos de construcción de vías barriales, escuelas, salones comunitarios, alcantarillado y acueducto.
La planeación urbana como práctica social del Estado capitalista en adelante guardará como función principal garantizar las condiciones generales necesarias para la reproducción del capital, incapaz de incidir significativamente en el mejoramiento de las condiciones generales de las crecientes poblaciones de desposeídos urbanos producidos por el paradigma neoliberal (Brand, 2001).
Esta situación ha tenido como consecuencia sumar otro obstáculo a la ya difícil tarea de transformar los conflictos ambientales causados por los desarrollos informales, la débil capacidad de los profesionales y funcionarios para comprender las dinámicas sociales, económicas y culturales alrededor de temas como la pobreza y la autoproducción del hábitat, y, más aún, para comprender los conflictos y sus complejas interrelaciones, así como el desdibujado papel del Estado y la función de este, no solo en la provisión de bienestar, sino en la prevención y transformación de los conflictos.
En últimas, quienes configuran el territorio son sus actores, según su grado de poder y su nivel de acceso a recursos y a su control. En los bordes y las periferias, como ya se vio, la capacidad de control del aparato de la gubernamentalidad es, por múltiples razones, muy limitada, en consecuencia, son “otros” los actores que con sus agenciamientos configuran el territorio. Como se estableció al presentar la noción de intratabilidad, Azar identificó el papel que desempeña la lucha por necesidades fundamentales en la permanencia y recurrencia del conflicto, desafortunadamente no es posible llegar a negociaciones o acuerdos respecto a las necesidades fundamentales. Desde la perspectiva de las comunidades asentadas en San Isidro, la causa principal del conflicto es la ausencia de reconocimiento y atención en sus necesidades fundamentales como ciudadanos, por lo cual no han tenido más opción que agenciar sus limitados recursos utilizando distintas tácticas, que han evolucionado en el tiempo, en asocio con redes clientelistas, la Iglesia católica, fundaciones sociales y ONG, entre otras.
En este trabajo, el enfoque de medios de vida es articulado, como se vio en la sección correspondiente al territorio y los bordes, en la medida en que se considera que el territorio es consecuencia y efecto directo de las características, magnitud y orientación de los agenciamientos de los actores presentes en él. Por esta razón, se hizo énfasis especialmente a la identificación y análisis de los agenciamientos comunitarios de los recursos físicos y naturales a disposición de los pobladores, y de sus efectos conjuntos sobre la configuración del territorio, como uno de los objetivos planteados al inicio de la investigación, teniendo en cuenta que las comunidades están asentadas en un territorio de ricos recursos naturales y, además, en uno de los suelos más costosos y demandados de la ciudad, a diferencia de otras comunidades de barrios informales ubicadas en áreas fuertemente deterioradas, como corresponde, por ejemplo, a comunidades del Mochuelo, en las inmediaciones del relleno sanitario Doña Juana, o las comunidades de Ciudad Bolívar o Cazucá.
