una importante influencia en restablecer el orden constituido y poner fin al caos. La injerencia de Estados Unidos se explica principalmente con una lectura de carácter geopolítico y de sus intereses en la región latinoamericana. En efecto, en 1999, durante la presidencia de Mahuad, el gobierno de Estados Unidos había obtenido la concesión para la instalación de una base militar en Manta, en una posición estratégica no solamente para operaciones en el territorio ecuatoriano, sino clave en la frontera colombo-ecuatoriana, el control del Pacífico y de la Amazonía. Es importante señalar esta información para encuadrar la decisión de Estados Unidos de instalar una base militar en territorio ecuatoriano, no solamente en el entorno nacional de la nación andina, sino como parte integral de una estrategia global que en ese entonces era el war on drugs. Es preciso también insistir en la temporalidad de esta decisión: en estos mismos años 1999-2000, el presidente Pastrana y sucesivamente Uribe, en Colombia, ponían las bases para la implementación del Plan Colombia en el país vecino. Por todas estas razones, los Estados Unidos no podían permitir un triunfo de la insurrección del 21 de enero de 2000.
La disputa de sentido sobre la insurrección popular, con el poder ejercido por los medios de comunicación, privilegió el carácter del golpe militar fallido que le otorgaba un camino para la salida institucional a la crisis que, finalmente, culminó con el nombramiento del vicepresidente Gustavo Noboa a asumir la presidencia. En cambio, como afirmamos anteriormente, para los movimientos que participaron en la insurrección callejera y en la institución de la comuna, representaba el surgimiento de un poder contrahegemónico, capaz de proponerse como válida alternativa al poder constituido.
A pesar de la derrota de la insurrección popular del 2000, sucesivamente, el referido militar conformó una alianza político-electoral con la plataforma Pachakutik y el partido Movimiento Popular Democrático (MPD), obteniendo un inesperado triunfo en la segunda vuelta el 24 de noviembre de 2002.
La alianza de Gutiérrez con los movimientos de izquierda e indígena parecía inaugurar un periodo de cambios no solamente en la nación andina, sino también frente a la solución internacional (en el sentido de las negociaciones con los organismos económicos y financieros internacionales)23 y a la creación de una nueva relación de integración con las naciones suramericanas. La elección de Gutiérrez culminaba una serie de expectativas para una salida digna de la crisis y la recuperación de la soberanía perdida, frente a la profundización de la crisis económica, política y social. Es preciso identificar este momento también en óptica regional: en América Latina ya se había consolidado el gobierno de Hugo Chávez (pese al golpe de abril de 2002, que trató de destituirlo), mientras que en Bolivia se presentaban movilizaciones indígenas y populares similares a las del Ecuador, cuyas expresiones mayores fueron representadas por la Guerra del Agua (2000) y la Guerra del Gas (2003). En octubre del mismo año, Ignacio Lula da Silva ganaba las elecciones en Brasil. Por tal razón, el proceso ecuatoriano generó muchas expectativas en clave regional y como inclinación de la correlación de fuerza en América Latina.
Sin embargo, el gobierno de Lucio Gutiérrez muy pronto reveló otra disposición política, traicionando las aspiraciones nacidas con las fuertes movilizaciones populares y a los mismos grupos indígenas que habían respaldado su elección; su gobierno no fue la renovación que había sido prometida. El movimiento Pachakutik, viendo traicionadas sus esperanzas de cambio, bajó su apoyo al nuevo Ejecutivo después de ocho meses de gobierno24. En este caso, es clave entender cómo el gobierno de Gutiérrez operó una marginalización del movimiento popular (campesino, indígena y clases subalternas)25 y cómo se lanzó a una ofensiva por un nuevo disciplinamiento interno: el nuevo gobierno no era la expresión de los de abajo, sino el representante, con la tecnocracia, de los sectores dominantes de la sociedad ecuatoriana.
Esta traición no es clave solamente en la esfera de la política interna, sino que es fundamental para entender cómo y por qué no se produjo el esperado giro que llamaba a una reinserción internacional del país andino. En realidad, no se produjo una nueva reinserción al sistema geopolítico internacional ni una salida a la crisis a través de un modelo para la recuperación de la soberanía política y económica. En aquellos años, la presencia e injerencia estadounidense fueron evidentes, sobre todo bajo la presidencia de Lucio Gutiérrez, quien afilió su gobierno a un grupo de tecnócratas muy cercano a los intereses de Estados Unidos, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
En el periodo de Gutiérrez, se podría afirmar que se alcanzó el ápice de la luna de miel entre Estados Unidos y el Ecuador. Prueba de eso es que en 2003, días después de su instalación, Gutiérrez fue recibido en Washington, con pompa magna, por el presidente George W. Bush26. El presidente mandatario declaró en aquel momento que Gutiérrez era “el mejor aliado y amigo de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo” (Golinger, 2010). Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, durante esta fase el conflicto social se agudizó y parte de las movilizaciones indígenas y populares reclamaron dicha asimetría y demandaron establecer una nueva relación con Estados Unidos, más orientada hacia la recuperación de una soberanía perdida y a la definición de una política exterior más autónoma.
Según Pablo Dávalos, el gobierno de Lucio Gutiérrez representó un punto de inflexión, sobre todo en relación con la posición de los movimientos populares e indígenas. Pese a su discurso, inicialmente progresista, el respaldo del movimiento popular y de las comunidades indígenas fue breve: los indígenas se dieron cuenta a los ocho meses de que su apoyo al Ejecutivo de Gutiérrez terminaba legitimando las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, así como la presencia y la injerencia estadounidenses en el país. Al margen de las movilizaciones, se empezó a crear una agenda de las poblaciones indígenas dirigida a contrarrestar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), la base militar de Manta, el Plan Colombia y la Novena Ronda Petrolera (La Jornada, 2003).
La participación de Pachakutik en el gobierno de Gutiérrez tuvo importantes implicaciones para el movimiento indígena en su conjunto y representaría su pecado original en su relación con el poder político. Al mismo tiempo, esta experiencia en el poder constituyó un trauma para los movimientos sociales e indígenas, que vieron traicionadas sus aspiraciones en un gobierno que realizó un viraje total respecto de la plataforma que lo había conducido a ganar las elecciones. Es importante caracterizar este momento como el comienzo de una crisis interna dentro del movimiento indígena: una crisis hasta identitaria, representada principalmente por el fracaso y la frustración derivada de la experiencia de gobierno con Lucio Gutiérrez.
Al mismo tiempo, la participación de la Conaie y del movimiento indígena había producido un distanciamiento y una separación con la CMS, por su distinta interpretación y aproximación al proyecto político de Gutiérrez: ya en el 2002, frente a la posibilidad de que emergiera un cogobierno con Gutiérrez desde la Conaie y de Pachakutik, la CMS, por su base social y su posición ideológica, había dado un paso al costado, retirándose en silencio. No fue una ruptura traumática, sino un repliegue por una distinta lectura de la candidatura de Lucio Gutiérrez (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017). Mientras la Conaie y Pachakutik apostaban por un camino de la institucionalización, mediante su participación (frustrada) en el gobierno de Lucio Gutiérrez, la posición de un sector de la CMS fue más cauta y distante.
Sin embargo, es clave entender cómo esta signó un momento crucial para el movimiento indígena, sobre todo para el análisis del correísmo y la conflictividad que se generó con la propuesta política de Alianza PAIS. Sobre eso se sostuvo la memoria y el aprendizaje del gobierno de Gutiérrez, que permitió al movimiento no repetir los mismos errores y consolidar otra estrategia. En el capítulo 3, “La cuestión del sujeto político decolonial en el Ecuador de la Revolución Ciudadana (2007-2017)”, se analizará en detalle la estrategia y la relación de la Conaie y del movimiento en su conjunto con el proceso político de la Revolución Ciudadana.
Otro detalle importante aquí es la caracterización de la base social de la Revolución
