que autoriza mecanismos de justicia transicional y penas alternativas en eventuales procesos de paz con grupos armados ilegales (Congreso de Colombia, Acto Legislativo 01, 31 de julio de 2012). Para Uribe se trata de una ley que garantiza impunidad y genera amnistías para delitos de lesa humanidad (diario El Espectador en línea, 4 de junio de 2012).6 Los acercamientos con las FARC-EP para un nuevo proceso de paz. Desde marzo de 2012, Santos coordinó secretamente acercamientos exploratorios con esta guerrilla para buscar la paz a través de diálogos en medio de la confrontación armada (Santos, 2014). Cuando esta información se filtró en los medios de comunicación, Uribe denunció sus intenciones por medio de las redes sociales y criticó que se pensara dialogar con un grupo terrorista, en vez de terminar de someterlo militarmente o de exigirle una desmovilización. La gestión de un nuevo proceso de paz significó el final de la tesis del fin del fin, pues implicó reconocer que la guerrilla no estaba a punto de ser exterminada, y que era necesario reconocerla como adversario político.
Durante el primer bienio de su mandato presidencial, que va hasta finales de agosto de 2012, cuando Santos anunció el inicio del proceso de paz, se fue profundizando el distanciamiento con el discurso uribista. El lento desgaste del discurso del fin del fin de las FARC-EP, esto es, el final del fin del fin, hace parte de ese distanciamiento. En ese fenómeno político, la tensión entre continuidad y ruptura con las visiones antiterroristas y con el triunfalismo militarista de la Seguridad Democrática fue resuelta mediante diversos recursos, modos y funciones retóricas en torno a la victoria de cada bando.
La inercia del conflicto armado interno
En la coyuntura histórica en que Santos asume por primera vez la presidencia, el conflicto con la guerrilla de las FARC-EP había llegado a un momento en el que los actores involucrados sostendrían, sin doblegarse, la dirección y el sentido de sus acciones, tanto bélicas como políticas. Esa resistencia a cambiar de posición, aun bajo la influencia de condiciones externas para cada bando, hacía que la esperada claudicación de la guerrilla se prolongara indefinidamente bajo la promesa gubernamental del fin del fin, y que la confrontación se hallara en un punto en el que no cambiaría su estado ni su orientación, sino solo su intensidad y concentración geográfica. Haciendo la analogía con un concepto común de la física mecánica, esta coyuntura se puede entender como la inercia del conflicto armado interno.
La resistencia a cambiar de estado o la fuerza de inercia de los actores del conflicto en 2010, caracteriza la etapa final de la Seguridad Democrática uribista y el inicio de la Seguridad para la Prosperidad del gobierno Santos. Guerrilla y Gobierno giraban sobre el mismo eje del belicismo como respuesta y el tratamiento del conflicto social en el país. El momento de inercia no dependía, pues, tanto de las fuerzas externas que oponían entre sí los enemigos, sino de las fuerzas internas en cada grupo armado y de los posicionamientos de los ejes que los hacían rotar alrededor de las mismas motivaciones y justificaciones para el sostenimiento de la guerra.
Para el país, el conflicto avanzaba hacia la victoria militar de uno de los dos bandos, bajo la presión de las tácticas militares y la inversión económica, factores que construían una guerra cada vez más especializada, pero también más prolongada. Una vez que el discurso de la Seguridad Democrática logró instalar el imaginario del fin del fin, la continuidad de esa política se construyó bajo la inminencia del éxito final, lo cual justificaría la reelección del expresidente Uribe y la elección de Santos como una especie de “Uribe III”, que garantizaría un tratamiento idéntico del conflicto.
No obstante, las condiciones sociopolíticas internas y externas en 2010 hacían inviable esa pretendida continuidad: la crisis económica mundial, que presionó la limitación del gasto militar (Ferrari, 2008) y las críticas internacionales a la violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública en Colombia (Human Rights Watch, 2010; ONU, 2010) fueron dos aspectos que hicieron contrapeso a la Seguridad Democrática. No fue menor, además, el cambio presidencial en Estados Unidos; con la salida de George W. Bush (2001-2008) y la llegada de Barack Obama (desde 2009), la guerra antiterrorista se quedaba sin su mayor promotor, y, por tanto, los recursos económicos para el conflicto colombiano resultaban menos abundantes (Hernández, en Medina, 2010, págs. 242-243).
En 2010 la Política de Seguridad Democrática enfrentaba su último periodo, caracterizado por Ávila (2013) como un momento de reestructuración y reacomodamiento estratégico, tanto de las FARC-EP como de la fuerza pública. Según el mismo autor, el mayor golpe recibido por la guerrilla durante el periodo 2010-2012 no fue tanto el asesinato de dos miembros de su cúpula (alias Jorge Briceño y alias Alfonso Cano)16, sino la pérdida de sus posiciones en el centro del país, región donde venían logrando asentarse y cercar ciudades capitales desde 2002, entre ellas, Bogotá. En la misma perspectiva de la territorialidad de la guerra, Granada et al. (2009, págs. 88-89) utilizan la expresión de marginalización del conflicto para caracterizar el periodo final de la Seguridad Democrática uribista:
Este fenómeno consiste en el traslado progresivo de la disputa entre las fuerzas estatales y la guerrilla hacia los márgenes geográficos y socioeconómicos del país: la presión militar ha generado un cambio en las zonas de disputa y en la población expuesta a la violencia producida en el marco de la guerra, llevándola a territorios aún más apartados, aún más distantes, aún más aislados y aún menos poblados.
La toma de Bogotá nunca pudo concretarse, ni siquiera en su momento de mayor fortaleza militar en 2002. En el análisis de Ferro y Uribe (2002), esto constituye el factor clave para entender por qué la guerrilla no pudo ganar, pero tampoco perder la guerra:
No han triunfado porque ellos no han conseguido influir políticamente en forma significativa sobre lo que denominan ‘el nudo gordiano de las contradicciones’, refiriéndose a las grandes ciudades. Pero tampoco han sido derrotados porque son conscientes de que la correlación de fuerzas política y militar en las ciudades no les permite realizar acciones más ambiciosas y arriesgadas (pág. 157).
De 2002 a 2007 la Seguridad Democrática había logrado replegar a las FARC-EP a sus antiguas zonas de retaguardia; esto fue determinante para construir la percepción de que el Gobierno estaba a punto de ganar la guerra. El repliegue llevó a la guerrilla a concentrar sus tropas en aquellos departamentos que históricamente habían sido afines a su lucha, como el Cauca, Nariño, Meta y Caquetá, en el suroriente del país, y en Arauca y Norte de Santander, en el nororiente. Este desplazamiento incrementó exponencialmente la violencia en esas zonas, al tiempo que redujo las confrontaciones en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Bolívar y Sucre, en el centro y noroccidente de país (Ávila, 2013, págs. 8-9; Medina, 2011).
Otra zona de repliegue fue la fronteriza, especialmente aquellas de Colombia con Ecuador y con Venezuela. La presencia de campamentos guerrilleros en esas zonas llevó a que Uribe y su ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, denunciaran públicamente que esos Gobiernos eran colaboradores de las FARC-EP. Las declaraciones y las incursiones militares en tales países, entre los años 2008 y 2009, ocasionaron enemistad entre los presidentes Uribe, Correa y Chávez, y generaron preocupación regional por estos roces diplomáticos, por parte de entidades como Unasur y de gobiernos conciliadores de la crisis, como el de República Dominicana (Cardoso, 2011).
No obstante estos repliegues, durante los últimos dos años de la presidencia de Uribe (2008-2010) y los dos primeros de Santos (2010-2012), se incrementaron las acciones armadas de la guerrilla, se retomaron las acciones ofensivas –ya no solo defensivas, como hasta entonces– y los insurgentes volvieron a controlar algunas zonas urbanas (Ávila, 2012, págs. 19-20); de ahí que los analistas presenten la retirada de las FARC-EP menos como una derrota y más como un «repliegue táctico» (Ávila, 2013, pág. 6) o una lógica de flujos y reflujos, que hacen parte de la historia de esta guerrilla (Medina, 2011, pág. 296).
En el 2009, año preelectoral, la guerrilla se esforzó en demostrar que la Seguridad Democrática no había logrado vencerla, y que, por el contrario,
