administrativa, presupuestal y técnica, sujeta a un régimen legal propio, como lo señala el Acuerdo, establecida para un período de tres años, y un lapso previo de hasta seis meses para la preparación de su funcionamiento. En palabras de su presidente, el padre Francisco de Roux, su misión será la de “construir un informe final que establezca patrones de violencia y hechos victimizantes”, en la búsqueda de “la reconciliación y que contribuya a la no repetición de lo ocurrido” (El Espectador, 29/11/2018b).
El resultado del trabajo de la Comisión permitirá la construcción y preservación de la memoria histórica, así como el entendimiento de múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, aunque siempre ha sido clara en el hecho de que no busca la elaboración de una única historia o versión, una historia oficial, sino contribuir al conocimiento de las verdades, en plural, así puedan ser contradictorias. La Comisión deberá cumplir tres objetivos fundamentales, conforme al Decreto 588 (05/04/2017):
1. “La Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en el género, entre otros.”
2. “Promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que vieron sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país, el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales y colectivas […] y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violencias e infracciones como algo que merece el rechazo de todos.”
3. “Promover la convivencia en los territorios, es decir, ‘la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más alta cultura de respeto y tolerancia en democracia’. […] La CEV deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y el reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado.” (pp. 5-6).
La ejecución de estos objetivos posibilitará no solo reconstruir y explicar lo ocurrido, sino además, contribuir a sentar las bases de la convivencia y la no repetición del conflicto. Por ello, la comisión permitirá esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas que constituyen graves violaciones a los derechos humanos, así como serias infracciones al derecho internacional humanitario (Decreto 588, 05/04/2017, p. 8). Simultáneamente, supervisará las responsabilidades colectivas del Gobierno Nacional, la guerrilla de las FARC-EP y diferentes actores directos o indirectos que hayan participado en el conflicto. La tarea es de inmensa envergadura, como lo comentó un columnista de opinión:
Conocer las dimensiones de los hechos de violencia ocurridos es una condición necesaria para el reconocimiento de las víctimas, su reparación y la no repetición. Si hubo cerca de 300.000 muertos, más de seis millones de desplazados, cerca de 80.000 secuestros, un número parecido de desaparecidos y alrededor de 20.000 hechos documentados de violencia sexual, se puede comprender que hay una compleja red de heridas que no cicatrizan y dolores que no han sanado, que abate a millones de compatriotas (Orduz, 13/11/2018).
Al desarrollo de la Comisión se suma un enfoque diferencial y de género, para poner énfasis sobre las diversas formas en las que el conflicto afectó a “mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y Rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos” (Acuerdo Final, 24/11/2018, p. 6), como también personas desplazadas y población LGBTI. Conocer este fenómeno promoverá un espacio de conciencia en la sociedad colombiana sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación y estereotipos de género, para contribuir así a la creación de una sociedad más incluyente y justa. El desplazamiento forzado, el despojo de tierras, los cultivos de uso ilícito y el lavado de activos, producto del narcotráfico, serán otro foco de atención por parte de la Comisión.
En este sentido, para cumplir con los objetivos trazados, será indispensable ejecutar las funciones de la Comisión relacionadas con la investigación de cada uno de los componentes, la creación de espacios en el ámbito internacional, nacional y territorial, la convocatoria de personas que contribuyan al esclarecimiento de la verdad, la promoción de la orientación de las víctimas, la rendición de cuentas de forma periódica a la comunidad, entre otras.
B. Características y desafíos de la Comisión
La firma del Acuerdo y el fin del conflicto armado constituyen la oportunidad para que se esclarezca y conozca el pasado reciente de Colombia, las últimas cinco décadas de violencia. Es la posibilidad de romper con los ciclos de conflicto armado y proyectar un futuro de dignidad y una mejor calidad de vida. En este sentido, la trilogía verdad, memoria e historia es el núcleo central de la Comisión, pues si bien se propone revisar la historia, debe involucrarse además en las nuevas narrativas históricas fundadas en la memoria colectiva (Gómez, 2017). De esta forma, la memoria y la historia son elementos centrales en la aproximación a la verdad incluyente que refleje a la sociedad en su conjunto.
De acuerdo con Diana Marcela Gómez (2017, p. 7), la Comisión posee cuatro potencialidades: (1) el estudio de lo ocurrido en el marco del conflicto armado, (2) la invitación a un diálogo nacional, (3) la contribución a un proceso de sanación colectiva y (4) la profundización de un proceso de transformación. Estos resultados serán posibles si la Comisión, más allá de ejecutar sus funciones de publicación de resultados en forma periódica trasciende su labor hacia la integración de sus ámbitos de acción para la sociedad en su conjunto. Esto posee especial significación si se tiene en cuenta que, aunque en el pasado se establecieron en el país diferentes tipos de comisiones para estudiar los distintos momentos de la violencia (Zuluaga Aristizábal, 2015), en esta ocasión se considerarán dimensiones novedosas como la territorial y la perspectiva de género y, lo que es esencial, se deriva de un acuerdo de paz. Esta responsabilidad que asume la Comisión generará diversidad de tensiones. Desde su misma concepción se plantearon opiniones contrarias y a partir de su funcionamiento formal en noviembre de 2018, sin duda se multiplicarán: “[…] la Comisión de la Verdad tendrá que escucharlos a todos, y atribuir responsabilidades históricas no será una tarea bien recibida” (Semana, 08/04/2017).
El 9 de noviembre del 2017 se anunció la conformación de la CEV con el objetivo de aproximarse a la “verdad no judicial sobre los hechos más atroces ocurridos durante el conflicto armado colombiano” (El Tiempo, 09/11/2017). El órgano encargado de su elección fue el Comité de Escogencia, integrado por José Francisco Acuña Vizcaya, designado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Diego García Sayán, designado por el secretario general de las Naciones Unidas, Claudia Vacca, designada por la Comisión Permanente del Sistema Universitario del Estado, Álvaro Gil Robles, designado por el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y Juan Méndez, designado por la delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional, quienes también hicieron parte del proceso de selección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la JEP, organismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
Para llevar a cabo el proceso de escogencia, se tuvo en cuenta la equidad de género, la diversidad étnica y cultural, y la transparencia y participación ciudadana,
