entonces vicepresidente de la Nación (Carlos “Chacho” Álvarez) el 11 de octubre de 2000, el alto nivel de “voto bronca” en las elecciones legislativas del 14 de octubre de 2001 y la implementación de llamado “corralito bancario” el 3 de diciembre de 2001. Todo esto estuvo acompañado por un contexto de recesión económica y el consecuente deterioro de las condiciones socioeconómicas y laborales (incremento exponencial de la pobreza e indigencia, del desempleo, de la precariedad e informalidad laboral, de la brecha entre los más ricos y los más pobres).
En la consigna “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo” quedaba reflejado el estado de ánimo de amplios sectores de la sociedad argentina, que planteaba un cuestionamiento a las instituciones y su funcionamiento, pero fundamentalmente a quienes actúan en y por medio de ellas. Entre otras cosas la sociedad vivió la debacle económica como un fracaso de la dirigencia política; es decir, como la incapacidad de los representantes para generar respuestas a las necesidades de quienes representaban. El “voto bronca” agrupó en las elecciones legislativas las altas tasas de votos en blanco y nulos (aproximadamente un 30% del total de los comicios). Este fenómeno representó el recrudecimiento del descontento de la ciudadanía fundamentalmente con relación a la oferta política y en algunos casos más en general con los partidos políticos y las instituciones tradicionales de la democracia representativa. Aquello que se denominó “voto bronca” no fue sólo una expresión aislada, sino que tuvo como correlato la proliferación de espacios de opinión donde la ciudadanía comenzó a plasmar su desencanto y su oposición a lo que luego comenzó a denominarse “vieja política” (Naishtat, 2005).
En el medio de los cuestionamientos generales a la clase política, a los mecanismos tradicionales de la democracia, a la dinámica política partidaria teñida por críticas de corrupción e ineficiencia, se presentaba el protagonismo de nuevas formas de participación de la ciudadanía y la participación de la sociedad civil a través de OSC en diferentes etapas de las políticas públicas como alternativa para salvaguardar la institucionalidad democrática.[7]
Así, aparecieron en la escena pública los cacerolazos como formas de protesta, asambleas vecinales a lo largo de todo el país, así como numerosos mecanismos autogestivos desde la sociedad civil que desde un costado más vinculado con la economía social intentaron hacerle frente a la dimensión económica de la crisis, al crecimiento de la pobreza, indigencia y al desempleo (trueque, empresas recuperadas, microemprendimientos, cooperativas de trabajo y/o abastecimiento, productoras de bienes y servicios, redes de consumo colectivo, entre otros).[8]
Dos modalidades de participación social, aunque de diferente formato, tuvieron gran envergadura y fueron contemporáneas a la crisis al surgir como espacios de propuestas de políticas públicas. Se trata de la iniciativa Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) y de la conformación Diálogo Argentino.
En el primer caso, como es sabido el FRENAPO fue organizado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), tras definir, entre 1999 y 2000, que el tema de la desocupación y la pobreza eran prioritarios para el conjunto de la clase trabajadora. Se concreta una propuesta de consulta popular sintetizando un conjunto de ideas en una consigna imbatible: “Ningún hogar pobre en la Argentina”. Entre el 14 y el 17 de diciembre de 2001; se llevó adelante una campaña de recolección de firmas donde se apoyaba la propuesta de implementar un seguro de empleo y formación de 380 pesos para cada jefe o jefa de hogar desocupado, la asignación universal de 60 pesos por hijo menor de dieciocho años para todos los trabajadores y la asignación universal de 150 pesos para personas en edad jubilatoria sin cobertura previsional. Varios miembros de la conducción de la CTA coinciden al considerar este hecho político como la iniciativa social más ambiciosa de los últimos tiempos, situando este acontecimiento como uno de los puntos más altos de acumulación de poder popular (CTA, 2006).
Cabe destacar que si bien ha sido denominada iniciativa popular o consulta popular, no se trato de ninguno de estos instrumentos constitucionales. Más allá de otros factores relacionados con el contenido de la propuesta, los actores que la convocaban como así también el momento político, es interesante preguntarse cuál podría haber sido el destino de la propuesta de haber sido planteada con el formato de iniciativa popular y cumplidos los requisitos para tener tratamiento obligatorio en el marco de la Cámara de Diputados de la Nación. Entre las cuestiones que se evalúan de manera positiva se encuentran el haber organizado esta experiencia popular para extender territorialmente una iniciativa social a lo largo de toda la geografía nacional, así como el haber sintetizado muchos debates e ideas en una consigna que expresaba una meta clara e incuestionable. Por otro lado, los testimonios de evaluación de los propios actores del FRENAPO confluyen al afirmar que la iniciativa formó parte de un proceso que quedó a mitad de camino; no se logró transformar los tres millones de apoyos en voluntad organizada aparentemente porque no hubo un plan para el día después, sobre todo por la proximidad con los sucesos del 19 y 20 de diciembre (CTA, 2006).
Cabe detenerse en la experiencia del Diálogo Argentino (DA), espacio de interrelación entre Estado-sociedad civil más relevante durante la crisis que tuvo directa relación con el surgimiento del PJJHD. Ya en diciembre de 2001 –antes de su renuncia– el ex presidente Fernando de la Rúa pidió colaboración a la Iglesia Católica y al PNUD para la constitución del Diálogo Argentino. El objetivo de tal convocatoria era la generación de un espacio común en el que pudieran congregarse distintos actores a fin de debatir y encontrar en conjunto los consensos necesarios para superar la crisis. Si bien esta convocatoria fue próxima a los sucesos del 19 y 20 de diciembre y, por ende, no pudo concretarse, el Diálogo se constituyó en una herramienta fundamental para el gobierno de transición de Eduardo Duhalde, electo por la Asamblea Legislativa el 1 de enero de 2003.
Con relación a los actores del DA, cabe recordar que la convocatoria fue realizada por tres actores principales: la Presidencia de la Nación (a cargo del presidente Duhalde), la Iglesia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por su parte, la Presidencia llamó oficialmente a la concurrencia al Diálogo Argentino. La Iglesia se ofreció como ámbito espiritual y animador de la concertación pacífica hacia la reanudación de los vínculos; en este sentido su concurrencia supuestamente aportaba una cuota de moralidad y credibilidad importante para la reconfiguración de las relaciones entre Estado y sociedad civil. El PNUD contribuyó desde la experiencia internacional y desde sus principios humanísticos (ligados a los derechos humanos, la paz internacional y el desarrollo social) aportando la experiencia profesional y la capacidad técnica para la organización, gestión, análisis y logística tanto en la conformación de los grupos de trabajo como en la producción de las alternativas y propuestas. Cabe aclarar que a pesar de que se presenta como un espacio de “innovación” y “recambio” no se trata de actores novedosos, sino que eran centrales en la escena política argentina: la propia Iglesia, la coalición gobernante justicialista y un Organismo Internacional (PNUD). Los convocados fueron representantes de diferentes sectores de la vida política, social, económica y cultural de la Argentina, incluidos los partidos políticos, empresas, sindicatos, grupos financieros, grupos del agro, OSC en general, instituciones religiosas y diversas figuras individuales.
El Diálogo Argentino pretendió convertirse en “el puente” de interconexión entre Estado-sociedad civil, aunque desde ya no estuvo exento de los problemas de representatividad que atraviesan otras instituciones. Aquellos que convocaron al DA, seleccionaron un conjunto de “interlocutores válidos” con quienes articular durante la crisis y aprovecharon principalmente las organizaciones con trayectoria pública, experiencia de interacción con el Estado y predispuestas a participar en este nuevo espacio. Desde sus comienzos, en el Diálogo fue protagónico el rol de OSC intermedias y confesionales y por instituciones religiosas por lo que la falta de inclusión de otros sectores debe ser tenida en cuenta en términos de decisión política (Diálogo Argentino, 2002a, 2002b).
En julio de 2002 la Presidencia de la Nación dejó de ser convocante, cuando ya había comprometido a la sociedad civil en la participación en los Consejos Consultivos. Desde ahí en adelante el Diálogo tuvo solo el componte no estatal en su interior, que a través
