Es necesario que la asfixia financiera no obligue a la universidad pública a recurrir a la privatización de sus funciones para compensar los recortes presupuestales. No se excluye la utilidad para la propia universidad de una interacción con el medio empresarial en términos de identificación de nuevos temas de investigación, de aplicación tecnológica y de análisis de impacto. Lo importante es que la universidad esté en condiciones de explorar ese potencial y para eso no puede ser puesta en una posición de dependencia y mucho menos en el nivel de supervivencia en relación con los contratos comerciales (Boaventura, 2005, p. 77).
4.7 El refuerzo de la responsabilidad social de la universidad: una vez creadas las condiciones financieras y de legitimidad, la universidad debe ser motivada para asumir formas más densas de responsabilidad social desde un compromiso político con el bien común, para no ser funcionalizada de nuevo. Su responsabilidad social debe ser asumida por la universidad aceptando ser permeable a las demandas sociales, especialmente aquellas originadas en grupos que no tienen el poder para imponerlas. La autonomía universitaria y la libertad académica -que en el pasado fueron esgrimidas para des-responsabilizar socialmente la universidad- asumen, ahora, una nueva importancia, puesto que solamente ellas pueden garantizar una respuesta entusiasta y creativa frente a los desafíos de la sociedad contemporánea.
5. Crear una nueva institucionalidad: la quinta gran área de reforma democrática y emancipadora de la universidad pública tiene relación con el campo institucional. Recordemos las otras cuatro áreas, analizadas hasta ahora: su capacidad de cambio y creatividad, su actitud crítica frente a las crisis, su identidad como universidad de las ideas y su capacidad de luchar mediante reformas por una renovada legitimidad no solo por parte del Estado, sino también de la sociedad civil.
La reforma institucional que se propone está orientada a fortalecer la legitimidad de la universidad pública en un contexto de globalización neoliberal de la educación, para fortalecer la posibilidad de una globalización alternativa. Detallemos estos aspectos: red de universidades públicas, democratización interna y externa, y evaluación participativa.
5.1 Red: se busca una red nacional de universidades públicas, pero no para fomentar la burocracia, sino para compartir recursos y equipamientos, la movilidad de docentes y estudiantes, y una estandarización mínima de planes y agendas de estudio y de los sistemas de evaluación. Creada la red, su desarrollo está sujeto a tres principios de acción: densificar, democratizar y cualificar. La teoría de las redes provee hoy pistas valiosas a las organizaciones para fomentar la formación de módulos (clusters) y, en general, promover el crecimiento de la multiconectividad entre las universidades, los centros de investigación y de extensión, los programas de divulgación y de publicación del conocimiento.
Boaventura piensa que en la constitución de una red de universidades podría ser útil el ejemplo de la Unión Europea, que concibe su red universitaria como camino hacia la transnacionalización de la educación superior.
La organización de las universidades en el interior de la red debe ser orientada para incentivar la consecución de los cuatro campos de legitimación analizados antes, a saber, acceso, extensión, investigación-acción y ecología de saberes. Además, debe facilitar la adaptación de la universidad a las transformaciones que están ocurriendo en la producción del conocimiento. Es necesario pasar del conocimiento disciplinar hacia el conocimiento transdisciplinar; de los circuitos de producción hacia circuitos abiertos; de la homogeneidad de los lugares y actores, a la heterogeneidad y el pluralismo; de la descontextualización social hacia la contextualización; de la aplicación técnica y comercial a la aplicación socialmente edificante y solidaria.
5.2 Democracia interna y externa: cuando se habla de democratización de la universidad debemos tener en mente la cuestión del acceso y el fin de las discriminaciones que la limitan, para tornar a la vez transparentes, mensurables, regulables y compatibles las presiones sociales sobre las funciones de la universidad, y, sobre todo, para debatir estos temas en el espacio público de la universidad y tornarlos objeto de decisiones democráticas. Esta es una de las vías de democracia participativa necesarias para la nueva base de legitimidad de la universidad. La demanda por la democratización externa proviene de fuerzas sociales progresistas interesadas en la transición desde el modelo universitario al modelo pluriuniversitario; estas fuerzas proceden, sobre todo, de grupos históricamente excluidos que reivindican hoy la democratización de la universidad pública. El modelo pluriuniversitario, al asumir la contextualización del conocimiento y la participación de ciudadanos y comunidades en tanto usuarios y coproductores de conocimiento, logra que esa participación y contextualización den más transparencia a las relaciones entre la universidad y el medio social, y legitimen las decisiones tomadas en su ámbito.
Articulada con la democracia externa, debe estar la democracia interna, discutida desde los años sesenta, pero en dirección contraria: desde la universidad hacia la sociedad. Es por ello que no se ha podido encontrar la solución ni para la misma democracia interna, ni para su relación con la externa, es decir, la participación de la sociedad civil en la universidad y de esta en los movimientos sociales.
5.3 Evaluación participativa: la nueva institucionalidad debe incluir un nuevo sistema de evaluación que contenga a cada una de las universidades y a la red universitaria en su conjunto. En ambos casos, deben adoptarse mecanismos de autoevaluación y de heteroevaluación. Los principios de autogestión, autolegislación y autovigilancia hacen posible que los procesos de evaluación sean también procesos de aprendizaje político y de construcción de autonomía de los actores y de las instituciones. Solamente estos principios garantizan que la autoevaluación participativa no se transforme en una autocontemplación narcisista o en intercambio de favores evaluativos.
6. Regular el sector universitario privado: la reforma propuesta solo funcionará si el Estado está dispuesto a asumir una regulación de la educación superior privada y a enfrentar, desde una postura crítica, las regulaciones multinacionales acerca de la educación transnacionalizada.
6.1 La universidad privada: esta es muy variada y depende de su historia en cada país. Hay entidades antiguas y de muy respetable tradición, con fines cooperativos y solidarios, verdaderas universidades con excelencia en las áreas de posgrado e investigación; pero también las hay muy recientes, que buscan fines lucrativos, fábricas de diplomas-basura, bajo sospecha de ser fachadas para el lavado de dinero.
Se trata por tanto de un renovado contrato social que distinga las universidades públicas, responsabilidad directa del Estado, de las universidades privadas de calidad y de las que no la tienen. De aquí se siguen los diversos mecanismos de aprobación, regulación y acreditación.
6.2 El Estado y la transnacionalización del mercado de la educación superior: se busca fomentar e intensificar las formas de cooperación transnacional que ya existen y multiplicarlas en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales siguiendo principios de beneficio mutuo y por fuera del marco de regímenes alternativos.
En conclusión, lo que propone Boaventura de Sousa Santos es una reforma de la universidad para comenzar este siglo, con la que se puede estar de acuerdo, así no se compartan detalles. Es de competencia de las universidades privadas de calidad tomar posición con respecto a estos planteamientos, en especial con respecto a su propia voluntad de reforma. Para pasar a este análisis, propongo una mirada comprensiva y crítica a la propuesta de Boaventura.
II. Por una idea comunicativa, dialogal y discursiva de universidad
En algunos de sus escritos Boaventura ha enfatizado su diferencia con los planteamientos de Jürgen Habermas, indicando que el discurso del alemán sobre la modernidad inconclusa sigue prisionero del paradigma sociocultural occidental y que, en ese sentido, la crisis de la teoría crítica moderna (Boaventura, 2008, p. 38), a pesar del brillante tour de force adelantado por Habermas, está más cerca de un posmodernismo celebratorio, triunfalista y apologético, que del de oposición, crítico y libertario, el defendido
