lo señalan varios expertos, las corporaciones mantienen lazos cercanos con el poder mediático (Hallin & Mancini, 2008), otro elemento de crítica a la versión pluralista de la democracia que supone que actúan con objetividad y neutralidad. Este es un poder aparte, que cumple un fuerte rol ideológico (omite temas, resalta otros; genera tótems y tabúes) y es capaz de marcar la agenda nacional. Lo hace exhibiendo un sesgo procorporativo, antiestatista y contrario a los que violan «el orden» y que cuenta con los recursos como para elaborar narrativas sobre la base de esos sesgos, sobre todo en campañas.
El hecho que esté fuertemente concentrado en América Latina, que pocos medios tengan mayores audiencias radiales, televisas y de lectoría, los convierte en un actor todavía más formidable. Se trata de un «poder fáctico» dirigido por elites bien conectadas que forja un «compromiso de clase» (Blofield, 2011). Vía directorios cruzados, financiación y publicidad se forja una cercana relación con las corporaciones financieras y productivas que facilita hacer campañas rápidas en función a sus objetivos políticos electorales (Schiffrin, 2017).
La relación de compromiso entre el poder mediático y las corporaciones permite apoyarse en esta relación para «cargar las tintas» a favor o en contra de partidos y candidatos (Acevedo, 2017; Becerra & Mastrini, 2017). A ello se suma el hecho de que tenemos corporaciones que son dueñas de grandes conglomerados mediáticos (Barndt, 2014) o que pueden comprarlas o financiarlas.
Las corporaciones tienen los recursos y la capacidad para formar partidos, fenómeno que se está haciendo más frecuente en América Latina (Barndt, 2014, pp. 5-6), donde destaca el caso de Bucaram en Ecuador, Martinelli en Panamá, Kuczynski en Perú, Piñera en Chile y Macri en Argentina (Stefanoni, 2018; Castellani, 2018, sobre este último caso). Son gobernantes que ahora forma parte importante del giro conservador del continente.
Esta posibilidad también está abierta al crimen organizado, aunque suele limitarse al plano local para un mejor control de los corredores donde opera, pero no han faltado casos de «dictaduras de facto», como la de Noriega en el Panamá de la década de 1980 y la de Montesinos en el Perú de la década de 1990, en las que se manejaron las riendas del gobierno, en los últimos años de su gestión, desde los servicios de inteligencia.
Dado el compromiso entre elites individuales y corporaciones con los partidos que defienden mejor sus intereses (así lo manifiesten o no en las campañas), no es infrecuente que exista un superávit de fondos, es decir, que, terminada la contienda electoral, sobren fondos (Castells, 2009). Este hecho está regulado en algunos países y si no hay vigilancia efectiva puede derivar en corrupción4.
Como se ve, el despliegue de poder instrumental de las corporaciones en elecciones es tan fuerte como complejo y variado, así como pragmático y supeditado a sus estrategias de influencia cuando se forma un gobierno o, en algunos casos, cuando entran directamente a la política. Podrá ser un derecho que no puede ser conculcado, pero se trata de un derecho que da enormes ventajas, que opera en una zona gris, allí donde se borran las fronteras legales y el respeto a las instituciones, que se puede alejar rápidamente del espíritu ético y la letra del interés general la ley.
Concluimos que el mecanismo de financiación electoral es más importante que el binomio lobby-puerta giratoria, no solo porque se emplean más recursos directa o indirectamente, en dinero o especie, sino porque ocurre en un momento determinante, el inicio de un gobierno o al empezar un nuevo ciclo político, donde, de partida (salvo que no logren contacto con el partido de gobierno) las elites económicas han ganado (o van o pueden ganar fácilmente) espacios de influencia en altas esferas, en varias ramas (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y niveles (nacional, regional, local).
Es a partir de este momento clave de la secuencia de influencias que luego entran en acción más fácilmente los otros instrumentos una vez formado el gobierno. Sus influencias pueden llegar al punto que la(s) corporación(es) sugieren listas de técnicos o funcionarios de empresa y sus intermediarios para ocupar cargos, o que los partidos les conceden un ministerio como retribución a sus generosos aportes. Incidir en el proceso de nombramientos, sobre todo del aparato económico del Estado es clave. Ahí entra en acción la puerta giratoria. Igual sucede con el lobby. A su vez, la puerta giratoria facilita el lobby.
Aunque pueden darse casos en que la gestión de intereses puede activarse después, una vez formado un gobierno (activándose primero el lobby como mecanismo de inicio al proceso de acceso e influencia), en el caso de los donantes se facilita notablemente el acceso y la influencia porque la financiación crea una «deuda» que se cobra tarde o temprano, y tiene la doble ventaja de generar formas de influencia en por lo menos dos poderes, el Ejecutivo o el Legislativo5. Cuando las donaciones son ocultas o indirectas, sirven para horadar «túneles» ocultos que conectan los dos poderes, el privado y el público, y que se combinan con «puentes» oficiales (Oszlak, 2018, p. 19).
Esta visión de instrumentos de captura del Estado desde una perspectiva de tiempo político con énfasis en lo electoral se resume en la figura 1, que sintetiza las investigaciones de uno de los autores sobre la captura del Estado en América Latina desarrolladas en otra publicación (Durand, 2018).
La figura debe ser vista de izquierda a derecha para entender la secuencia. Empieza con las elecciones y sigue con los contactos y las decisiones.
Lo importante de la financiación electoral, en suma, es que inicia la secuencia de influencias con nuevos gobiernos y congresos. De esa manera, se teje una relación, un compromiso que luego condiciona o determina formas de influencia sobre el Estado basadas en otro tipo de instrumentos que pueden ser complementarios o alternativos. Estos instrumentos son la puerta giratoria, importante cuando comienzan los nombramientos, el lobby (al Ejecutivo y al Legislativo), el soborno (a funcionarios públicos mayormente), los favores (a políticos con cargos directivos en el Ejecutivo y el Legislativo).
| Figura 1. Donaciones electorales y otros mecanismos de influencia en el ciclo político y de políticas públicas |
Conclusiones
En este capítulo hemos discutido, a partir de diversas fuentes, la problemática de la relación entre dinero y política, es decir, la manera como ingentes recursos materiales en la forma de donaciones de dinero, uso de infraestructura y donaciones en especie se canalizan hacia las campañas electorales para que los partidos políticos puedan financiar sus ingentes gastos.
Esta problemática se puede resumir de la siguiente manera:
En primer lugar, la financiación de campañas privada es un tema polémico. Si bien es considerada un derecho de todos, incluyendo a minorías selectas que concentran recursos materiales, es una forma de dejar que los partidos políticos funcionen sin mayor intervención de fondos estatales. Sin embargo, siempre queda la pregunta si acaso no es una forma de influencia que da privilegios a los grandes donantes.
En segundo lugar, la mayoría de los estudios discuten sobre todo la problemática de la falta de regulación o mejoras en el sistema de fiscalización del dinero en la política, pasando inmediatamente a proponer un conjunto de recomendaciones para mejorarlo.
En tercer lugar, se habla de financiación de campañas en general y, aunque admiten que los grandes donantes privados predominan en la financiación electoral, no existen mayores trabajos sobre ellos. Sin embargo, hay cierta abundancia de estudios sobre delitos electorales por parte del crimen organizado, fenómeno o problema que es particularmente serio en América Latina. Sobre este punto hay consenso.
En cuarto lugar, en América Latina la desigualdad es un factor estructural que condiciona fuertemente la financiación de campañas en la medida en que existe una extrema concentración de la riqueza que lleva a generar desigualdad de participación
