en el corazón mismo de la política de ciencia y tecnología apenas les alcanzó a los autores de la ley para recordarse en el Capítulo V -el último- el de las Disposiciones Varias del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación -como en una especie de “cuarto de San Alejo”- para formular, antes del artículo dedicado a la vigencia y derogatorias, este producto de cierta “misericordia hermenéutica”: Artículo 34. Ciencia, Tecnología e Innovación en el Ámbito Social. Las ciencias sociales serán objeto específico de la investigación científica y recibirán apoyo directo para su realización.
Más de medio siglo ha transcurrido sin que la Universidad haya podido consolidar sus relaciones con la sociedad. En efecto, ni la universidad modernizante que redujo afanosamente la modernidad a mera modernización, ni la revolucionaria que en su fundamentalismo no pudo diseñar alternativas políticas de cambio, ni la narcisista que todavía no logra reencontrarse con el país real, ni la neoliberal que sigue buscando un futuro al final de la historia, ni la de excelencia en su elitismo han podido relacionarse con la sociedad civil, con esa de carne y hueso a la que pertenecemos y a la que de todas formas se debe la universidad del progreso, la del cambio, la de la excelencia y la de la política. Desde un desarrollismo a ultranza hasta la frivolidad desalmada de los neoliberales, pasando por el protagonismo revolucionario y por el cientificismo se ha considerado a los ciudadanos como masa, como incultos, como menores de edad y se ha mirado a la sociedad civil desde las alturas, desde una autonomía que ha devenido heteronomía para someterse a los estándares de calidad foráneos del capitalismo cognitivo. Es la dialéctica de la ilustración, la crisis de la modernidad en el “Alma Mater”, allí mismo donde esta nació y se nutrió.
Conclusión: por una educación humanista
En las fronteras interiores y exteriores de las relaciones entre psicología y educación está en discusión la condición humana, el hombre como medida de todas las cosas. En esas fronteras intervienen los temas que Boaventura llama conocimiento pluriuniversitario, investigación-acción, ecología de saberes, el Estado nación, las relaciones entre universidad, Estado y empresa, y la democracia participativa interna y externa, todo ello en el marco de la pregunta por la legitimidad y la responsabilidad social de la universidad. Nos encontramos en las fronteras y allí depende si los límites definen y cierran o si estos abren y se mueven en el sentido de tareas, retos e ideas regulativas en sentido kantiano: lo incondicionado de lo condicionado, la universidad sin condición; se trata de que la universidad contemporánea, si quiere ser proyecto democrático y emancipatorio, comprenda lo que el mismo Buenaventura ha llamado la nueva cultura política (Boaventura, 2005) y que John Rawls (2001, pp. 177-180) denomina “cultura política pública”.
Pienso que es responsabilidad de la academia el no haber podido desde los años setenta, los de París 1968, los del movimiento estudiantil, dar alguna claridad acerca de la diferencia entre cultura política, ejercicio de la política y politiquería. Hoy, tenemos que constatar que no basta con distinguir weberianamente entre la vocación del científico y la vocación del político. Esta distinción se ha mostrado insuficiente y ya es hora de que volvamos sobre el tema en situaciones muy diferentes.
El resultado de nuestra falta de imaginación desde las revueltas a partir del 68 es el temor a relacionar la ciencia y la tecnología con la sociedad y la política, para tener que seguir reclamando por una parte la apatía y falta de sentido político de la juventud y censurando por otra el compromiso de los que parecen coquetear con la violencia. En el medio facultades de derecho, ciencia política, sociología y filosofía refritando las tesis de la neutralidad y la abstención valorativa. No hemos podido desarrollar en la universidad colombiana la filosofía moral, política y del derecho que debatimos en los foros académicos. En el vacío de cultura política no tendría que extrañarnos que un Estado de opinión pretenda desarrollar su seguridad democrática proponiendo recompensas a los estudiantes para que se conviertan en informantes, en lugar de comprometerse precisamente con la cosa misma, como sucediera con la séptima papeleta, con el Estado de derecho democrático desde un auténtico patriotismo constitucional. Hoy, a 20 años de la Constitución de 1991, es tarea de la Universidad, la de la idea de universidad y la de la universidad de ideas, rescatar el hilo conductor, el corazón mismo de la Constitución en cuanto carta de navegación para aprender pedagógicamente la forma de resolver, de manera procedimental, lo que hasta hoy hemos pensado que solo se soluciona con violencia. Las constituciones ser inventaron para la democracia en el espacio de lo público y en el ejercicio de la política.
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