se estableció en el Ecuador en la década de los 80 y 90 en ningún momento pudo –y tampoco quiso– construir una hegemonía.
En efecto, el periodo de 1983 hasta 1992 se caracteriza por una economía agroexportadora financiera, bajo la hegemonía discontinua y confusa (Acosta, 2006, p. 163) del Partido Social Cristiano de León Febres Cordero. Sin embargo, este modelo no logró consolidarse y el periodo de inestabilidad política, económica y social del Ecuador entre 1994-2005 –es decir, hasta la caída de Lucio Gutiérrez– acentuó la crisis hegemónica. En esta década surgieron diversos intentos, desde abajo y desde arriba, para formular alternativas de gobierno que pudieron consolidarse como hegemonía; a pesar de ello, ninguna lo logró hasta la aparición de Alianza PAIS.
En cambio, aquí se sostiene que el proyecto sí logró ser hegemónico porque implantó un sistema económico, político, social y cultural que marcó la historia reciente del Ecuador y trasciende el periodo de neoliberalismo radical, con importantes continuidades en el momento actual. Por ende, se podría afirmar que logró transformar profundamente la sociedad ecuatoriana en su conjunto, tanto en el terreno individual como en lo colectivo11, revirtiendo los esquemas desarrollistas y keynesianos de la década anterior.
Sin embargo, durante el ajuste y las políticas implementadas en este periodo, que podríamos identificar desde comienzos de la década de los 80 hasta el fin de la larga noche neoliberal12, se “enraizó en amplios sectores de la población la ideología neoliberal, sea que se la vea como algo conveniente o un inconveniente” (Acosta, 2006, p. 232). Es decir, pese a la oposición que se construyó en aquellos años (que se describirá en el párrafo siguiente), se transformaron el sentido común, el sistema de valores y las relaciones inter e intrapersonales. En este sentido, el neoliberalismo en el Ecuador se volvió hegemónico, pese a la ausencia de una hegemonía, debido principalmente a la fragmentación de sus élites políticas y económicas, a sus disputas internas e, inclusive, a la falta de necesidad de construir una hegemonía para mantener sus intereses y sus privilegios.
1.3. Marco histórico: orígenes y evolución de las resistencias contra la hegemonía neoliberal
En el párrafo anterior, recuperando el pensamiento gramsciano, se recordó la diferencia que el intelectual italiano construye sobre los conceptos de sociedad civil y la sociedad política, en relación con la construcción de la hegemonía. Esta sección se concentrará en el momento en que se profundizó la crisis, a partir de mediados de la década de los 90, con un particular agravamiento en el año 1999-2000. Esta etapa de la historia ecuatoriana es significativa porque se produciría lo que Gramsci llama crisis orgánica, que no es solamente el resultado de la crisis económica, sino de una fractura más profunda en el seno de la sociedad ecuatoriana en su relación con las instituciones nacionales e internacionales, una modificación en la relación entre gobernantes y gobernados.
En ese momento, al finalizar el siglo XX y a comienzos de siglo XXI, el Ecuador parecía haber llegado a un punto de inflexión irreversible. La crisis económica, financiera y del sistema bancario ecuatorianos (que se analizará en el capítulo 2) se tradujo en una crisis más profunda: una crisis política e institucional, debida principalmente a la pérdida de credibilidad y legitimidad de la totalidad de la bancada parlamentaria ecuatoriana –además, se destaca que las fuertes movilizaciones indígenas y populares entre 1995 y 2005 derrocaron tres presidentes–; una crisis social que se expresó en un sentimiento popular y de las clases medias de descontento hacia la partidocracia, más las grandes movilizaciones urbanas y rurales y en los levantamientos de aquellos años –que en los primeros cinco años del siglo XXI fueron particularmente radicales–; crisis alimentaria –en este periodo se incrementó la pobreza, aumentó la desigualdad y se deterioraron las condiciones de vida de buena parte de las clases subalternas, pero también de las clases medias ecuatorianas–13; crisis ambiental; crisis demográfica, por la fuerte emigración de ciudadanos ecuatorianos, principalmente hacia Estados Unidos y Europa; y, finalmente, una crisis ético-moral sobre el entero sistema hegemónico, que pone en riesgo su reproducción y su capacidad de recuperación. En consecuencia, en aquellos años mucho se habló de crisis orgánica y de crisis hegemónica porque, efectivamente, todo hacía pensar en un sistema neoliberal próximo a la desaparición, frente a su fuerte desprestigio, deslegitimidad y el descontento popular.
Todo lo anterior contribuyó al progresivo distanciamiento entre la sociedad civil y la sociedad política, siempre respecto de los términos gramscianos, y al fortalecimiento del discurso y de la movilización antisistémica, que en aquellos años tuvo su momento de mayor respaldo social. Este momento correspondió a la fase antisistémica en que prevalecieron las movilizaciones y los levantamientos, con un discurso y unas prácticas de ruptura con el orden imperante (1990-2000).
Es cierto que en esta etapa el neoliberalismo, como sistema hegemónico, aparecía fuertemente debilitado por los efectos concatenados de las diferentes crisis que se manifestaron en el Ecuador desde finales de siglo XX y comienzos del siglo XXI. Sin embargo, sería exagerado asumir una posición triunfalista para la cual, frente a la crisis orgánica, el neoliberalismo fuese o pudiese ser derrotado definitivamente. Se insistirá más adelante sobre este punto, sobre todo en relación con la transformación anunciada por la Alianza PAIS a la hora de formular la propuesta política de la Revolución Ciudadana, en un híbrido entre continuidad y ruptura que será precisado con mayores detalles en el capítulo 2, en el análisis del sistema de acumulación capitalista ecuatoriano bajo los gobiernos de Rafael Correa (2007-2017).
Aquí, la última década del siglo XX y comienzos del siglo XXI se caracteriza por el auge de los movimientos sociales y, en particular, los movimientos antisistémicos que en esta época tuvieron su momento más florido, articulando sus propuestas políticas y permeando, en toda la sociedad, algunos insumos como el Estado plurinacional, los derechos de la naturaleza y el sumak kawsay, y la misma idea de promover el proceso de una Asamblea Constituyente. Estos, sucesivamente, se tradujeron en las principales reivindicaciones políticas que Alianza PAIS trató de incorporar en su propuesta política.
Es singular cómo los movimientos antisistémicos, en una época como la neoliberal, tuvieron que reivindicar la recuperación del Estado como alternativa potente y como única vía para revertir el proceso de globalización neoliberal en el Ecuador contemporáneo. El riesgo que se corría al optar por un mayor protagonismo del Estado fue el consecuente debilitamiento de las estructuras y de los tejidos comunitarios, lo cual se presentó con la implantación de un modelo estatal centralista bajo los gobiernos de Alianza PAIS.
Si bien puede parecer paradójico, eso fue justamente lo que se presentó en el Ecuador de los movimientos sociales, desde los 90 en adelante. Sin embargo, lo interesante es la relación que las fuerzas sociales y los movimientos políticos antisistémicos construirían con el Estado: a partir de la elaboración de una propia propuesta de Estado, que implicaba una transformación radical no solo del aparato estatal sino también de la sociedad civil, se construye una relación compleja y a la vez contradictoria –que será analizada con mayores detalles en el capítulo 3–, que tendrá una línea de confrontación con el proyecto político de Alianza PAIS.
Sin embargo, es importante afirmar que varios componentes de los movimientos sociales sí le apostaron a la consolidación del Estado, sobre todo en oposición al desmantelamiento y la aniquilación del Estado surgida bajo la hegemonía neoliberal. Esta época de fuertes tensiones sociales y de movilizaciones se expresó como el momento más creativo de los movimientos sociales, antes de que sufrieran los efectos de la institucionalización, surgiera la cooptación y se profundizara una política de abierta confrontación y criminalización de los movimientos sociales.
En el Ecuador, como en la mayoría de los países latinoamericanos
