el partido no tenía autonomía: los organismos de decisión del movimiento Pachakutik eran las asambleas y los organismos decisionales de la Conaie y de la CMS. De hecho, nunca se nombró, sino formalmente, un coordinador de Pachakutik. Los organismos eran los que se reunían en la Conaie. En términos formales, el presidente de la Conaie era el presidente de Pachakutik, y el presidente de la CMS era el segundo (Napoleón Saltos, entrevista con el autor, 19 de julio de 2017). En realidad, tal situación nunca constituyó una disputa entre la Conaie y la CMS.
El partido Pachakutik era el resultado de las fuerzas políticas y sociales que lo componían y nacía con el objetivo de proponerse como alternativa de poder al tradicional sistema partidista del Ecuador. En términos gramscianos, se podría asumir que la alianza entre la Conaie y la CMS, junto con otros sectores sociales, quería formular y articular una contrahegemonía que se oponía al régimen neoliberal, tanto por vía de la movilización como por medio de la participación electoral institucional. Naturalmente, ello representó un desafío para el orden político y constitucional establecido, además de una amenaza que tocaba todas las esferas del poder y de la dominación política del Ecuador, ya que cuestionaba la legitimidad de todas las estructuras institucionales.
La potencia del mensaje de Pachakutik residía, también, en su capacidad de construir puentes con otras fuerzas sociales y con la sociedad civil19, expandiendo su base social potencial y alimentando la construcción de un nuevo sujeto político y social en el Ecuador contemporáneo. La oposición al neoliberalismo y el carácter antisistémico de la propuesta política de Pachakutik empezaron a atraer la simpatía de otros sectores, inclusive urbanos y de clase media, lo cual coincidía, paralelamente, con el creciente desprestigio de las instituciones gubernamentales y el agravamiento de la crisis económica, política, institucional y social que vivió el Ecuador durante toda la década de los 90.
El fortalecimiento de la Conaie y de la CMS, por vía movilización, junto con su máquina político-electoral expresada en Pachakutik, empezaron a reunir un consenso en 1996: eligieron ocho diputados, cinco indígenas y tres mestizos, entre ellos el presidente de la Conaie, Luís Macas, y el vocero de la CMS, Napoleón Saltos. Eso, por un lado, empezó a proveer mayor visibilidad política a su propuesta, y por el otro correspondió a una institucionalización del movimiento social. En este momento, volviendo al tema de la estrategia dual, es interesante considerar cómo, frente a la institucionalización de Pachakutik a través de su participación electoral, no se pierde el carácter antisistémico de las movilizaciones convocadas por la Conaie y la CMS ni la fuerza de los levantamientos que se dieron a todo lo largo de la década de los 90.
El desafío representado por esta nueva fuerza política y social, presente tanto dentro de las instituciones como en las calles, a través de la movilización, se incrementó debido a la mayor fragilidad del sistema político, económico y social ecuatoriano; sobre todo, por la inestabilidad registrada en aquellos años frente a la profundización del orden neoliberal.
La presidencia de Abdalá Bucaram, a partir de 1996, inauguró un periodo de fuerte agitación en el Ecuador;
frente a la fanfarria y al autoritarismo encarnado por el nuevo presidente, que fueron una de las características de su breve gestión, que no difería tanto del resto de gobernantes del periodo (la entera década de los 90), ya que se había declarado partidario de la apertura y de la liberalización a ultranza del Ecuador. (Acosta, 2006, p. 185)
Las crisis de mayor fuerza del sistema entero se vivieron desde la caída del presidente Abdalá Bucaram, a comienzos de 1997. Además de los escándalos de corrupción y falta de transparencia, Bucaram había profundizado las medidas neoliberales en el país, las mismas que habían contribuido al incremento de las revueltas populares y a los altos márgenes de impopularidad del régimen político ecuatoriano.
En efecto, durante su gobierno se agravaron los programas de ajustes económicos: se incrementaron las tarifas de los servicios públicos, se eliminó el subsidio al gas doméstico, se dispuso el cobro en los hospitales populares, y continuaron los incrementos de precio de los derivados del petróleo, gasolina y diésel (Acosta, 2006). El precio de los combustibles alcanzó niveles muy elevados: el del gas fue fijado en 15 000 sucres.
Además, se quería crear un régimen fundado en la “convertibilidad (del sucre con el dólar), la flexibilización laboral, las privatizaciones, y el desmantelamiento del Estado, que ya había sufrido un debilitamiento marcado en las administraciones anteriores” (Acosta, 2006). Los movimientos sociales realizaron nuevas movilizaciones, llamaron al paro cívico nacional y se tomaron la catedral de Quito por varios días. El paro cívico nacional de 5 de febrero de 1997 convocó a más de dos millones de ciudadanos ecuatorianos en todo el país, para manifestar la inconformidad con el régimen de Bucaram, la corrupción y las fuertes medidas neoliberales de su gobierno. Este día, que en buena medida marcó el fin de su experiencia política, fue precedido por movilizaciones estudiantiles y obreras, fuertemente reprimidas por los aparatos represivos del Estado.
Con la fuerte presión representada en las calles y la fragmentación política, el 7 de febrero de 1997, el Congreso Nacional aplicó el artículo 100, literal d) de la Constitución vigente en ese entonces, que señalaba la incapacidad física o mental, declarada por el Congreso Nacional, entre las causales para que el presidente de la república cesara en sus funciones y se dejara vacante el cargo (El Universo, 2012).
Tras el derrocamiento, Bucaram huyó a Panamá, donde se declaró en asilo político, y se formó el gobierno de Fabián Alarcón Rivera. Este también estaba destinado a ser caracterizado como breve e inestable y, al mismo tiempo, ineficiente en aplicar las medidas necesarias para la superación de la crisis política, económica e institucional; más bien, premuroso en tomar medidas ortodoxas para congraciarse con las instituciones financieras internacionales, especialmente el Fondo Monetario Internacional.
El derrocamiento del gobierno de Bucaram y la crisis institucional que se profundizaba en el Ecuador, abrieron un escenario constituyente20 que culminó en la Constitución de 1998. Frente al proceso constituyente de 1997-1998, se abrió dentro de Pachakutik un importante debate, sobre todo en relación con los objetivos políticos y las estrategias del movimiento. Por eso, es importante aquí analizar el cambio de estrategia dentro de Pachakutik y en sus expresiones de movimiento, es decir, dentro de la Conaie y la CMS.
Ya en ese momento emergió una diferencia fundamental dentro de estas corrientes. En la Conaie había prevalecido una vertiente más reivindicativa en términos de derechos étnicos, es decir, una tendencia a la institucionalización de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas por encima del interés por la toma del poder, que se adaptaba al multiculturalismo y al modelo intercultural funcional al neoliberalismo –surgido por iniciativa del Banco Mundial a partir de 1991–. Esta línea era el producto de la intelectualidad indígena y de figuras representativas del movimiento indígena, como Nina Pacari, que tenían su nuevo horizonte político en el reconocimiento y en la inserción de los derechos de los pueblos indígenas en el texto constitucional. Es necesario aclarar que esta primera corriente se refería al problema indígena, eludiendo el tema de la tenencia de la tierra y la desigualdad, mientras que privilegiaba el enfoque de la diferencia dentro de una problemática articulada a las concepciones de la ciudadanía, la participación institucional y la gobernabilidad (Saltos, 2002, citado en Saltos, 2005, p. 199).
Otra corriente, tanto en la Conaie como en la CMS, privilegiaba una estrategia que, a través de la combinación de las fuerzas de lucha, es decir el levantamiento y la consolidación de una fuerza político-electoral, llevara a la construcción de una alternativa de poder y a la formulación de una alternativa al modelo económico. Es importante precisar que la segunda corriente no es que fuera contraria al reconocimiento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en sí, sino que apostaba a una transformación radical de mayor espectro y de mayor aliento, tanto en lo económico como en lo político y en lo cultural. Consecuentemente, para lograr construir esta transformación
