horizontal de lo que es común en la economía “capitalista” —e incluir, en su gobernanza, a otras partes interesadas tales como las comunidades locales y los proveedores—. Por desgracia, ni siquiera en las sociedades supuestamente más avanzadas el trabajador ha logrado adquirir un estatus ni unos derechos democráticos plenos en el “círculo de respeto y dignidad”, y la forma tradicional de la empresa privada es completamente anacrónica en la época del respeto y la democracia. Muchos emprendedores y líderes empresariales entienden esto: el avance hacia la “liberación empresarial” ya está en marcha.5 Reformar el propósito de la empresa para expandir su función social más allá del enriquecimiento de los accionistas tiene que venir junto con la reforma de su gobernanza. Las firmas productivas de varios tipos (corporaciones, cooperativas, empresas sociales, organizaciones de beneficencia, plataformas de intercambio, etcétera) pueden evolucionar en conjunto y ocupar diferentes nichos en la economía y el mercado laboral, con el requisito de que todas respeten la dignidad plena de sus miembros, incluidos los derechos democráticos y, en consecuencia, definan su misión social.
Entender de esta manera los mecanismos sociales y la necesidad de confiar en el mercado y en la empresa permite revisar el papel del Estado e imaginar una nueva forma de Estado de bienestar que se adapte mejor a la economía globalizada del siglo XXI. El Estado de bienestar socialdemócrata es una opción seria que debe reconsiderarse. Es una fórmula probada que ha demostrado su capacidad de funcionar en economías abiertas y promover el manejo eficiente de los recursos y, al mismo tiempo, preservar un alto grado de solidaridad social. Ciertamente, usa la disciplina del mercado abierto para mantener la productividad y la rentabilidad en niveles altos, promueve la producción eficiente invirtiendo mucho en capital humano mediante educación y servicios de salud generalizados, e incentiva la difusión de tecnologías modernas para reducir las desigualdades entre profesiones e industrias, lo que obliga a todas las empresas a ser lo suficientemente productivas como para pagar buenos salarios. Al mismo tiempo, los ciudadanos se benefician del empoderamiento que les dan la educación, la protección social, la alta cobertura sindical y el conjunto eficiente de instituciones centralizadas de servicios públicos y negociación colectiva. Al proteger a la gente, y no a los empleos, esta fórmula mezcla la flexibilidad del mercado con la seguridad económica que necesitan los hogares. Este sistema de bienestar recibe un fuerte apoyo por parte del electorado debido a que sus servicios universales cubren a una amplia gama de la población.
Sin embargo, el Estado de bienestar socialdemócrata sufre limitaciones que podrían reducir su capacidad de ser la fórmula dominante del siglo XXI. Primero, requiere una forma de negociación muy centralizada que no embona bien con las tradiciones descentralizadas de muchos países. Segundo, involucra un fuerte sentido de responsabilidad y solidaridad entre las partes negociadoras, un “ ethos de la cooperación” a nivel de la sociedad, que también podría ser difícil de exportar a países con poblaciones más diversas. La cooperación y la negociación centralizadas también podrían resultar poco familiares para las compañías trasnacionales extranjeras que invierten en tal o cual país. Tercero, sólo empodera a los ciudadanos en un grado limitado, pues los protege y por tanto les ofrece mejores posiciones de negociación, pero a nivel local no necesariamente les otorga mucha voz. En términos sistémicos, la receta socialdemócrata es una “gran negociación” entre capital y mano de obra, pero no enfrenta realmente el desequilibrio estructural de la economía capitalista.
Una forma más profunda del progreso social involucra una forma más directa de empoderamiento o, con más precisión, de emancipación, que incluye derechos para controlar la vida personal y participar, con el debido conocimiento e información, en las decisiones que afectan a los individuos en todos los grupos, las asociaciones, las comunidades y las organizaciones a las que pertenecen. La emancipación ideal requiere un Estado de bienestar que no sólo acompañe la formación de capital humano y la determinación de salarios, sino que también busque aplicar un equilibrio de poder más igualitario en todas las organizaciones, en todos los niveles.
Por lo tanto, este nuevo tipo de Estado de bienestar se concentrará menos en transferir recursos y más en otorgar derechos para acceder al poder, al estatus y al conocimiento en todas las instituciones en las que la gente participe. Esto incluye el estatus y las prerrogativas como miembros de pleno derecho en los hogares y en las asociaciones de la sociedad civil, de socios de pleno derecho en las compañías productivas, de ciudadanos de pleno derecho en los procesos participativos de la política local, nacional y supranacional. Es interesante ver que este enfoque ya se está promoviendo en algunos países en desarrollo, lo que demuestra que no es adecuado solamente en una fase de desarrollo muy avanzada, además de que puede ayudar a acelerar el desarrollo, sobre todo cuando las instituciones no son lo suficientemente maduras para el complejo mecanismo con el que se establecen compromisos que subyacen a la negociación socialdemócrata.6 Al reorganizar los procesos de toma de decisiones para empoderar a las partes interesadas locales, este enfoque también podría ser capaz de vencer la dificultad que enfrenta la socialdemocracia a la hora de hacer que las corporaciones trasnacionales se involucren en negociaciones colectivas.
La economía de las partes interesadas que vislumbra este enfoque contribuirá a conducir la innovación tecnológica en una dirección más incluyente, en particular eligiendo tecnologías más amigables con la mano de obra. Si los actores clave de la economía internalizaran mejor el impacto humano de su comportamiento por medio de su propia gobernanza incluyente, la globalización y la innovación tendrían, de manera natural, una cara más humana. Las organizaciones democráticas, también de manera natural, tienen brechas más pequeñas entre los salarios más bajos y los más altos de su nómina, con lo cual reducen la necesidad de redistribución estatal. Entre más “predistribución” haya, menos redistribución se necesita.
Esto no significa que el nuevo Estado de bienestar —más que uno “de bienestar”, uno “emancipador”— no deba brindar seguridad económica en forma de una red de seguridad. La economía de mercado también genera demasiados riesgos para las ganancias individuales. Como demuestra la fórmula socialdemócrata, tener la subsistencia y los servicios básicos garantizados es una forma de liberación y de protección a la hora de negociar con los socios comerciales. Pero en lugar de distorsionar la economía imponiendo cargas fiscales principalmente al trabajo, el Estado puede impulsar la eficiencia de la economía y obtener ingresos gravando o poniendo precio a las externalidades7 y a los ingresos. Es poco probable que esto baste, pero sí puede reducir sustancialmente el papel de los impuestos distorsionadores. Esto, una vez más, contribuiría a orientar la innovación tecnológica hacia una dirección más útil socialmente, porque los precios de los insumos (incluidos los impuestos) se reflejarían mejor en los efectos sociales de las decisiones sobre procesos y productos. Gravar el ingreso puede contribuir con el enfoque de aumentar la eficiencia. Los ingresos no laborales son ingresos que no recompensan la contribución productiva, sino sólo la posesión de los recursos escasos o las posiciones exclusivas en un mercado. Reducir el valor neto de poseer tales activos mediante impuestos contribuirá a reducir las actividades inútiles que “buscan rentas”, en las que los agentes económicos se esmeran en asegurar tales posesiones.
Esta nueva economía de mercado democrática es compatible con fronteras abiertas al comercio y a la inversión de capitales, pero podría exponerse a padecer el fenómeno del polizón, en el que otros países ofrecen tratos más ventajosos a los inversionistas, gestores y trabajadores calificados. Sin embargo, la única restricción real, con respecto a la fuga de capitales, es garantizar el mismo nivel de rentabilidad del exterior, y cualquier empresa productiva que solicite inversiones de capital o cualquier banco que pida préstamos en los mercados internacionales podría tratar tal restricción de la misma forma que un impuesto. Incluso los ejecutivos de las empresas, acostumbrados a un poder y unas ventajas extravagantes, se pueden acostumbrar fácilmente a los nuevos retos y a los gozos más profundos de la gestión democrática, al igual que no hay escasez de políticos en las democracias, a pesar de que sus privilegios sean considerablemente menores que los de los tiranos. La expansión de la cultura democrática en muchos lugares ya está volviendo incómoda la situación de los anticuados directores ejecutivos. Igualmente,
