(tráficos de drogas), trata de personas (migrantes y mujeres), contrabandos medioambientales (comercio ilegal de especies y animales). Fuente: González (21 de febrero de 2013).
FIGURA 2. Rutas del tráfico internacional de cocaína. Fuente: RT (2015).
En términos generales, se entiende que la seguridad consiste en librarse de las amenazas y ser capaz –sean los Estados o las sociedades– de mantener su independencia en lo que refiere a identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles (Barry Buzan, 1991, citado por Orozco Restrepo, 2006, p. 148).
En tal sentido, el concepto de seguridad se amplía para incluir casi cualquier problema que afecte la calidad de vida de la población y cuyo tratamiento trasciende las medidas policiales y militares. No obstante, como lo señala Ole Wæver (1995, citado por Tickner, 2008, pp. 4-5), estas nuevas concepciones de seguridad se nutren inevitablemente del registro conceptual existente en esta materia, con lo cual la seguridad, sin importar su definición específica, tiende a interpretarse por medio del lente de la seguridad nacional y sus esquemas estratégico-militares; por esta vía, asuntos como el migratorio son articulados dentro de las estrategias estatales de seguridad. Así, el concepto general de seguridad, pese a la multidimensionalidad que se le endosa –y las pretensiones conceptuales de la seguridad humana–, continúa enmarcado en el discurso de la seguridad nacional, con una fuerte ascendencia del pensamiento de Carl Schmitt, lo que implica un énfasis en la autoridad, la confrontación, la construcción de amenazas y enemigos, la capacidad para tomar decisiones y la adopción de medidas de emergencia policivo-militares (Buzan y Hansen, 2009, pp. 213-214).
La situación descrita es más evidente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, cuando
[…] la reflexión sobre el tema de la seguridad tendió a concentrarse de manera exclusiva en la seguridad de los Estados, bajo la denominación de seguridad nacional, olvidando que tan importante como lo anterior y si se quiere el aspecto central de la seguridad son las personas que fueron y son la base de dichos Estados. (Vargas, 2010, p. 19)
Sobre las relaciones civiles-militares, Vargas nos propone una útil clasificación en la que podemos situar las relaciones entre los inmigrantes y los cuerpos armados de los países receptores:
En una democracia las relaciones civiles-militares se expresan por lo menos en tres dimensiones: a) la relación entre las autoridades democráticamente electas y las instituciones militares y policiales –que debe estar caracterizada por la subordinación de estas a la autoridad civil–; b) la relación entre las fuerzas políticas legalmente existentes y la fuerza pública –que debe estar marcada por un trato respetuoso con la diversidad de expresiones políticas existentes en la sociedad–; y c) las relaciones entre la sociedad y la fuerza pública –que son las que definen los niveles de legitimidad o aceptación de que dispone la fuerza pública–. (Vargas, 2010, p. 26)
En consecuencia, podemos ubicar las relaciones de los grupos inmigrados dentro de la segunda dimensión, por la posibilidad del ejercicio democrático adquirido por los inmigrantes que obtienen la ciudadanía del país receptor y que posteriormente trabajan en grupos políticos a favor de los inmigrantes, y en la tercera, en la que se puede ubicar a los inmigrantes que no tienen su situación de residencia regulada y originan las difusas y múltiples acciones policíacas frente a su tránsito al no contar con una posición regulada en la sociedad.
En efecto, los pilares de la modernidad que determinan un sistema de seguridad mundial son, según Giddens (1994), basados en criterios económicos a través de la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización (ver figura 3). Como dimensiones institucionales de la modernidad que se relacionan entre sí, tenemos: la vigilancia (control de información y supervisión social), el capitalismo (acumulación de capital en el contexto de mercados competitivos de trabajo y productos), el poder militar (control de los medios de violencia en el contexto de la industrialización de la guerra) y el industrialismo (transformación de la naturaleza: desarrollo de un entorno creado).
FIGURA 3. Relación entre dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización. Fuente: Giddens (1994, p. 64).
Las dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes son el sistema de Estado nacional, la economía capitalista mundial, el orden militar mundial y la división internacional del trabajo (ver figura 4).
FIGURA 4. Dimensiones de la globalización que establecen relaciones mutuas entre las partes. Fuente: Giddens (1994, p. 73)
Por lo tanto, la relación entre las dimensiones institucionales de la modernidad y las dimensiones de la globalización se expresa en el proyecto moderno. Este pretende mantener la estabilidad de un orden económico mundial a través de su estrecha relación con dimensiones e instituciones de control militar y supervisión social, que prevengan y repriman cualquier ataque al sistema económico global.
Cabe precisar que el creciente recurso a la securitización por los Gobiernos para la gestión política se articula con el concepto de seguridad humana, establecido por la ONU, que se refiere a la protección del ser humano, más allá de la protección del territorio y de la soberanía del Estado (González, citado por Aldana y Ramírez, 2012, p. 87). De esta forma, la securitización se desliza en el campo de la seguridad interior y abre la posibilidad de la utilización de medios bélicos en actividades propias de la seguridad pública. En palabras de Orozco Restrepo (2006, p. 144), asistimos a la aceptación o legitimación de la ruptura de las reglas de juego político con el objetivo de despejar la amenaza.
No cabe duda de que, si bien son los Gobiernos los principales actores securitizadores, en la práctica, también los líderes políticos y los grupos de presión pueden liderar los procesos de securitización (Buzan y Hansen, 2009, p. 214). Por ello, en el caso del tema migratorio observamos que, además de las élites gobernantes, grupos sociales y políticos locales –directamente o por intermedio de sus representantes legislativos– ante los Gobiernos nacionales abogan para que se integre el tema migratorio en la agenda de la seguridad nacional. Más aun cuando, como expresión de un subconsciente colectivo, se incrementa la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo inesperado y difuso que provoca un clima de miedo ante la presencia del otro y cataliza la expresión de discursos y actitudes de rechazo hacia las migraciones:
El uso del lenguaje con la figura discursiva sobre la existencia de un enemigo impredecible, invisible y súbito, posiciona en el subconsciente colectivo algo que desconocemos, que jamás vamos a controlar y que está siempre presente en nosotros, y provoca un clima persecutorio permanente. Ya no controla el agente o actor el espacio particular privado, necesita de la protección de un Estado que tenga la habilidad y certeza para usar la fuerza, la autoridad y los recursos necesarios para eliminar al enemigo imaginario, a costa de perder o permitir la invasión en la vida privada. (Salazar y Rojas, 2011, p.
