venezolano Carlos García asegura que conseguir un trabajo en Colombia no es tan fácil como piensan la mayoría de los emigrantes que llegan hasta acá. “Es muy difícil conseguir trabajo y nos quieren pagar menos de lo establecido por la ley acá en Colombia. Si un día de trabajo vale $30 000 a nosotros nos quieren pagar $15 000”.22
Ahora bien, uno de los trabajos más fácilmente accesibles para los venezolanos en Colombia está relacionado con plataformas tecnológicas como Uber o Rappi. La poca formación requerida y el hecho de que no sea necesario contar con instrumentos de trabajo propios facilitan el ingreso. El único requisito que se exige es contar con permiso especial de permanencia o visa de residencia. Este tipo de trabajo es considerado precario, pues no tiene acceso ni siquiera a un sistema integral de seguridad social (con el agravante de no ser titular de una póliza de cubrimiento de riesgos laborales ni de sobrevivencia en caso de invalidez y vejez). La falta de regulación nacional (e internacional) frente a estos nuevos fenómenos laborales ha sido aprovechada tanto por empleadores como por trabajadores. Las nuevas formas de trabajo fruto de las disrupciones tecnológicas implican desafíos para el derecho del trabajo y de la seguridad social;23 en la actualidad, un grueso de la población venezolana que se encuentra en el mercado laboral ha encontrado en estos trabajos una oportunidad.
4.2.3. Acceso a vivienda y agua potable
El éxodo venezolano ha ocasionado en Colombia el aumento de la demanda de albergues temporales y vivienda. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el país presenta un alto déficit habitacional que impide cubrir toda esa demanda. Por consecuencia, los venezolanos han optado por construir sus propias viviendas en espacios públicos afectando significativamente la seguridad y las condiciones de salud. De igual forma, puesto que la mayoría de venezolanos tiene el estatus de irregulares no pueden arrendar una vivienda por lo que los asentamientos informales en zonas de riesgo han aumentado. Por otra parte, la demanda de agua potable y de servicios de saneamiento también ha crecido. Así pues, “teniendo en cuenta que algunos municipios no cuentan con planes de albergue temporal, muchos hogares están ocupando asentamientos informales y en zonas de riesgo. Bien sea en predios públicos o privados, estos se ubican en sectores sin suministro de agua, alcantarillado y energía eléctrica”.24
4.2.4. Culturales
Se denomina integración al “proceso a través del cual los migrantes se involucran en diversos ámbitos de la sociedad receptora. Se refiere a todas aquellas acciones por las cuales la sociedad de destino acoge a la población ‘extranjera’ —no nativa— y facilita su participación en dinámicas económicas, culturales, sociales, políticas que se desarrollan en esa sociedad”.25 En este sentido, y a partir de la perspectiva de la integración, la incorporación a la sociedad de los inmigrantes es un proceso de doble vía, ya que sus dinámicas en las sociedades de destino, “constituyen complejos procesos de interacción entre establecidos e inmigrantes, que conllevan a la modificación en pautas de comportamientos no solo en la población inmigrante sino también en la sociedad receptora”.26 En otras palabras, se exige que los visitantes se “acomoden” a la cultura y a las normas del país, y las respeten, así como la entera sociedad deberá aceptar el fenómeno de la inmigración y cambiar sus eventuales prejuicios.
A pesar de algunas muestras de malestar de los ciudadanos colombianos frente a la inmigración venezolana (al considerar que ha afectado la economía, el empleo y la seguridad en el país), los datos demuestran que, “a pesar de las percepciones negativas de algunos hacia los inmigrantes y de brotes localizados de xenofobia, la población colombiana expresa solidaridad hacia los inmigrantes y piensa que el Gobierno debe apoyarlos”.27
4.2.5. Problemas delictivos
La inmigración ha provocado el aumento de población en condición de vulnerabilidad. Dinámicas como el reclutamiento forzado y la trata de personas se hacen visibles con la migración. En el primer caso, el Gobierno nacional denunció el reclutamiento forzado de menores de edad venezolanos y fue el consejero presidencial de los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa, quien señaló a los grupos al margen de la ley de fomentar esta práctica. Otro caso se relaciona con el desmantelamiento de una casa ubicada en Barranquilla en la que explotaban sexualmente a veinte venezolanos; según las autoridades y
de acuerdo con lo revelado por la Fiscalía en la audiencia, los inmigrantes fueron contactados a través de internet, en donde se les proponían buen trabajo y sueldo en Barranquilla. Una vez aquí, a los extranjeros les ofrecieron alimentación y techo, todo totalmente gratis. Luego las reglas de juego cambiaron. […] El nuevo acuerdo era que debían sostener relaciones sexuales a través de videocam para satisfacer a clientes de internet. Por tener este tipo de prácticas sexuales no recibían un solo peso.28
Por otra parte, a pesar de que se han registrado casos de xenofobia localizados en algunas regiones del país, algunos de ellos se han tornado violentos, incluyendo el ataque de asentamientos y, en casos extremos, el asesinato de inmigrantes. “Aun cuando el pueblo colombiano es solidario con los emigrantes venezolanos, en algunas áreas específicas controladas por grupos ilegales se empiezan a evidenciar brotes de rechazo, estigma y xenofobia”.29 Frente a esta sensación de inseguridad, vale la pena señalar que para el 2016 fueron capturados en actividades delictivas 316 ciudadanos venezolanos y en el 2017, según el INPEC, había
288 venezolanos presos señalados por diferentes delitos: 75 están tras las rejas por porte de armas de fuego; 73, estupefacientes; 60, hurto y 32 por homicidio. Del total de los internos, 139 han sido condenados. Mientras que 123 están a la espera de resolver su situación jurídica. Cifras señalan que 276 son hombres y 12 son mujeres.30
Ahora bien, según una noticia publicada el 11 de octubre de 2018 por el periódico El Tiempo, cada día dos ciudadanos venezolanos son asesinados y dieciséis de ellos fallecieron en medio de acciones violentas del ELN o de los grupos disidentes. La Policía Nacional empezó a construir una base de datos de población y delitos teniendo en cuenta el tamaño de la población venezolana que ha llegado al país. Según el informe de la Policía
Este año 2043 venezolanos han denunciado ser víctimas de algún hecho delictivo en nuestro país, como hurto, lesiones personales y violencia intrafamiliar. En contraposición, 4669 ciudadanos del vecino país fueron vinculados a actividades delictivas. En el documento se advierte que las capturas de venezolanos entre 2017 y 2018 se incrementaron en un 258 por ciento, al pasar de 1304 a 4669.31
De igual forma, el informe indicó que los hurtos normalmente buscan abastecer al núcleo familiar, pues los elementos que son objeto del delito son víveres, comida y productos de aseo. A 11 de octubre de 2018, había 621 venezolanos con medida privativa de la libertad y trece de ellos están siendo solicitados para extradición por autoridades venezolanas.
4.3. Planes de acción
Con el propósito de afrontar la crisis migratoria, el Estado colombiano ha formulado varios planes de acción. Uno de ellos es la expedición del Decreto 542 del 21 de marzo de 2018, mediante el cual se adoptan las medidas para la creación de un registro administrativo de emigrantes venezolanos en Colombia.32 Dicho registro administrativo se denomina RAMV, cuyo objetivo es ampliar la información sobre la migración de los venezolanos en el país. Esta información servirá para formular, ampliar y diseñar una política integral de atención humanitaria con el fin de que la oferta de servicios se haga de forma más acertada.33
El Estado también ha mostrado interés en regular el ámbito laboral y la situación legal de los venezolanos. Frente a esto, Colombia permitió el ingreso de inmigrantes venezolanos otorgándoles permisos temporales, entre ellos un permiso de trabajo denominado permiso especial de permanencia (PEP) a través de la
