de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de derecho”.411 El Presidente Allende descalificó el acuerdo por facilitar “la intención sediciosa de determinados sectores” y carente de “validez jurídica”.412
El diálogo del presidente Allende con el presidente de la DC, Patricio Aylwin, promovido por el cardenal Silva Henríquez, fracasó en las dos oportunidades en que se intentó, poco antes del derrumbe de la democracia.413
Otro protagonista en esta hora crítica es el presidente del Colegio de Abogados, Alejandro Silva Bascuñán (1965-1974).
En su discurso ante la Asamblea Anual de la Orden en 1973, acusará los “atropellos” que sufría el Estado de derecho, destacando que la autoridad administrativa no proporcionaba el auxilio de la fuerza pública para darle imperio a las resoluciones judiciales, llevando al Colegio a emitir una serie de declaraciones condenatorias contra este estado de cosas.414 Otra acción en este sentido es la convocatoria a un conjunto de profesores de derecho constitucional para estudiar la procedencia de que el Congreso declarara la inhabilidad del presidente Allende. De acuerdo al profesor Jorge Guzmán Dinator, miembro de la instancia, el día 11 de septiembre se entregaba el informe final de este grupo, habiéndose llegado a la conclusión de que “efectivamente, se había producido una inhabilidad del Presidente de la República… de modo que el Congreso estaba en situación, de declarar su inhabilidad”.415
Para Silva Bascuñán se trata de una “actitud” del Colegio de Abogados que se inspira “exclusivamente en el deber de corresponder a su misión y estar a la altura”, “creyendo interpretar la voluntad de todos los abogados, cualesquiera que sean sus inclinaciones partidistas, y cuya formación intelectual y moral, emanada de sus estudios y afirmada en la experiencia, no puede menos de comprender que otros caminos no solo representan el fracaso de su vocación de juristas, sino la ruina de Chile”, 416 en medio “del quebrantamiento cada vez más claro y grave del orden institucional y legal”, como ha sido denunciado “constante y enérgicamente” por el Consejo General del Colegio de Abogados. 417
Bajo este contexto, y en paralelo a los hitos descritos, el joven profesor de la Facultad de Derecho UC, Jaime Guzmán, comienza a surgir como una figura nacional de la oposición. Estaba presente, en forma permanente, en todos los medios de comunicación social: televisión, radio y prensa escrita, denunciando diversos atropellos a las libertades públicas llevadas a cabo por la Unidad Popular, y pidiendo la renuncia del presidente Allende.418 Como sostiene Frontaura, “por su participación en los medios de comunicación, adquirirá una fama de polemista imbatible. Su aparición constante en ellos y la agudeza e inteligencia que mostrará en cada una de sus intervenciones será de gran utilidad, también, para la difusión del ideario gremialista”419. Destacará en los actos opositores más relevantes de oposición a la UP, como el “Paro de Octubre”, de 1972, convocado por todas las fuerzas opositoras a la UP;420 la intensa campaña contra el proyecto del Ministro de Educación de crear la Escuela Nacional Unificada (ENU), la cual fue calificada por la FEUC como “el más grave intento por implantar el totalitarismo en Chile”, entre otros. Desde Derecho UC, apoyará diversas iniciativas y declaraciones en defensa del Estado de derecho y en apoyo a la Corte Suprema, que, como hemos visto, en diversas ocasiones advirtió al gobierno sus procedimientos ilegales e inconstitucionales.421
El 11 de septiembre de 1973 encuentra a Jaime Guzmán en su departamento:
Ese martes 11 de septiembre de 1973 no desperté muy temprano… empecé a leer y subrayar la prensa, como lo hacía siempre a modo de preparación para el programa de Canal 13 “A esta hora se improvisa” en el que participaba todos los domingos. Pensaba asistir esa mañana a un desfile en la Alameda convocado por la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), que presidía el gremialista Javier Leturia… Durante la mañana, llegaron a mi casa muchos amigos. Querían celebrar el hecho… Almorcé solo y luego dormí siesta, como todos los días. Al despertar, a las 14.40, prendí de nuevo la radio justo cuando se anunciaba la rendición de La Moneda y se llamaba a embanderar las casas. Ahí me acordé de que, en vísperas de las elecciones presidenciales de 1970, una mujer húngara me había regalado una bandera chilena para desplegarla celebrando el triunfo de don Jorge Alessandri. A raíz de su derrota, la bandera permaneció en su mismo paquete, porque no quise usarla. Ese martes 11 la desplegué, mientras la Canción Nacional me emocionaba hasta las lágrimas y desde los edificios contiguos se oían gritos de ¡Viva Chile! Minutos después recibí el llamado telefónico de don Jorge Alessandri, quien me contó que Salvador Allende había forzado las cosas hasta la destrucción de La Moneda, tan querida para don Jorge. Me manifestó su alivio y complacencia por la intervención militar, que estimaba inevitable y me añadió el aún rumor de que el Presidente Allende se había suicidado. Esta noticia me impactó fuertemente. Imaginé que, así como tantos chilenos estábamos felices, otros estarían sufriendo. Y me recogí en silencio a rezar por estos últimos y agradecerle a Dios la liberación de Chile del comunismo, sentimientos encontrados, pero conciliables en la serenidad de la paz interior. Por eso, preferí pasar solo el resto de ese día.422
Existen diversas tesis acerca del quiebre institucional que se materializó dramáticamente la mañana del 11 de septiembre de 1973.423 Una de ellas, del politólogo Óscar Godoy, me parece que pone foco en uno de los aspectos fundamentales del camino a la Constitución de 1980. ¿Reformar o refundar nuestra institucionalidad? Para Godoy, la cuestión básica es identificar correctamente los esenciales constitucionales chilenos, esto es, “la idea de que, en las constituciones de 1833, 1925 y 1980 subyacen ciertos principios e instituciones mínimos, pero básicos, sin los cuales estos textos constitucionales no habrían existido ni guardarían las semejanzas que fácilmente encontramos entre todos ellos”. Se trata de una “metaconstitución” que “discurre a lo largo de nuestra historia como un continuo, a través del cual se expresa constantemente la identidad política del país”,424 la que son tanto sus bases fundamentales institucionales como sus prácticas políticas históricas,425 elementos que se hacen explícitos en el acto constitutivo mismo del régimen político que se da a sí misma una comunidad, emanada del poder constituyente que detenta el pueblo.426
Sostendrá que son esenciales constitucionales de nuestra tradición los principios de soberanía popular y el sistema representativo, la prioridad de los derechos y libertades individuales, el régimen moderado por la división de poderes y el Estado de derecho, y una vez estabilizados como normas rectoras de nuestra institucionalidad, fue posible observar cómo las cartas de 1833 y 1925 nunca contradijeron los esenciales constitucionales.427 Por el contrario:
Un fenómeno totalmente diferente fue el intento revolucionario de hacer borrón y cuenta nueva y substituir los esenciales constitucionales, largamente decantados en nuestra historia, por un nuevo régimen político y social, como ocurrió en la grave crisis política que terminó con el gobierno del Presidente Salvador Allende. Pues en este caso la radicalidad del designio desencadenó una reacción de retorno a esos esenciales, para encontrar en ellos el curso de la continuidad política del país… En el año 1973, en efecto, el proceso político se paralizó ante el dilema de optar entre la continuidad histórica del país o su ruptura. A nivel del consenso básico esto significó un intento de quiebre radical de los esenciales constitucionales. Un vasto movimiento político planteó la sustitución de esos esenciales por un nuevo modelo político y económico, cuyas bases eran enteramente distintas de aquellas del régimen político histórico. El efecto de este proyecto no se dejó esperar. De este modo, el proceso político, sacado de sus carriles tradicionales, asumió las características de toda revolución: sus protagonistas empezaron a actuar movidos por ella, incluso más allá de sus voluntades personales, en un escenario de conflicto extremo; la sociedad civil entró en una fase de disolución o anarquía; la legitimidad del poder gobernante se diluyó rápidamente y se produjo un enorme vacío de poder.428
