referencia a Dios en el preámbulo de la Constitución minaba la declaración de laicidad del Estado. Los derechos de las parejas homosexuales y el matrimonio igualitario quedaron afuera del texto constitucional. Además, en la sección de derechos fundamentales, en el artículo 68, se excluyó categóricamente la posibilidad de adopción para parejas homosexuales.
Artículo 68. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho, por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio. La adopción corresponderá solo a parejas de distinto sexo. (Constitución Política de la República del Ecuador)
La discusión fue exacerbada por una pugna ideológica conducida por los sectores más conservadores de la sociedad, ampliada por el respaldo mediático, que dio lugar a un importante retroceso en términos de laicidad del Estado y de derechos de las mujeres. Por ejemplo, se reconoció el derecho a la vida desde la concepción38 que, como efecto, negaba y excluía cualquier tipo de solución de carácter progresista en esta discusión y, de alguna manera, daba a entender la aceptación por parte del gobierno de Rafael Correa de la cruzada en contra del aborto y el aparato dedicado a su criminalización. En la sección sobre el sistema de salud pública de los gobiernos de la Revolución Ciudadana, en el capítulo 2 de este trabajo, y en la sección sobre el feminismo decolonial del capítulo 3, se analizará con mayores detalles el conservadurismo de Alianza PAIS, particularmente encarnada en la figura del presidente Rafael Correa.
En síntesis, se podría afirmar que la timidez expresada por la bancada de Alianza PAIS en los temas éticos, en la ampliación de los derechos de las mujeres, en la definición de la relación Estado-Iglesia(s) y en el reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales, estaba también condicionada por el imperativo de no encontrar la abierta oposición de las iglesias en el referendo aprobatorio de la nueva Constitución. Una campaña activa de las iglesias habría perjudicado el resultado de la consulta y, con ello, pudo deslegitimar el proceso de la Revolución Ciudadana antes de que este se pudiera consolidar políticamente. Por otro lado, es importante recordar aquí, en los términos gramscianos planteados y analizados anteriormente, el concepto de revolución pasiva, en particular, para articular la conexión revolución-restauración-conservación –presente en la Revolución Ciudadana– en la esfera de los derechos de las mujeres, de la despenalización del aborto y los demás puntos aquí analizados. Alianza PAIS promovió una restauración conservadora; en algunos términos, más que un progresismo, encarnó un retroceso social.
Un último punto es la disputa que se dio entre el presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, y el presidente de la república, Rafael Correa, en relación con el plazo para la culminación del proceso constituyente. Frente a la exigencia de Rafael Correa de concluir el proceso dentro de los ocho meses previstos por el estatuto de la Asamblea Constituyente, es decir, en julio de 2008, Alberto Acosta parecía no estar de acuerdo, para no sacrificar el mérito de los debates constituyentes por cuestiones de calendario. Acosta veía, sobre todo, la necesidad de llevar a cabo la discusión de algunos nudos cruciales que, en buena medida, habrían caracterizado la nueva conflictividad bajo los gobiernos de la Revolución Ciudadana –que será analizada el capítulo 2 y el capítulo 3 del presente trabajo–, surgida a partir de las contradicciones de la Revolución Ciudadana. Sobre esta posición de Rafael Correa pesaban algunas señales de agotamiento del proceso constituyente y algunas encuestas que imponían acelerar su terminación.
La cuestión del plazo para la terminación del proceso constituyente, que podría parecer una cuestión formal y de simple calendario, asumió una importancia trascendental porque fue el detonante, entre otras cosas, de la renuncia del presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, remplazado por Fernando Cordero el día 23 de junio de 2008. La principal diferencia, ha tenido que ver con el Mandato Minero y la cuestión ecológica, pero también con el consentimiento previo de las comunidades para la explotación petrolera y la amnistía para el expresidente de la república Gustavo Noboa.
Según David Cordero,
[Él] quería incluir otras temáticas, pero no es que por eso se podría decir que fuera más radical. Se fue porque quería incluir a otras temáticas, no la de género. Porque la de género ya había sido, básicamente, derrotada. Pero creo que en los temas agrarios e indígenas sí. El tema de lo Plurinacional, las formas de participación étnica, bueno, ahí sí, él tenía unas ideas más experimentales. Y ya ahí, cuando vio que su agenda no prevalecía, se retiró de la Asamblea y se hizo opositor, totalmente. (David Cordero, entrevista con el autor, 25 de julio de 2017)
Alberto Acosta se despidió de su cargo con un ataque frontal a la posición del presidente Rafael Correa:
Esta disposición y posición personal de no sacrificar el debate por la premura del plazo, no es compartida en sus alcances y con lo que ello significa en tiempos, por la mayoría de la cúpula de Acuerdo País […]. Siento que el ejercicio de la autoridad, responsable con quienes le designan, respetuosa del mandato encomendado, ennoblece. Lo contrario, el ejercicio del poder por el poder, embrutece. Ese riesgo no me lo correré […] Quienes construyen la historia son los pueblos y no los individuos de forma aislada. (Acosta, 2008)
Vale la pena señalar la dura reacción de Rafael Correa frente a la renuncia de Alberto Acosta (a pesar de que no se mencione su nombre directamente):
nadie es imprescindible en este proceso. […] La Constitución se tiene que hacer a tiempo, como ordenó el pueblo ecuatoriano. […] No hay antagonismo en trabajar excelentemente bien y extraordinariamente rápido para cumplir con el mandato ineludible del pueblo ecuatoriano. […] El primer paso para lograr el cambio es dejar a un lado las falsas democracias; nos quieren hacer creer que todo el mundo puede debatir interminablemente. […] Democracia no es que en los debates participen todos los sectores, sino básicamente es cumplir con el mandato que nos dio el pueblo ecuatoriano en la consulta popular del 15 de abril, que nos dio el deber de hacer una Constitución en ocho meses y extraordinariamente bien.39
La renuncia de Acosta, además de implicar un retroceso en relación con los debates sobre temas cruciales como derechos laborales, temas indígenas, sobre la autodeterminación en los territorios y la minería –señal adicional de que se consumaba la ruptura40–, dio paso a la aceleración de la terminación del proceso constituyente dentro del plazo establecido: el 24 de julio de 2008. Ese día la Asamblea Constituyente aprobó, con 94 votos de los 130 asambleístas, el nuevo texto constitucional, preparando el terreno para el referéndum constitucional para su aprobación definitiva. El respaldo popular al proceso constituyente y a la nueva carta constitucional del Ecuador consagró al gobierno de Rafael Correa, con una aprobación del 63,93 %, el día 28 de septiembre de 2008. Es significativo aquí remarcar la caída del consenso frente a los resultados y al proceso constituyente en su conjunto, pues el mandato constituyente (elecciones de la Asamblea Constituyente) había tenido el 81,72 % de aprobación.
Como se ha afirmado antes, el proceso constituyente representó un momento crucial para el Ecuador, promoviendo la refundación del Estado y de sus funciones políticas, económicas, sociales y culturales. Un balance contradictorio podría ser la expresión más apropiada para definir el proceso y su producto final (la nueva carta constitucional) en su conjunto. En efecto, a pesar de ser “uno de los procesos más participativos y democráticos de la historia política del Ecuador” (Valeria Coronel, entrevista con el autor, 22 de junio de 2017), al mismo tiempo se podría sostener que fue un proceso dirigido –en el que las decisiones cruciales no eran el fruto de la discusión entre los asambleístas, con autonomía, sino de las directivas de los bloques de los
