es posible identificar las dificultades para el logro de las reformas sociales, económicas y políticas como otra de las variables explicativas del prolongado conflicto armado colombiano. “La valoración sobre el contenido de las reformas sociales, la actitud de los sectores dirigentes frente a su obligatoriedad y su posibilidad de convertirlas en realizaciones prácticas, son factores importantes para comprender los orígenes del conflicto” (De Zubiría, 2015, p. 17).
Las causas del conflicto antes mencionadas han estado relacionadas con otras variables como la criminalidad, en especial desde la década de los ochenta del siglo pasado. Tanto el secuestro como el narcotráfico generaron nuevas dinámicas dentro del conflicto armado interno, aumentando la capacidad de acción y de impacto de los grupos guerrilleros, de las autodefensas y de los ejércitos privados al servicio del narcotráfico.
Se puede observar, así, que las causas del origen y la prolongación del conflicto en Colombia son múltiples e interrelacionadas. No obstante, se debe resaltar que la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido el factor de violencia más constante y de mayor importancia en el país de acuerdo con el diagnóstico de los comisionados. De hecho, el primer punto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, presenta los esfuerzos y compromisos que se plantean desarrollar para generar una reforma rural integral.
El propósito de elaborar un documento alrededor de lo ocurrido durante los años de conflicto en Colombia, que tenga en cuenta la diversidad de explicaciones dadas a lo largo de la historia y en la multiplicidad de fuentes y de voces, lo inició la CEV el 29 de noviembre de 2018, día en el que inició oficialmente su mandato. “En una emotiva ceremonia, su presidente, el padre Francisco de Roux, aseguró que la verdad ‘debe ser un bien público, un derecho y un bien ineludible’. Vamos detrás de una verdad que responda a todas las víctimas, una verdad dolorosa, pero necesaria, sin sesgos ni negociaciones, buscada con la mayor libertad posible, sin intereses políticos’, aseguró” (El Espectador, 29/11/2018a). Esta tarea no está exenta de tensiones y críticas pero también hay quienes señalan su pertinencia. El excomisionado de paz Humberto de la Calle señaló en artículo de prensa:
Creo que es la comisión de las verdades. Porque precisamente no se trata de imponer una verdad sobre otra, que es otra de las dolencias que padecemos. Parte de la polarización actual es que nadie quiere ceder un ápice a la verdad del otro. Hubo masacres de un lado y del otro. Cada masacre, siendo de signo contrario, es sin embargo verdadera. Algunos piensan que es mejor el olvido. Barrer debajo de la alfombra y ya está. No es así. De la misma manera que en la justicia no caben las amnistías generales, hay que afrontar las verdades si queremos extirpar la semilla de la violencia (De la Calle, 30/11/2018).
Finalmente, y luego de un enfrentamiento de más de medio siglo, el Gobierno Nacional, presidido por Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC-EP, acordaron poner fin al conflicto armado interno. Tal decisión implica, en primera medida, la terminación del sufrimiento que han causado los diferentes enfrentamientos armados y, segundo, el inicio de una fase de transición que contribuya a una mayor integración de los territorios, a la inclusión social y al fortalecimiento de la democracia, como se señaló en el Acuerdo Final, que contempla seis puntos:
1. Reforma rural integral: la cual se enfoca en la transformación estructural del campo, cerrando las brechas entre el campo y la ciudad, creando condiciones de bienes y buen vivir para la población rural.
2. Participación política: relacionada con la construcción y consolidación de la paz. Se requiere el fortalecimiento del pluralismo y la representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad.
3. Cese el fuego, dejación de las armas y reincorporación de las FARC: tiene como objetivo la terminación definitiva de las acciones ofensivas entre la Fuerza Pública y las FARC-EP y la conversión de un actor válido dentro de la democracia por parte del grupo armado ilegal.
4. Solución al problema de las drogas ilícitas: se promueve una nueva visión que dé un tratamiento distinto y diferenciado al fenómeno del consumo, al problema de los cultivos de uso ilícito y a la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, asegurando el enfoque general de derechos humanos y salud pública.
5. Víctimas: se crea el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuya a la lucha de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario, con mecanismos extrajudiciales que contribuyan al escla-recimiento de lo ocurrido. Tal sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz; las medidas de reparación integral para la construcción de la paz y las garantías de no repetición.
6. Mecanismos de implementación y verificación: al igual que el anterior punto, se crea una Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, integrada por representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, con el fin de hacer seguimiento a los componentes del Acuerdo y verificar su cumplimiento y servir de instancia para la resolución de diferencias.
II. LA COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD, LA CONVIVENCIA Y LA NO REPETICIÓN
Como parte del punto número cinco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, y con el fin de situar a las víctimas en el centro del proceso, el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP acordaron crear la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, que junto a la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y razón del conflicto armado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se articulan dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
La implementación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición tiene como propósito consolidar un escenario institucional transitorio apropiado para satisfacer los derechos de las víctimas del conflicto armado, a la vez que contribuir a la reconciliación nacional. Los tres elementos que lo componen buscan garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de los perjuicios de diferente naturaleza que hubieren padecido.
Estos objetivos suponen un panorama complejo y con diversos enfoques. Por un lado, sus actividades pueden estar comprendidas como un mecanismo de transición ficticia de la guerra a la paz (Gómez, 2017, p. 4), como ha sucedido en escenarios transicionales, entre ellos Perú y Guatemala o, por el contrario, concretarse como un proceso que contribuya en una verdadera transformación social, situación que ha de hacerse posible solo mediante estrategias concretas que habiliten la posibilidad de cambio asignada a estos sistemas con base en la historia, la verdad y la memoria de las víctimas.
Es de interés, por lo tanto, identificar el potencial de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en términos de aclaración de hechos violentos y alcance de la verdad propuestos en el Acuerdo y reglamentados por el Decreto 588 del 5 de abril de 2017.
A. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición
