de un movimiento de masas que no fuera propio (como había ocurrido en el caso del menemismo, que sí contaba con la fuerza del peronismo, pese a haber implementado la política exactamente opuesta a la que históricamente había defendido dicha fuerza política). El ejercicio del gobierno por parte del macrismo durante ya casi cuatro años, con una rápida y brutal distribución regresiva de los ingresos sin la malla de contención de un movimiento popular como la que tuvo el menemismo, y sin la paralización generada por un terror dictatorial, transforma las prácticas sociales fascistas en una de las escasas posibilidades para la regeneración de esta derecha en decadencia, para la búsqueda de un nuevo horizonte de apoyo en un contexto de fuerte malestar social.
Apenas a modo de ejemplo de una posible deriva y desarrollo de la situación, cabe resaltar el protagonismo asumido durante 2018 por la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, y por las temáticas de su cartera (tenencia de armas por parte de ciudadanos comunes, la estructuración de un discurso xenófobo contra los inmigrantes de países limítrofes y la remisión a los mismos como explicación de la inseguridad, la legitimación de una represión letal en casos como los de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel y las campañas contra la familia Maldonado, entre otros) o la elección del peronista Miguel Ángel Pichetto como candidato a la vicepresidencia para las elecciones de 2019, expresando un corrimiento de cierta derecha moderna y liberal hacia posiciones más xenófobas y discriminatorias.
El ministro de economía, Nicolás Dujovne, expresó la complejidad de la situación económica presente con absoluta contundencia, sea por ingenuidad o por cinismo al declarar que “nunca se hizo un ajuste de esta magnitud sin que caiga el Gobierno” (15), reconociendo precisamente la novedad del ajuste macrista en relación con las experiencias históricas previas (llevadas a cabo bajo dictaduras militares o en condiciones que implicaron el final precipitado y abrupto del gobierno que las encarara, desde el “Rodrigazo” de 1975, la hiperinflación de 1989 o la corrida bancaria y el “corralito” del fin de la Convertibilidad en 2001).
La construcción del enemigo inmigrante limítrofe en tanto “invasor” o “ladrón de derechos” (salud, educación, seguridad), la disputa con la “ideología de género”, la estigmatización del adversario político (la Kukaracha kirchnerista, el anarco-trosco-kirchnerismo, el “comunismo” del candidato peronista a la gobernación bonaerense Axel Kicillof o su origen judío), todos motivos clásicos de procesos genocidas, desde la Alemania nazi hasta la Ruanda de los años ’90 o, ahora también, el “eje del mal”, que incluye las supuestas conspiraciones (Venezuela-Cuba-Irán), los grupos indígenas e incluso campesinos (muy en especial en el caso mapuche en el sur y las especulaciones acerca de la existencia de una organización como la RAM, pero también con fuerza e importante presencia en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco o Formosa), y todo aquello que constituye posibilidades de movilización de los sectores sufrientes, propuestas para proyectar sus frustraciones en otros grupos de población, como estrategia para desviar la atención de las consecuencias del brutal aumento de la desigualdad.
¿Prácticas sociales fascistas en el presente argentino?
Entendido entonces en este tercer sentido de práctica social, la pregunta es si por primera vez podríamos estar experimentando el riesgo de que algunas de estas prácticas encuentren apoyo y consenso en la sociedad argentina contemporánea. No es fácil aún dar una respuesta, pero lo que se observa en estos últimos tiempos es, cuanto menos, preocupante.
Entre las declaraciones punitivistas o xenófobas de los últimos dos o tres años podemos encontrar un arco político demasiado amplio, que en modo alguno se reduce apenas a sus expresiones más extremas, como las del diputado salteño Alfredo Olmedo o el ex carapintada Juan José Gómez Centurión, que parecen querer adelantarse a su tiempo y forzar permanentemente los límites de lo construido como “políticamente correcto”, con una atención mediática, un interés y una retransmisión que jamás habían recibido figuras como Alejandro Biondini.
Dirigentes de peso político mucho mayor han comenzado a participar de esta recomposición del mapa político de lo pensable y lo decible, que va corriendo muy notoriamente el límite de lo enunciable. Si bien se llevará a cabo un relevamiento más sistemático en el capítulo 3, vale la pena enumerar, entre las voces más importantes, a la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; el ex secretario de seguridad del gobierno anterior, Sergio Berni; el ex presidente del Senado de la Nación y actual senador nacional por el peronismo federal, Miguel Ángel Pichetto (finalmente elegido como candidato a la vicepresidencia por el macrismo); el ex ministro de Educación y actual senador nacional por la Alianza Cambiemos, Esteban Bullrich. Figuras relevantes del gobierno y, en algunos casos, también de los partidos de oposición están dispuestas a utilizar expresiones xenófobas, discriminatorias o punitivistas y alentar reacciones sociales que puedan dirigir el odio social y las frustraciones económicas hacia los inmigrantes de países limítrofes, los miembros de organizaciones de izquierda, de organismos de derechos humanos, los sindicalistas, los desocupados, los receptores de planes sociales o los pueblos originarios, entre otros grupos estigmatizados.
Y, como a partir del nazismo los fascismos posteriores no prescindieron nunca del arma del antisemitismo, también en este caso los ataques se dirigen contra los judíos, como se desprende de las manifestaciones en Tucumán contra el secretario de Derechos Humanos y contra la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), en donde con explícita gráfica antisemita se acusa al “judío Avruj” de “rechazar el derecho de opinión de los cristianos”, incluyéndolo en una larga lista junto a Wilhelm Reich, Erich Fromm, Walter Benjamin, Judith Butler, George Soros u Horacio Verbitsky, lo cual habrá sorprendido sobremanera al propio Avruj, quien hasta aquel momento había coqueteado con algunos de estos grupos invitándolos en algunos casos a reunirse en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Afirmaciones de tenor similar pueden encontrarse también en las declaraciones de periodistas como Gustavo Cúneo o ex funcionarios de gobierno como Guillermo Moreno, en donde los ataques tanto al gobierno como a la oposición de izquierda pasan por su “extranjería”, su judaísmo o el “no asistir a misa”. Y, por supuesto, en los ataques cibernéticos de los trolls macristas o nacionalistas, donde sorprende el crecimiento y radicalización de la imaginería antisemita.
* * *
Para identificar un conjunto de prácticas sociales fascistas no alcanza, sin embargo, con la persistencia o profusión de declaraciones, sino que se requiere que el carácter simbólico de las expresiones asuma materialidad a partir de agresiones concretas, instigaciones a la delación, hostigamiento de grupos organizados o violencia paraestatal. Cabe incluir en una primera lista que será desarrollada en profundidad en el próximo capítulo:
1) Las campañas de delación, entre las que se destaca la apertura de una línea telefónica (un 0800) para denunciar a docentes que se propusieran plantear en sus clases la preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado en el sur del país, en el año 2017. Esta campaña mediática de delación se estructuró con la consigna “con mis hijos NO”, cuestionando una supuesta “politización” de la educación, tendencia que se importó de las campañas contra la educación sexual en el Perú;
2) la intervención patoteril de “organizaciones” de padres o vecinos en establecimientos educativos de distintos puntos del país para impedir la implementación de clases de Educación Sexual Integral a partir de lo que se plantea como “oposición activa a las políticas de género”;
3) el crecimiento de ataques de distinta envergadura a los movimientos sociales (tanto de fuerzas estatales como paraestatales, patotas civiles o mercenarios a sueldo de los terratenientes), incluyendo las comunidades originarias o campesinas en Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta, Chaco o Formosa, la organización Tupac Amaru en Jujuy, comedores populares, docentes, sindicalistas, miembros de organizaciones con presencia en barrios populares como la Garganta Poderosa o la CTEP, vandalización de monumentos
