Desde julio de 2003, cuando el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) fue aumentado a 250 pesos luego de haber estado congelado en 200 pesos durante diez años, se produjo una mejora significativa en el cumplimiento del objetivo de establecer un piso salarial no inferior al ingreso requerido para cubrir el costo de la canasta básica total (CBT). El SMVM fue incrementándose desde julio de 2003 hasta alcanzar casi el quíntuplo (980 pesos) a partir de diciembre de 2007; es decir que mientras cubría apenas el 30% de la CBT; el SMVM pasó a cubrir el 108% de la CBT a fin del período analizado (Basualdo, 2008).
Asimismo, el crecimiento promedio de los salarios nominales desde la salida de la convertibilidad fue superior a la inflación, aunque la característica distintiva fue la evolución dispar entre los distintos segmentos de trabajadores. Mientras que el empleo formal privado triplicó su salario nominal promedio desde la salida de la convertibilidad; el empleo no registrado y el público no llegaron a duplicar los salarios nominales promedio y se encontraron sensiblemente por debajo del promedio general. Los ingresos de los diferentes grupos de trabajadores se recuperaron en términos nominales después de la crisis de 2001. Sin embargo, en un contexto caracterizado por una inflación sostenida y creciente, el análisis relevante se centra en el poder de compra de los ingresos (CENDA, 2007. 2). Los ingresos nominales de los trabajadores crecieron un 78% entre el tercer trimestre de 2003 y el último trimestre de 2006. Esta cifra pasa al 70% si se excluyen los ocupados a través de planes sociales, ya que debido a la caída de su participación en el empleo total, el peso relativo de este grupo de bajos ingresos se reduce en el ingreso total. En el mismo período, los precios de los bienes de consumo se incrementaron en un 30%, de manera que los ingresos crecieron, en términos reales, un 37% (30% si se excluyen los receptores de planes sociales). Este crecimiento, sin embargo, no resultó suficiente para recuperar los niveles de ingresos vigentes en octubre de 2001. Por otro lado, según un informe del Observatorio de Derecho Social de la CTA (2007: 23) durante el segundo trimestre del año, el MTEYSS homologó 229 negociaciones, divididas en 195 acuerdos salariales (85%) y 34 modificaciones de convenios colectivos de trabajo (15%). En los acuerdos con diferentes gremios se acordaron incrementos salariales que fueron entre un 14% y un 23%.
En segundo lugar, los incrementos de las asignaciones familiares para trabajadores formales (AAFF), prestaciones en dinero, de carácter no remunerativo, cuyo pago se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones que varían según el tipo de asignación de que se trate. Las AAFF se circunscriben a asalariados formales y funcionan bajo una lógica de seguro social, quedando excluidos de su percepción aquellos sectores pertenecientes a la economía informal, cuentapropistas, autónomos o monotributistas, desempleados no receptores del seguro de desempleo (por ejemplo quienes reciben planes sociales), trabajadoras del servicio doméstico, personas privadas de libertad, migrantes, y quienes se encuentran afectados en su salud mental en una institución al efecto.
En materia de AAFF, cabe recordar que no se alteraron las modificaciones realizadas en este instrumento durante la década del 90 donde se reconocieron menos situaciones de contingencia pasibles de cobertura, al pagar dichas asignaciones según el nivel de ingresos del asalariado.[12] Esta modificación alteró la propia naturaleza del instrumento en tanto se vuelve dependiente de la propia política salarial, al tiempo que no se modificaron las deducciones por responsabilidades familiares del impuesto a las ganancias (Pautassi, 2009a).
Durante 2007 el gobierno incrementó las AAFF por hijo/a, prenatal e hijo/a discapacitado y modificó las escalas y tope salariales, lo que en promedio representa para estos conceptos un aumento del 40% (Pautassi, 2009a). Si bien resultan importantes los aumentos para la población receptora de AAFF, cabe señalar que este tipo de medidas continuo poniendo el acento en el sector asalariado formal, dejando por fuera a los sectores desempleados, informales y demás grupos que carecen de una relación laboral formal de trabajo, generando fuertes inequidades, situación que posteriormente, hacia fines de 2009 transformará la AUH. En este sentido, es importante recordar que el sistema de AAFF fue pensado para una sociedad cercana al pleno empleo y bajo la idea de protección para el trabajo asalariado formal.
De hecho, si se consideran los efectivos destinatarios de esta política, que son las personas menores de edad, se hace necesario aclarar que hacia 2007 (y por lo tanto previo surgimiento de la AUH), las AAFF alcanzaban únicamente a 2.977.077 de los hijos de empleados en relación de dependencia y a 110.000 hijos de jubilados y pensionados.[13] Estas cifras significan que, en relación a la cantidad de niños establecida en el censo de 2001, más del 70% de los niños de este país no eran cubiertos por esta política. Si bien el objetivo de este instituto no fue cubrir directamente a los niños sino el crecimiento y expansión familiar del trabajador asalariado formal, no hay razón por la cual un niño/a cuyo padre o madre se encuentran por fuera del mercado formal de trabajo, como cuentapropistas o como receptor de un programa social no pueda ser alcanzado por la política pública. Sin ir más lejos, si se lo compara con los sectores que reciben PTCI como el PF o más aun con el PJJHD que no contempla la cantidad de hijos, durante el período analizado un hijo de una madre receptora de dicho programa recibía por este concepto 30 pesos. En cambio, si el niño “tenía la suerte” de que sus padres tuvieran un trabajo formal, entonces estos podían llegar a percibir hasta 100 pesos por prestación.
Finalmente cabe señalar algunas cuestiones vinculadas con las transformaciones del sistema previsional. En términos generales a lo largo de 2007 el gobierno tomó diversas medidas en materia previsional que incluyeron aumentos de los haberes jubilatorios y modificaciones en el Régimen Previsional Público (RPP). Para 2007 la ley de presupuesto estableció un mínimo jubilatorio de 530 pesos, y un aumento para los restantes jubilados del 13%, como así también otro del 12,5% en los haberes en septiembre de 2007. La medida alcanzaba a 4.924.549 personas pertenecientes tanto al RPP como al Régimen de Capitalización (RC), los receptores de pensiones no contributivas y los ex combatientes de Malvinas. A raíz de esta medida, el haber mínimo ascendió de 530 a 596,25 pesos y el máximo pasó de 3.888 a 4.374 pesos. Como gran parte de quienes cobran la mínima recibían un subsidio de 30 pesos del PAMI (son 218.000 quienes quedan al margen, por estar afiliados a otras obras sociales), para ellos el ingreso mensual sería de 626,25 pesos. En el RPP, que pagaba 4.627.813 jubilaciones y pensiones, la suba promedio fue de 82,40 pesos, ya que el ingreso medio pasó de 659,60 a 742 pesos. Para los 276.551 receptores del RC, el ajuste se aplicó sobre los componentes del haber que están a cargo del Estado: la prestación básica universal. Desde la implementación de esta medida, hasta el final de 2007, el costo fiscal de esta, según especificó ANSES será de 1.820,70 millones de pesos, que por mes significará una erogación de 404,60 millones de pesos.[14]
Por otro lado, desde el 12 de abril de 2007, por medio de la ley 26.222 se modificó el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, vigente desde 1994, manteniendo el carácter mixto del sistema, pero admitiendo el traslado, aunque restringido, entre uno y otro componente[15]y los indecisos serán tomados por el RPP; y se incrementó el porcentaje de la prestación por permanencia del componente público.
Además se estableció el 1% de comisión para las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), manteniendo la referencia del salario para la aplicación del mencionado porcentaje. Si bien la nueva norma incorporó otros aspectos, como la fijación de mínimos acumulados en cada cuenta para el traslado, no puso el énfasis en el eje del sistema –régimen mixto– dando por sentado la continuidad del sistema vigente desde el 1994 y que ha sido claramente cuestionado.
Los afiliados al RC, de acuerdo con datos oficiales, al 31 de octubre de 2007 eran 11 millones y los aportantes efectivos durante el mes de octubre fueron 4,5 millones. Del total de aportantes a las once AFJP que operan en el mercado, el 96% eran trabajadores en relación de dependencia. Por su parte, el RPP contaba con tres millones de afiliados y un millón de aportantes en el mes. Además, 800.000 adherentes al monotributo hicieron efectiva su contribución (Pautassi, 2009b).
Como consecuencia podemos advertir que la coexistencia de estos dos sistemas presenta a futuro un peligro de desfinanciamiento del RPP. Durante 2007 se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del RPP[16] a fin
