Estado, respetando el lugar de cada una” (El País, 22/07/2018).
De esta forma, la Agencia Nacional de Tierras puso a disposición 35.000 cajas de expedientes, los cuales servirán para que los comisionados dispongan de un acervo de documentación sobre la relación entre las tierras y el conflicto armado. La metodología pensada para los diferentes procesos de acceso a la información está orientada a la transparencia en la información, la apropiación pública de la documentación, de los testimonios, de las diversas fuentes para el conocimiento de lo ocurrido (El Espectador, 01/08/2018). Al respecto, la comisionada Alejandra Miller afirmó: “[Q]ue esto no sea solamente la tarea de construir un informe –que es lo que vamos a hacer al final del mandato–, sino que el proceso mismo contribuya a que nos apropiemos de la verdad como un bien público, para que se entienda qué significa la verdad, cuál es el aporte de esa verdad a la construcción de la paz” (El Espectador, 09/09/2018).
Sin embargo, y pese a estar consignado en el Decreto 588, el pasado 18 de octubre se llevó a cabo la audiencia pública por la propuesta del representante del Centro Democrático Óscar Darío Pérez, en búsqueda de restringir documentación reservada a entidades como el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Ante este hecho, el presidente de la Comisión se pronunció, y aseguró que “este proyecto de acto legislativo viola el derecho de las víctimas y la sociedad de conocer la verdad”, y que si esa posibilidad se vuelve constitucional, se rompería el Acuerdo de Paz, con la imposibilidad de llegar a la verdad (El Espectador, 18/10/2018).
Cada uno de estos escenarios lleva a concluir que lo relacionado con comisiones, que a lo largo de la historia reciente de Colombia han buscado identificar y describir las causas y el desarrollo del conflicto armado, han enfrentado diversidad de retos e inconvenientes, particularmente en lo relacionado con el acceso a ciertas fuentes de información. Además, otro tipo de circunstancias generan particularidades que, en principio, dificultan el proceso, como la transición presidencial, marcada por diferencias de fondo frente al proceso de paz. Ese múltiple escenario de complejidades en la aplicación de la justicia transicional y, en particular, del desarrollo de comisiones de verdad ha sido estudiado en perspectiva comparada y muestra que lo que se vive en Colombia en ese sentido no es del todo inédito y es de esperarse que se enfrente un camino de dificultades para el logro de una paz estable y duradera (Van der Merwe, Baxter, Chapman, 2009).
D. Instalación de la Comisión de la Verdad de Colombia
El 29 de noviembre de 2018 se dio inicio oficial al mandato de tres años que tiene la Comisión “para esclarecer los hechos más graves del conflicto armado colombiano”. En la ceremonia el padre De Roux, presidente de la Comisión, dijo que se había reunido con el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, y aseguró que “respaldaron el mandato de la Comisión de la Verdad. ‘Confiamos en su apoyo como oportunidad de pasar bien la página porque el texto del futuro se escribe sobre la verdad’” (El Espectador, 29/11/2018a).
En esta misma ceremonia,
representantes de víctimas de distintos sectores y regiones del país le pidieron a la Comisión de la Verdad que realice un trabajo colectivo e incluyente. Los invitados a expresar su compromiso con la verdad en este lanzamiento fueron: una indígena, un militante de la UP, una mujer trans, un policía víctima por minas antipersonas, una desplazada, un campesino despojado, un sargento del Ejército, una concejala líder de víctimas, un familiar de un empresario muerto durante su secuestro, una estudiante, un sacerdote, un excombatiente de las FARC y uno más de las AUC (El Espectador, 29/11/2018a).
En algunas columnas de opinión se criticó la escasa presencia estatal, más allá del consejero para el Posconflicto y de algunos militares. Llegó a afirmarse que el Gobierno “pretende convertir la memoria del conflicto en credo político de uniformados y estrado de propaganda reaccionaria” (De la Torre, 04/12/2018). A esto se sumaron críticas sobre la reducción del presupuesto destinado para CEV, y no sobra señalar la polémica suscitada por la designación del reemplazo de Gonzalo Sánchez en la dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica, controversia que a su vez es significativa y muestra la sensibilidad que existe sobre una designación tan importante.
En los días previos a la instalación de la CEV y también luego de la respectiva ceremonia oficial del 29 de noviembre de 2018, se escucharon críticas al papel de esa entidad. Por ejemplo, el editorial del periódico El Colombiano señaló, en alusión al sesgo de izquierda con el que algunos califican a la CEV: “Y no es menor el desafío de lograr que esa verdad corresponda a los hechos, a la narración fidedigna de lo que pasó, en vez de hacer de ella un libreto para exoneración de responsabilidades y lavado ideológico de culpas según quien construya la verdad tenga afinidad con alguno de los principales actores de ese conflicto armado” (El Colombiano, 28/11/2018). De igual forma, columnistas como Darío Acevedo señalaron la “clara tendencia izquierdista” de la CEV y la calificó de “arrevesada e impertinente”, además de “fruto del interés político de las guerrillas por imponer una explicación justificadora de sus aventuras y crímenes en ropaje académico” (Acevedo Carmona, 03/12/2018).
En este sentido, es vital y urgente conservar una línea de rigor metodológico e historiográfico que permita la expresión, el registro y el análisis del amplio universo que va desde los testimonios de las víctimas hasta la comprensión del desarrollo del conflicto. No se debe prejuzgar el trabajo de la CEV sino, por el contrario, hacer el seguimiento de su tarea y otorgarle el apoyo para el éxito de su labor.
Como dijo la revista Semana (17/11/2018),
Llegó la hora de la verdad. A pesar de que la comisión no tomará caso por caso, apenas unos cuantos, los más representativos, servirán para explicar patrones y no solo situaciones. Cuesta arriba arranca la búsqueda del origen de la guerra y su posterior degradación. Si bien el mayor desafío, desde su nacimiento, ha sido ganar legitimidad en un contexto polarizado, ahora los comisionados se enfrentan a la limitación que implica un recorte de recursos –apenas recibirán 83.676 millones de los 130.000 que solicitaron para funcionar– y la incertidumbre de un posconflicto cada vez más violento.
No obstante, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad tiene el ejemplo de la experiencia internacional con más de tres décadas y 30 comisiones que han desarrollado su mandato en diferentes países. Una eficiente ejecución de la Comisión podrá ser una valiosa herramienta para garantizar el derecho a la verdad y reforzar el derecho a la justicia. Su implementación posibilitará superar prejuicios y miedos escondidos durante décadas de constante conflicto, así como desarrollar relaciones de tolerancia, respeto y confianza entre los diferentes actores del mismo. “Su trabajo necesita como complemento, o incluso como requisito, un esfuerzo de reconciliación nacional. El informe que emane de sus entrañas puede servir justamente a ese propósito. Por el contrario, si termina por alentar en el país la división entre quienes consideran que en la guerra hubo un solo demonio y quienes creen que hubo muchos, sería alimentar nuevamente la espiral de la violencia” (Semana, 08/04/2017).
Por otro lado, se debe tener en cuenta lo que dijo Gonzalo Sánchez, ahora exdirector del Centro Nacional de Memoria Histórica, el 1.º de agosto de 2018: “La memoria corre paralela al escenario del conflicto armado y también al escenario de construcción de la paz. La memoria constituye uno de los campos de lucha que en tiempos de transición, como los que vivimos, se pone en el centro del debate público” (CNMH, 2018).
Se
