MAGUEMATI WABGOU
DANIEL VARGAS OLARTE
La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) denomina migración internacional al proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas se trasladan de un país a otro con el propósito de establecerse. En general, las personas que migran lo hacen en busca de mejores condiciones de vida, mayores oportunidades laborales y entornos sociales más prósperos. Así, la desigualdad social y económica, la inestabilidad política y la violencia son algunas de las razones que explican el creciente desplazamiento de poblaciones hacia otros países.
En este orden de ideas, la decisión de emigrar de una persona puede estar motivada por factores económicos, derivados de la creciente diferencia en los niveles de vida y de salarios entre los países; la baja calidad de la gobernanza, la corrupción y las falencias estructurales en el acceso a servicios de educación y de salud en los países emisores; los conflictos políticos (a veces con trasfondo étnico o religioso) y la violencia generalizada que, según la Alta Consejería de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), fueron la causa del desplazamiento forzado de 68,5 millones de personas en 2017 a nivel global (Acnur, 2018, p. 2) se han convertido en una de las principales causas del desplazamiento de colombianos hacia los países vecinos de la región –al concluir 2017, se registraron 7,9 millones de víctimas del conflicto en Colombia, la mayoría de ellas eran desplazados internos (7,7 millones), constituyéndose así en la segunda mayor población desplazada del mundo después de Siria (p. 6)–; los desequilibrios demográficos, que pueden presentarse tanto en los países emisores como en los receptores; factores ambientales como terremotos, accidentes industriales, inundaciones o sequías; y las comunidades organizadas de compatriotas o familiares en los países de destino, las cuales se constituyen en factor de empuje social y cultural, ya que facilita el proceso migratorio de otras personas. Este último tipo de desplazamientos representa el grueso de las corrientes migratorias legales en muchos países industrializados (OIM, 2013, pp. 33-34).
De esta forma, en el año 2015 y según los datos de las Naciones Unidas, una población de 244 millones de personas vivía fuera de su país natal, y para el año 2050 se estima que el incremento llegue a 405 millones de personas (OIM, citada por Armijo Canto, 2011, p. 6). Para el Banco Mundial (citado por OIM, 2013, pp. 57-58), durante 2010 los flujos desde el sur hacia el norte representaron un 45 % del total de desplazamientos migratorios a nivel mundial y alcanzaron los 95 millones de personas. En el caso de las migraciones sur-sur, como las que se analizan en la tercera parte de este estudio, estas superaron los 75 millones de desplazamientos y representaron un 35 % del flujo migratorio mundial.
En términos absolutos, la mayoría de los migrantes internacionales proceden del sur, siendo Estados Unidos su principal destino. El país norteamericano recibió, según datos presentados por el Banco Mundial (2011), unos 42,8 millones de inmigrantes, mientras que Francia y España –países también objeto del presente estudio– acogieron cada uno cerca de 7 millones de personas extranjeras. México, por su parte, es el principal país emisor de emigrantes, con 11,9 millones de personas en 2010; mientras que 2,9 millones de colombianos emigraron del país. De esta forma, el corredor México-Estados Unidos (caso de estudio en la primera parte del presente trabajo) representa la principal ruta migratoria mundial: el contingente de personas que por allí se desplaza totaliza el 6 % de la masa mundial de migrantes (OIM, 2013).
Por otro lado, se evidencia que, si hasta el siglo XX la mujer mantuvo un comportamiento receptivo y sedentario en función del hombre migrante, en los últimos años del siglo XXI el desplazamiento femenino ha alcanzado casi el 50 % del total del flujo migratorio mundial. En la primera década del nuevo milenio alcanzaron los 95 millones en el mundo, mientras que en Europa el total de mujeres migrantes corresponde al 52 % (Morokvasic, 2007; OIM, 2013). Además, esta creciente feminización de la migración internacional va acompañada de un incremento de la victimización de mujeres por parte de redes criminales dedicadas a la trata de personas y el tráfico de migrantes irregulares.
A su vez, las migraciones constituyen una importante fuente de recursos económicos para las sociedades de origen. Así, las remesas desde el norte hacia el sur alcanzaron los USD 267 000 millones en 2010, de los cuales unos USD 100 000 millones fueron enviados desde Estados Unidos hacia países del sur (Banco Mundial, citado por OIM, 2013). Las remesas hacia América Latina son del orden de USD 58 100 millones; además, México y Colombia son los principales destinos de estas. En Colombia, por ejemplo, el Banco de la República calcula en USD 3200 millones las remesas provenientes de Ecuador para el año 2007. Entretanto, las remesas hacia África alcanzaron en 2010 los USD 40 000 millones y representaron la segunda mayor fuente de ingresos del continente (Banco Mundial, 2011).
El panorama general de las migraciones internacionales da cuenta de la importancia del fenómeno en el escenario internacional y la relevancia que este ha alcanzado en las agendas de los Gobiernos nacionales. La situación se vuelve preocupante cuando no todos los que aspiran a migrar pueden cumplir con los requisitos administrativos para hacerlo legalmente, de modo que algunos lo hacen de forma no autorizada, con lo cual infringen la ley y se convierten en migrantes irregulares (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012, p. 45).
Estos flujos migratorios en situación de irregularidad tienden a ser considerados como problemáticas de seguridad en los países de destino porque son asociados con actividades terroristas, de narcotráfico y de trata de personas, entre otras. De allí que la acción de los Estados respecto al fenómeno migratorio esté cada vez más determinada por las consideraciones en materia de seguridad nacional, conllevando la implementación de políticas restrictivas a la migración. La situación resulta contradictoria cuando, en el marco de los procesos globalizadores, se promueve la apertura de mercados y comunicaciones, pero se pretende limitar los flujos migratorios, es decir, se promueve la apertura de fronteras para la libre circulación de bienes y capitales pero se establece un bloqueo para el tránsito de ciertas personas. Así, mientras la globalización económica se considera una oportunidad, la migración es vista como un problema (Armijo Canto, 2011).
En esta perspectiva, la globalización en su dimensión política, comercial y cultural, ha generado para las autoridades estatales un doble reto en torno al control de sus fronteras nacionales: en primer lugar, garantizar espacios flexibles que permitan una integración económica y social basada en el tránsito legal y eficiente de personas, bienes y capitales; y en segundo lugar, protegerse del crimen organizado que, en general, ha seguido la tendencia global de la economía, haciéndose ubicuo y elusivo “porque crece, cambia y se multiplica a escala internacional, convirtiéndose en el problema más importante del siglo XXI” (Echeverri, citado por Carrión y Espín, 2005, p. 9). En este contexto, los Estados receptores buscan extremar y fortalecer las medidas de vigilancia fronteriza para prevenir la entrada de factores de riesgo e ilegalidad y garantizar así su seguridad nacional.
En efecto, los Estados subordinan las políticas migratorias a las políticas de control y seguridad fronteriza, especialmente porque las fronteras se han convertido en espacios estratégicos para la integración del crimen, en el que el delito con organización global se expresa con acciones locales y donde, además, se produce la discontinuidad de las medidas legales y legítimas para hacer frente a ese delito (Carrión y Espín, 2005, pp. 12-13). Al concentrarse las actividades
