la Operación Lava Jato en Brasil, donde el monumental desfalco de Petrobras terminó alimentando las arcas de casi todos los partidos. Fue así también con el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, del cual, presumiblemente, cientos de miles de dólares fueron a parar a la primera campaña del presidente Juan Orlando Hernández. Lo fue, asimismo, con los casos de los conglomerados Penta y Soquimich en Chile, que develaron una trama de financiamiento ilegal y evasión fiscal que salpicó prácticamente a todas las agrupaciones políticas, incluyendo las campañas de la expresidenta Michelle Bachelet y del actual mandatario Sebastián Piñera. Y así fue, sobre todo, con la maraña del caso Odebrecht, cuyas ramificaciones se han extendido como una mancha por todo el continente. Cada uno de estos escándalos ha sido un trauma para la democracia en la región (párr. 2).
En realidad, como queremos demostrar, el tema de fondo no son las donaciones, sino las grandes donaciones, que se conocen poco o simplemente se desconocen o minimizan. Algunos casos emergen de vez en cuando, pero no tenemos una visión de conjunto. Este lado de la luna no se ilumina ni se explora porque todos los principales actores lo ocultan: gran parte de las grandes donaciones no se pueden identificar al no declararse, al camuflarse cuando los partidos reportan ingresos, al ocurrir como gastos de campaña pagados directamente por el donante, al ser objeto de entregas en efectivo a los candidatos, o en especie, o por ocurrir como financiación indirecta. Los grandes donantes y los partidos y candidatos receptores prefieren guardar silencio y los organismos reguladores no colaboran al ser poco eficaces y transparentes, o simplemente, desinteresados en regular a los partidos y a los donantes, hasta en algunos casos posiblemente capturados por los partidos para evitar fiscalizaciones.
Por lo mismo, debido a que se reconoce en América Latina (también en otros países) la centralidad del gran financiamiento privado de las elecciones —que se admite que se conoce poco por la falta de información confiable—, este es el aspecto central sobre el cual debemos empezar a reflexionar de manera más organizada e iniciar investigaciones, aunque sean aproximadas, que permitan echar luces sobre los bolsillos profundos que financian las elecciones.
Debemos empezar reconociendo no solo que el dinero participa e influye en las elecciones vía partidos que requieren financiar sus campañas a falta de otros medios, sino también el problema desde un ángulo complementario: desde la lógica del gran financista, la manera como ven las elecciones y la importancia que tiene para sus propios intereses esta actividad como una instancia que permite iniciar un proceso de influencia sobre el Estado. Es el dinero el que está en campaña.
Es como si tuviera vida propia, muy agitada, por cierto, porque circula por muchas manos y tiende a esconderse o camuflarse. A partir de esas donaciones se desata un complejo y organizado sistema de influencias que, muchas veces por la dinámica que da lugar la financiación al iniciarse un gobierno, sigue con el uso del lobby, la puerta giratoria, los favores y el soborno.
El tema no deja de mencionarse por varios autores, aunque no siempre es visto de manera crítica o reconocido como un factor determinante. En general, se reconoce que la financiación electoral masiva por parte de instituciones poderosas (poderes fácticos), las corporaciones, individuos y familias ricas sirven para o posibilitan el ejercicio de formas ventajosas de influencia. Se admite, al mismo tiempo, que este peso es mayor mientras más desigual sea el país, es decir, mientras más concentrada esté la riqueza (Casas-Zamora, 2005; Petrova, 2008; Posada-Carbó & Malamud, 2005). Pero ¿qué tanto peso tiene esta financiación?, ¿qué efectos de pacto o dependencia entre partidos y donantes existe? y ¿hasta qué punto conduce a la captura del Estado? Aquí es donde se notan las diferencias de enfoque. No todos se mueven en esta dirección o comparten estas implicaciones.
A partir algunos estudios, tanto internacionales como regionales, es posible encontrar ciertas constantes en los argumentos o estudios sobre el rol de los grandes donantes. La regla general es que financien a varios partidos al mismo tiempo en sucesivas elecciones. Solo actores con bolsillos profundos pueden estar en capacidad de hacerlo, lo que constituye una gran ventaja, que demuestra que «el terreno de juego» no está nivelado para todos los votantes y grupos sociales. Puede ocurrir además que se financien con fortunas particulares o corporaciones. En muchos países las corporaciones son «personas» y, por lo tanto, gozan de los mismos derechos, tema que ha dado origen a discusiones jurídicas sobre un exceso de protección legal a las corporaciones o empresas privadas.
El dinero amasado y concentrado como familia o empresa (o grupos de empresa, en el caso de los conglomerados) les da esta ventaja y lo pueden utilizar elección a elección. En el caso de las multinacionales, lo pueden hacer en varios países al ser actores globales. Estamos entonces frente a un problema que se manifiesta con particular intensidad en las «democracias de mercado», en las que la desigualdad socioeconómica (que se acrecienta en el Norte global) coexiste con la igualdad política de una persona, un voto (Cage, 2018; OEA, 2011, p. 68).
Dada la importancia de las elecciones en la formación de gobiernos, y el volumen de dinero corporativo que se vuelca a ellas como principal fuente de financiación, por vías regulares e irregulares, directas e indirectas, este factor es pues un elemento determinante del desnivelamiento del terreno de juego político (Argandoña, 2001b, p. 4).
Extrema riqueza
Los grandes donantes se encuentran en todas las latitudes, pero solo en cierto tipo de sociedades su peso es tal que llegan a ser definidos como «los dueños del país». Es el caso de América Latina (Carmona, 2002 y 2004; Majul, 1992; Malpica, 1968; Rangel, 1971; Reyes, 2003; Rosario, 1988; Traibel, 2008). Es en este continente donde el término «oligarquía» se asocia marcadamente, ayer y hoy, con la extrema riqueza y, por lo tanto, la desigualdad (Blofield, 2011; PNUD, 2017). Bajo estas condiciones, la política se convierte en un terreno desnivelado, además de conflictivo e impredecible (Cameron, 2018; Foweraker, 2018).
El dinero grande y los pagos en especie que se utilizan en las campañas está marcado por una fuerte opacidad (OEA, 2011, p. 70; OCDE, 2017, p. 154). El estudio de la OEA, luego de realizar una exhaustiva revisión de fuentes en todos los países, reconoce que pocos donantes con grandes fondos realizan los mayores aportes:
[...] una vez descontada la proporción cubierta por las subvenciones estatales, el financiamiento de las campañas electorales en América Latina recae, casi sin excepción, en círculos extremadamente reducido de donantes, sean personas físicas o jurídicas, reclutadas entre los círculos empresariales del país (2011, p. 95).
Esto ocurre, cabe remarcar, en países que tienen financiación pública directa o indirecta, tanto como en aquellos que no la tienen o donde es poco significativa. No obstante, la dependencia de los partidos sobre el capital es marcadamente mayor en países sin financiación pública directa electoral.
Por varias razones, la concentración extrema de la riqueza, aunada a la tendencia a tener sistemas multipartidarios de bajo nivel representativo —por el predominio de políticos con una cultura de aprovechamiento para aumentar sus ingresos y de votantes ganados clientelistamente, así como por la adopción de una cultura de hiperconsumo— hace que esta dependencia del capital por parte de los partidos esté muy acentuada en el continente2.
Cuando nos referimos al «capital», o a «empresarios», hablamos, sobre todo, de los principales donantes: las corporaciones, sean nacionales o extranjeras, y el crimen organizado. También nos referimos a los millonarios, personas o familias, cuando se trata de donaciones personales, quienes no dejan de estar vinculados a las corporaciones como accionistas o propietarios-gerentes.
Es tan fuerte esta dependencia, tan críticos los aportes de quienes tienen bolsillos profundos para partidos y candidatos (sobre todo conservadores o prosistema), que incluso en países con mayor clase media, como Uruguay y Costa Rica, el diagnóstico no cambia mayormente:
[…] los partidos aceptan la idea de que el financiamiento privado debe buscarse exclusivamente entre los grandes empresarios y que, por
