de trabajo, la calidad de la educación, el acceso y los costos relacionados con la movilidad y el transporte, y el estatus simbólico de los barrios segregados. Cuando son estudiadas según el nivel de su impacto en los espacios urbanos, las políticas a favor de los pobres adoptadas durante la última década en casi todos los países latinoamericanos revelan sus impactos ambivalentes sobre las desigualdades sociales. Centradas en las transferencias monetarias en vez de en la consolidación de las estructuras de bienestar (infraestructura urbana, educación pública y salud, etc.), estas políticas contribuyeron a reducir las desigualdades de ingresos y a estimular el consumo entre los estratos bajos. Sin embargo, la falta de inversiones en la producción de bienes públicos impactó negativiamente en la calidad de vida, sobre todo la de los pobres.[2]
La investigación sobre América Latina desde una perspectiva entrelazada global también llama la atención respecto de las desigualdades medioambientales entre las regiones del mundo que surgen del capitalismo global. Las desigualdades socioambientales son materiales y simbólicas, están sostenidas en las asimetrías del conocimiento sobre la naturaleza y son disputadas en los conflictos sobre las representaciones sociales y culturales de la naturaleza. Por ejemplo, la mercantilización (commodification) y la valorización de la naturaleza, como se manifiestan en la idea del pago por servicios ambientales, colapsa frente a otros considerandos y apreciaciones de la naturaleza que rechazan la idea de expresar sus valores con la misma vara que los productos del mercado. En resumen, los impactos ambientales distribuidos de forma desigual refuerzan las desigualdades sociales existentes.
Kristina Dietz sostiene en su capítulo que el ambiente no es social o políticamente neutral, y que para comprender el papel constitutivo de la naturaleza en la estructuración de las desigualdades sociales es necesario superar el dualismo ontológico del pensamiento moderno que entendió la naturaleza y la sociedad como entidades ontológicas separadas. Es justamente la interacción de la naturaleza y las estructuras de poder lo que constituye la clave para el estudio de las desigualdades sociales en su dimensión ecológica. La autora parte de la premisa de que las maneras en que las sociedades se apropian de la naturaleza y la transforman en recursos naturales o condiciones de vida, las instituciones que regulan su acceso y distribución, así como el modo en que es concebida y conocida, inciden de manera específica en las formas en que se despliegan las relaciones sociales de desigualdad. Su punto es que las desigualdades sociales no son solo una consecuencia de las formas específicas de la transformación de la naturaleza, sino también inherentes a ellas.
Para desarrollar una propuesta conceptual sobre las interdependencias entre la naturaleza y las desigualdades, Dietz ancla su trabajo en el cruce de la ecología política y la justicia ambiental. Mientras la primera llama la atención sobre las fuerzas estructurantes que constituyen las desigualdades ambientales (como la economía política de extracción de recursos, la dominación de género y las disputas entre las representaciones de la naturaleza), la segunda destaca la interseccionalidad de las estructuras de discriminación (raza, género, clase, etc.) en la distribución desigual de los daños ambientales, así como del acceso a los recursos ambientales. En la revisión de esta literatura, Dietz argumenta que las dimensiones socioecológicas de desigualdad no reflejan otras fuerzas estructurales, sino que se forjan juntas, ya que las relaciones racializadas, de género y de clase con la naturaleza justifican aún más las otras dimensiones de la desigualdad. Además, sobre la base de la teoría crítica y el materialismo histórico, la autora plantea que la materialidad y los significados de la naturaleza son fundamentales para una comprensión no dualista de las relaciones naturaleza-sociedad y, por tanto, del nexo entre desigualdad y naturaleza. Su principal contribución consiste en el desarrollo de una propuesta conceptual para teorizar e investigar las desigualdades socioecológicas de tres maneras: las desigualdades sociales caracterizan las múltiples crisis ecológicas; la producción social de la naturaleza también explica la producción social de otras dimensiones de desigualdades; la materialidad de la naturaleza tiene implicaciones para las desigualdades sociales.
Parte II. Categorizaciones: construcción y deconstrucción de jerarquías persistentes
En esta sección se examina la forma en que los actores sociales (incluidos los académicos) conceptualizan y negocian las categorías sociales. En el mundo contemporáneo, las categorías son importantes en un doble sentido: cuando se observan las desigualdades, y cuando son el motor de protestas y reclamos por compensaciones. Los procesos simbólicos e interactivos están vinculados a la discriminación, la inferiorización, la segregación de aquellos que se caracterizan como “diferentes” y, de esta manera, tienen un impacto en las desigualdades en la medida en que estos procesos implican, para los más desfavorecidos, la obstrucción de los canales para ingresar a posiciones deseables.
Los capítulos de esta sección comparten una preocupación: la necesidad de examinar de manera crítica conceptos como “diferencia” y, más específicamente, “género”, “raza” e “indigeneidad”. Si bien es cierto que estos conceptos tienen impactos “reales” en la vida social, nuestra posición como analistas nos obliga a insistir en su carácter histórico y contingente. Por ejemplo, y siguiendo esta lógica, los actores sociales, los agentes estatales y los académicos que interpretan la cuestión de la concentración de la tierra en ciertas regiones andinas como un conflicto distributivo entre campesinos y grandes terratenientes pueden, en otro contexto, identificar una contienda cultural que involucra a los pueblos indígenas y los agricultores criollos. En todos los capítulos de la sección se presta especial atención al carácter construido y dinámico de las categorizaciones sociales. Algunos autores comparten, además, la preocupación por comprender las consecuencias del legado neoliberal para el debate y la política sobre las categorizaciones y las desigualdades. Bajo el neoliberalismo, el estrechamiento de la desigualdad a mediciones de ingreso y su combate a través de la reducción de la pobreza convergieron con políticas que involucraron la celebración de la diferencia y un giro multicultural. Basados en experiencias y debates desde América Latina, los capítulos muestran cómo la región ha lidiado con la cuestión siempre cambiante de “¿desigualdad entre quiénes?”.
En su capítulo, Juan Pablo Pérez Sáinz aplica el marco teórico de la desigualdad persistente (Tilly, 1998) a América Latina. Su trabajo ofrece una crítica radical a la comprensión liberal de las desigualdades definidas por los ingresos, debido a su ceguera para con los procesos sociales que los anteceden. Según el autor, al centrarse en los ingresos de los hogares se está observando el resultado final de un proceso de redistribución. En los mercados, que no operan de manera neutral, sino que están mediados por las asimetrías de poder y las luchas, ya tuvo lugar una distribución previa. Estas cuestiones rara vez se tienen en consideración; antes bien, se aceptan y se dan por sentadas. Para Pérez Sáinz, esta comprensión liberal contribuyó a despolitizar la cuestión social en la región, y su principal reclamo es recuperar la dimensión política en el análisis de las desigualdades sociales. El autor presta atención a los procesos en vez de a los resultados, en los cuales las relaciones de poder entre los sujetos sociales siempre se caracterizan por las asimetrías. Entender que la reducción de la brecha de ingresos del trabajo asalariado se ha logrado nivelando hacia abajo la mano de obra calificada a costa de aumentar el poder del capital frente al trabajo es un ejemplo de ello.
Pérez Sáinz plantea la necesidad de distinguir entre las esferas sociales de producción y reproducción y, de manera concomitante, entre las luchas por los excedentes en los mercados (como las luchas entre trabajo y capital), que son conflictos distributivos, y el gasto social dirigido a los hogares, que implica políticas redistributivas. El Estado desempeña un papel clave en la regulación de los mercados y en el tratamiento de la cuestión social. A la vez, las políticas (de bajo costo) de transferencias monetarias condicionadas dirigidas a los hogares más pobres explican cómo los gobiernos de América Latina lograron reducir significativamente los índices de pobreza, al tiempo que se abstuvieron de implementar cambios estructurales en trabajo, tierras y mercados financieros, y con ello, evitar el conflicto social. Con estas aclaraciones, no sorprende que la tan celebrada reducción de la pobreza (no de las desigualdades) en la región a menudo haya ocurrido en concordancia con una mayor
