es la adquisición de grandes extensiones de tierra por extranjeros. El estudio de este fenómeno fue el objetivo del trabajo de Alicia Puyana y Agostina Costantino. Las autoras indagan, en particular, las características, volumen, ritmo y objetivos de las inversiones extranjeras al comprar terrenos en Argentina y Colombia. Los resultados de la investigación tienen relevancia y son preocupantes. Partiendo del estudio del origen de los inversores y de su capital, hacia qué países se dirigen las inversiones y con qué objeto o propósito invierten (producción de alimentos, materias primas como madera y cultivos para biocombustibles) las autoras concluyen que el acaparamiento de tierras a nivel mundial profundiza el tipo de inserción externa y el papel que tiene cada país en la economía mundial: como país industrializado o exportador de capitales, o bien como país con una estructura productiva dependiente de las exportaciones de materias primas.
En este segundo caso se ubican tanto Argentina como Colombia, dos países dependientes de la exportación de materias primas y de estructuras productivas altamente extranjerizadas como características principales de sus modos de desarrollo. Profundizando en estas características, los gobiernos de ambos países han llevado a cabo —en los últimos años— planes de desarrollo que buscan aumentar la producción y exportación de materias primas, y para ello han buscado incentivar la entrada de inversiones extranjeras que permitan financiar estos objetivos. Un país que cobra cada vez mayor importancia en este aspecto es China, cuyas inversiones se distinguen de las de otros países (como las inversiones de Adecoagro, Cargill, Dreyfus o fondos de inversión europeos) por su objetivo: además del propósito de elevar la tasa de rentabilidad de sus negocios en el extranjero —tanto por la producción como por la valorización de la tierra— los inversionistas chinos, públicos o privados, buscan con sus ganancias garantizar el aprovisionamiento de alimentos baratos para sostener los salarios industriales bajos en aquel país y que los productos manufactureros chinos conserven su competitividad a nivel internacional. Por otra parte, está su interés en diversificar sus inversiones y salir del mercado de capitales de Estados Unidos, ya que China es considerado un conspicuo tenedor de bonos de deuda pública estadounidense (Council of Foreign Relations, 2015).
En el mismo sentido, Eva Paus presenta un análisis del papel que la inversión extranjera directa puede jugar en la necesaria transformación estructural y el crecimiento de la productividad en América Latina. La autora señala clara y contundentemente que la aceleración de la productividad registrada en la región durante la última década, a diferencia de los años noventa, no se dio por el traslado de la fuerza laboral hacia actividades con mayor productividad, ya que esta se movió hacia la construcción, los servicios y las actividades económicas informales. Como se desprende de su estudio, el crecimiento no se sostiene si no hay cambio estructural hacia las actividades con potencial tecnológico y con exportaciones diversificadas. Se deben cumplir condiciones sinterizadas en la creación de capacidades innovadoras empresariales y sociales.
Desde diversos ángulos, todos los trabajos cuestionan, a partir de la estructura productiva actual y la composición, velocidad y dirección del comercio, cómo podría la región evitar la trampa de los ingresos medios. Para Paus la clave está en la capacidad de los responsables públicos y privados, de fraguar un pacto social que concilie los intereses del capital y del trabajo, y que se traduzca en políticas para elevar la tasa de crecimiento del país y en la mejora sustantiva del bienestar de todos. El desafío de implementar este pacto en la región más desigual, y no la más transparente del mundo, es de escala mayor, sin duda. La propuesta de Paus se apoya en tres pilares. Primero, nivelar los apoyos para las empresas nacionales, las que se encuentran en desventaja frente a las grandes transnacionales, mediante mejor coordinación entre entidades institucionales y organismos de promoción de la inversión extranjera. Segundo, negociar la ied con países más dispuestos a inducir a sus transnacionales a aumentar los vínculos y desarrollar las capacidades nacionales. Este propósito es controversial, pues implica, de hecho, modificar las reglas de la acumulación de capital. Tercero, definir nuevas políticas en los campos señalados y crear las instituciones adecuadas para tales propósitos. Eva advierte este punto y aclara que no toca los factores políticos de su propuesta.
Es interesante el aporte del capítulo de Esteban Pérez Caldentey en torno a la distribución del poder económico a nivel mundial y el papel de los distintos países en el proceso. Frente a las hipótesis alternativas existentes que sugieren, por ejemplo, que la región aprendió de sus errores pasados, o que confluyeron factores externos favorables o la emergencia de cambios esenciales en la geografía económica mundial a favor de la región, el autor plantea que el desempeño de América Latina en la primera década del siglo xxi responde, más bien, a los cambios en la localización geográfica de las actividades productivas de empresas transnacionales de los países desarrollados y en particular de empresas de los Estados Unidos hacia los países asiáticos, principalmente China. Estos cambios impactaron en la bonanza en los precios de las materias primas en esta década que permitieron suavizar el impacto sobre la restricción externa que padeció la región a raíz de la crisis financiera de los países desarrollados, la crisis del Atlántico Norte, en palabras de Ocampo (2015). Coincidiendo con las conclusiones de Puyana y Costantino, Pérez Caldentey sugiere que los países desarrollados no han perdido poder y preeminencia a nivel global y que la distribución de poder económico y político no se traslada hacia las economías emergentes y en desarrollo. Estas sugerencias parecen ratificadas por la crisis financiera que estalló en China en agosto de 2015 y las crisis de crecimiento que afectan a los denominados bricks (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Una de las consecuencias del tipo de acuerdos que hoy proliferan con actores extranjeros —como los que con frecuencia se negocian, aceptan y ratifican entre China y los países latinoamericanos— tanto en materia de adquisición de tierras (como en el capítulo de Puyana y Costantino) y de comercio, cooperación estratégica, inversiones o propiedad intelectual no solo tendrán importantes repercusiones económicas sino también políticas y en las relaciones internacionales. Algunos de estos efectos, no en relación con China sino con Estados Unidos, son los estudiados por Mariana Aparicio. La autora se pregunta por las posturas políticas en la arena internacional (en particular en la Asamblea General de las Naciones Unidas) de los países que tienen dependencia comercial y un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. La hipótesis que presenta Aparicio es que Estados Unidos utiliza el incentivo de entrar a su gran mercado como socio comercial para influir en las decisiones políticas de estos países en el contexto internacional. Estas resoluciones, y el apoyo de los países a Estados Unidos en los foros internacionales, resultan de crucial importancia, sobre todo desde el momento en que, como venimos mostrando desde los trabajos anteriormente comentados, China está pisando cada vez más fuerte en las decisiones económicas y políticas de los países donde tiene influencia, disputando el poder (o intentándolo) del país hegemónico del siglo xx por excelencia: Estados Unidos.
Los hallazgos de la autora muestran que los países dependientes del comercio con Estados Unidos manifiestan mayor afinidad en su política exterior, mientras que los países que tienen acuerdos de libre comercio, pero que no dependen comercialmente del país del Norte, no tienden a votar en relación a las posiciones de los Estados. La pregunta que surge ante esto es qué pasa con las decisiones en materia de política exterior de aquellos países con acuerdos comerciales con China.
Uno de los factores que habla de la persistencia de las posiciones periféricas de los países latinoamericanos y de la falta de cambio estructural en los mismos a pesar del dinamismo de su comercio internacional en el siglo xxi es la cuestión del aumento de la deuda externa. Francisco Cantamutto desarrolla en su texto los cambios en la política respecto de la deuda pública en Argentina durante los años del kirchnerismo (2003-2015). Según propone el gobierno argentino, se habría pasado a un periodo de “desendeudamiento”. El texto desarrolla los puntos de cambio encontrados (pesificación de la deuda, aumento de la tenencia por parte de organismos del Estado y reducción del peso en el pib), mostrando sus alcances e impactos. Sin embargo, resulta necesario, siguiendo al autor, mostrar las continuidades respecto a la etapa neoliberal, a saber: aumento del valor total de la deuda, validación de jurisdicción externa al país, no auditoría de la deuda, y reconocimiento
