Modelando el emprendimiento social en México. Группа авторов
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En el caso de México, millones de mexicanos permanecen atrapados en un sistema de informalidad que no garantiza el derecho a una vida digna, a ser tratados con igualdad, a tener acceso a la educación o a recibir servicios de salud, lo que conduce a situaciones de pobreza crónica. De acuerdo con el último resultado de medición de la pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2016), 43.6% de la población (que equivale a 53.4 millones de mexicanos) vive en condiciones de pobreza y 7.6% de la población (9.3 millones de mexicanos) vive en condiciones de pobreza extrema.
Si bien el país mantuvo tasas de crecimiento económico sostenidas durante la segunda mitad del siglo XX, este crecimiento ha sido incompatible con la reducción de la pobreza, como en muchos otros países del mundo. Esta realidad llevó a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) a crear, en el año 2000, los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que además de incluir como principal objetivo el combate a la pobreza, integró otros objetivos en materia de salud, medio ambiente y educación. Años después, tras la Cumbre de Río en 2012 y próximos al término del plazo establecido para los objetivos de desarrollo del Milenio, la ONU definió en 2015 un conjunto de 17 nuevos objetivos, más detallados que los anteriores: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SDG en inglés). Estos se centran en lograr la erradicación de la pobreza, acabar con el hambre extrema y hacer frente al cambio climático, entre otros problemas mundiales (Naciones Unidas, 2015).
Para entender y dimensionar el impacto que puede generar el ES en el combate a la pobreza y en la mejora de las condiciones de vida de un país, y para lo que nos ocupa en este libro, específicamente México, es importante tener presente hechos relevantes en la construcción y desarrollo de su modelo social. Para ello, este capítulo persigue un doble objetivo: por una parte, destacar importantes acontecimientos políticos, económicos y sociales en la historia moderna del país a partir de la década de los cuarenta, año que da origen al periodo denominado desarrollo estabilizador, también conocido como el “milagro mexicano”, identificando, en una línea en el tiempo, los espacios de participación del sector social en la economía; por otra parte, identificar la aparición de la responsabilidad social empresarial (RSE) definida como el conjunto de acciones que las empresas privadas realizan para mejorar las condiciones de vida, más allá de aquellas estrictamente exigidas por la ley.
El milagro mexicano (1940-1970)
A partir de 1940, en México empezó una etapa llamada el “milagro mexicano”, caracterizada por un crecimiento sostenido que dio lugar al cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada.
Los sexenios presidenciales dirigidos por un partido único tuvieron impacto en la economía, la política y la sociedad, que alcanzó su decadencia durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, teniendo como resultado movilizaciones sociales reprimidas y el surgimiento de la sociedad mexicana organizada.
El milagro mexicano fue la época de mayor resplandor de la economía mexicana. Este periodo que abarcó tres décadas, de 1940 a 1970, se caracterizó por un crecimiento sostenido de 3% anual del ingreso per cápita y de 7% del PIB (Lustig, 1998), sustentado en el modelo de sustitución de importaciones, que consistió en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera para satisfacer el consumo local por artículos de la misma naturaleza fabricados por la industria nacional. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en el eje del desarrollo económico. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial.
Durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) se estimuló la iniciativa privada y se incrementó el proceso de modernización del país con el desarrollo de diferentes proyectos ferroviarios y de infraestructura básica (Córdoba, 2009). Durante el sexenio de Miguel Alemán Velasco (1946-1952) se gestó un ambiente de “mexicanización” de la economía, la cual estableció barreras de entrada para las inversiones extranjeras (Cárdenas, 2003). Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) brindó austeridad económica y cuidado al tipo de cambio, lo que permitió la capitalización de las empresas y mantener las tarifas públicas menores a las prevalecientes en el mercado internacional (Turrent, 1999). Adolfo López Mateos (1958-1964) impulsó el proceso de modernización del país con la construcción de aeropuertos, redes telefónicas y vías ferroviarias (Córdoba, 2009).
El sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) fue el último de esta etapa de crecimiento sostenido. La política de desarrollo económico sustentada en la industrialización y modernización del país provocó la migración del campo a la ciudad, lo que llevó a que los mayores conflictos sociales y demandas se trasladaran del ámbito rural al urbano, transformando inclusive la composición geográfica del país; ciudades como Monterrey y Guadalajara se convirtieron en polos de desarrollo que atraían a los habitantes del campo a sus territorios. Mientras México lograba el crecimiento económico deseado, la ciudadanía buscaba crear instituciones que dieran respuesta a las demandas de una población cada vez más urbanizada y a los conflictos sociales que fueron surgiendo (Córdoba, 2009; Knight, 2001).
La sociedad civil se organiza
Estas instituciones, denominadas “organizaciones de la sociedad civil”, asumieron un papel preponderante para promover la participación ciudadana, logrando esfuerzos de vinculación con instituciones políticas. Ello las llevó a ser más protagónicas, particularmente en el ámbito de la ecología, los derechos humanos, la salud y los movimientos ciudadanos. Adquirieron diferentes nombres, tales como organizaciones de la sociedad civil, sector no lucrativo, tercer sector, organizaciones no gubernamentales e, incluso, organizaciones autónomas de promoción social y desarrollo (Brito y García, 1996, citado en Verduzco, 2001). Otros han denominado al tercer sector como el “sector emergente” (Salomon y Anheier, 1996). Sin embargo, David L Sills, en 1968, propuso la siguiente definición “estructural-operacional”:
El sector no lucrativo está formado por asociaciones o agrupaciones que comparten cinco características:
1. Que sean entidades organizadas, es decir, institucionalizadas hasta cierto grado.
2. Que sean privadas, o sea, institucionalmente separadas del gobierno.
3. Que sean entidades autónomas, es decir, con capacidad de controlar sus propias actividades.
4. Que no distribuyan entre sus asociados las ganancias obtenidas a partir de las actividades realizadas.
5. Que en estas entidades se realice actividad voluntaria, es decir, que integren con cierta significación la colaboración ad honorem de los ciudadanos.
Otras consideraciones para las organizaciones de la sociedad civil fue valorarlas en función de si son “progresistas” o de “desarrollo”, o meramente “asistencialistas” (Brito y García, 1996, citado en Verduzco, 2001). Lo que es un hecho y una característica de las organizaciones de la sociedad civil es que se proponen lograr un apoyo solidario al desarrollar actividades que ayuden a promover el bienestar y destinadas a impulsar el desarrollo humano en los campos de la educación, la salud, la cultura, la recreación, el deporte, la religión, la organización social y la política. Una hipótesis creciente del surgimiento organizado de