El dinero de la democracia. Francisco Durand

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multimillonario, porque dota de grandes recursos a los partidos, lo que, ceteris paribus, puede inclinar la balanza a favor del partido o candidato de su preferencia si sabe conseguir votos. Aquí la motivación es principalmente ideológica.

      Los demás individuos o grupos sociales actúan de igual manera, pero con la diferencia de que las mayorías están en otra situación: tienen más votos y menos recursos. Las elites, con menos votos y más fondos, pueden «comprar» políticos con preocupante frecuencia. Las masas cuentan más por votar por ellos, y a veces lo hacen por un candidato progresista o radical, o por quienes les hacen promesas de mejora inmediata y no falta el clientelismo, que es una forma perversa pero efectiva de atraer el voto popular.

      El gran poder económico se inclina preferentemente por los partidos con mayor posibilidad de victoria, pues de ello dependen las posibilidades de influirlos y hasta de capturarlos. La financiación de campañas de este tipo es pragmática. El objetivo de los grandes financistas, dada la creciente dependencia del capital por parte de los partidos, es establecer una relación cercana, en un alto nivel, con partidos y candidatos, con el fin de que los favorezcan o como «protección» para que no los afecten, en tanto la política es siempre incierta (Casas-Zamora, 2005). Y estas acciones dependen fuertemente de las posibilidades de victoria electoral para controlar el Ejecutivo y tener presencia en el Legislativo. Como el resultado de las elecciones no se conoce hasta el día de la elección y las corporaciones requieren influencia en varios poderes del Estado, pueden «apostar a varios caballos», prefiriendo al posible ganador, aquel que controla el Legislativo y el Ejecutivo.

      Pocos jugadores que disputan el manejo del poder tienen esta ventaja, que resulta claramente de la mayor capacidad material/organizativa y disponibilidad rápida de dinero de las corporaciones. Aun si pierden en sus apuestas, como tienen estrategias de influencia de largo plazo, mantienen relaciones con partidos y personajes que tienen presencia en el Legislativo, de modo que el dinero está bien invertido.

      Corporaciones

      Discutamos ahora en mayor detalle al actor principal: las grandes corporaciones.

      Empecemos citando a Barndt, quien, en un raro estudio sobre corporaciones y partidos en América Latina, confirma la gran importancia de los recursos, capacidades organizativas y redes de influencia de las corporaciones como activos en las elecciones:

      Las empresas (businesses) tienen acceso a financiación que puede ser usada discrecionalmente —especialmente ante la ausencia de regulación de campañas reguladas (Zovatto, 2011)— y por lo tanto puede proveer fondos de campaña y ayudar a los partidos a mantener presencia ante el público entre elecciones. Las empresas pueden compartir con los partidos oficinas (a nivel central y local) y redes de tecnología informativa. Las redes logísticas y de transporte pueden ser usadas para transportar a los candidatos y hacer campañas clientelísticas en todo el país. Las empresas emplean un abanico de personal especializado en materia legal, financiera y de publicidad que puede ser transferida al partido y brindar equipos talentosos para poder reclutar candidatos y nombrar funcionarios […] Más aún, las empresas controlan recursos que pueden ser usados para apelar efectivamente a los votantes de diversos estratos sociales. Muchas empresas son dueños de activos mediáticos y de marketing que pueden ser usados para fines políticos. Y, en el nombre de la filantropía o la «responsabilidad social corporativa», las empresas pueden distribuir bienes de forma parecida a prácticas clientelistas (2014, p. 7).

      Otra posibilidad es la de formar partidos en lugar de financiar a entes electorales de diverso grado de organización que están en búsqueda de fondos. Aquí estamos frente a casos un tanto excepcionales, pero que muestran cómo las corporaciones pueden desarrollar sus propias formas de acción política partidaria si se lo proponen gracias, sobre todo, a la enorme masa de recursos materiales y organizativos de la que disponen.

      Barndt sostiene que, a diferencia de los viejos partidos oligárquicos, los de hoy se apoyan en el mayor poder y la transformación interna de ese poder corporativo que hemos discutido líneas arriba:

      Hoy en día, los partidos corporativos son más bien creados en función a los activos de las empresas del siglo XXI, empresas que tienen sus propias instituciones financieras, gerencias de marketing, ventas, redes, cadenas logísticas y estudios de abogados. Por medio del redireccionamiento de activos hacia el partido político, las elites económicas han sido capaces, por fin, de reinventar una versión de los partidos conservadores que puede competir efectivamente en la democracia de masas contemporánea (2014, p. 6).

      Deben considerarse varias formas directas e indirectas, formales e informales, de apoyo corporativo a partidos o candidatos en campaña para entender las variantes tácticas de los donantes y la manera como juega a financiar las elecciones en el caso que donen a otros.

      Si el probable ganador es considerado «enemigo del sector privado», ello puede ser un incentivo para negar donaciones, organizar una campaña en contra, negative politics, o financiarlo. Si no dan señales de acercarse o aceptar donaciones para «crear una deuda», lo que acentúa el riesgo, threat factor, las corporaciones y los gremios empresariales de grandes empresas intervienen con todos sus recursos para oponerse vigorosamente a ellos activando su poder estructural, instrumental y discursivo. Al mismo tiempo, los grandes fondos empresariales, individuales y colectivos se vuelcan a favor de los rivales más cercanos del partido radical.

      Las corporaciones son organizaciones avanzadas con múltiples recursos que pueden realizar donaciones fácilmente, no solo en dinero sino en especie (locales, transporte, publicidad), aspecto que generalmente no es regulado.

      Estas poderosas organizaciones económicas que reinan en el mercado pueden ofrecer o brindar empleo a familiares de políticos en sus empresas e incluso, en casos menos frecuentes, a los propios congresistas se les puede «poner en la planilla» (nómina), a pesar de que incurren en abierto conflicto de intereses (si los descubren, pero la probabilidad de que ocurra es baja, porque la relación opera con un pacto de silencio). Los estudios de abogados utilizan una forma parecida para asegurar sus niveles de influencia y, a su vez, demostrar su efectividad ante sus clientes corporativos cuando colocan a los jueces en una planilla.

      Esta problemática del gran poder económico ha sido estudiada por expertos en captura mediática, también desde una perspectiva crítica, por dos razones:

      1 Una gran parte de los gastos electorales se invierte en medios de comunicación de masas y expertos en campañas (Castells, 2009, pp. 290 y ss.; Cárdenas & Robles-Rivera, 2018).

      2 Las corporaciones mediáticas pueden subsidiar a los partidos y candidatos dándoles «tarifas diferenciadas», créditos subsidiados, hecho que los convierte de facto en uno de los principales donantes en especie (OEA, 2011, p. 99; Casas-Zamora & Zovatto, 2012, p. 10; Barndt, 2014, p. 6).

      De este modo, las corporaciones mediáticas matan dos pájaros de un tiro: tienen utilidades extraordinarias y logran influencia con los partidos y candidatos favorecidos con este subsidio.

      Los costos de avisos en televisión, periódicos, revistas y medios no tradicionales representan un gasto muy fuerte: entre un 70% u 80% de los gastos, según algunos autores (Nassmacher, 2009, p. 167; Rivas, 2017, p. 275). No sorprende. Además, se necesitan fondos para pagar comunicadores, estrategas y encuestadores, todos profesionales de la comunicación, la publicidad electoral y la psicología política. Todos cobran tarifas muy altas, sobre todo cuando se contratan expertos internacionales. El lobby también ha dado lugar a un mercado

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