y asistencia humanitaria para los migrantes (Grupos Beta y los Oficiales de Protección a la Infancia).
Estos cambios en los ámbitos legislativo e institucional refuerzan la capacidad del Estado para proteger los derechos de los migrantes, ya que instituyen un conjunto de principios que deberían tanto prevalecer en la gestión de la migración, como fundamentar el diseño e implementación de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. No obstante, es sabido que el respeto y la protección de los derechos humanos no se agotan en las normas jurídicas, sino que estas se han de acompañar de mecanismos y prácticas que permitan ejercerlos y hacerlos exigibles. Por ello es importante no olvidar que el Estado —en su doble función de garante de la protección de los derechos al interior de su territorio y de actor principal en la definición, regulación y control de la migración— ocupa un papel central en el diseño y la aplicación de las políticas migratorias, motivo por el cual es el primer referente e interlocutor cuando se trata de discutir sobre el cumplimiento y las violaciones de los derechos de los migrantes.
Dado que con este nuevo marco legislativo e institucional se prioriza el respeto a los derechos humanos, con su aprobación se generaron expectativas sobre la modificación positiva de la política migratoria del Estado mexicano y en consecuencia en el trato que se da a las personas migrantes. Lamentablemente, la evidencia que constatamos a lo largo de estas páginas, muestra un panorama muy decepcionante en el que la distancia entre la legislación y renovación institucional y la realidad que viven los migrantes llevan a preguntas en torno a las capacidades del Estado, la eficiencia de sus instituciones, y la persistencia de prácticas que obstruyen el goce efectivo de los derechos.
Ante esta circunstancia merece la pena indagar si, y en qué medida, el cambio en el marco normativo ha modificado la situación para las personas migrantes; cuáles son realmente las condiciones que ofrece el país para su protección, así como acerca de la existencia o no de mecanismos e instancias adecuados para el ejercicio efectivo de los derechos plasmados en la ley.
Este libro aspira a ofrecer algunas respuestas a esas preguntas, por ello el análisis reúne reflexiones generales con estudios sobre circunstancias y grupos específicos. El volumen se compone de seis capítulos, todos elaborados por investigadores que en distintas etapas han formado parte de nuestro proyecto de investigación. El primero de ellos, “Enfoque de derechos humanos y migración”, de Sandra Serrano y Daniel Vázquez, expone el marco teórico general desde el cual podemos interpretar la situación de los derechos de los migrantes, ya que acerca el enfoque de derechos humanos y de la política pública con perspectiva de derechos humanos, al estudio de la migración y los migrantes. Este enfoque integra una perspectiva de empoderamiento del sujeto de derechos e insiste en la necesidad de instrumentar mecanismos de exigibilidad y promover una cultura de los derechos humanos que observe los estándares internacionales de los distintos derechos. Serrano y Vázquez subrayan las obligaciones del Estado (respetar, proteger, garantizar y promover), integrando elementos institucionales (disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad) con los principios de aplicación (núcleo de derechos, progresividad, prohibición de regresión, y máximo uso de recursos disponibles). Es un análisis que sirve de encuadre para comprender las necesidades y particularidades de las personas migrantes partiendo de los principios de universalidad, igualdad y no discriminación y, por lo tanto, nos ayuda a interpretar y dotar de contenido a los derechos humanos de estos grupos vulnerables. La propuesta de estos autores constituye así el preámbulo mínimo para establecer el marco teórico general desde el cual es posible reflexionar sobre el papel del Estado (tanto su andamiaje legal como el accionar de sus instituciones) en la protección y el acceso a derechos de las personas migrantes, así como en las violaciones a sus derechos humanos.
El segundo capítulo, “Protección e inclusión del extranjero en México: la institucionalización de los derechos humanos del migrante (2007-2016)”, reflexiona sobre el grado de institucionalización de los derechos humanos para los migrantes en México mediante el análisis de las denuncias interpuestas por la población extranjera ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las recomendaciones que se han emitido como respuesta a tales quejas. Desde su creación, la CNDH investiga y documenta abusos y violaciones a los derechos humanos y emite recomendaciones a las instituciones del Estado cuando se cometen. Respecto de las personas migrantes, la Comisión ha creado instancias especializadas en violaciones de derechos a migrantes y ha emitido tanto recomendaciones a nivel general como sobre casos específicos, además de informes especiales sobre la situación de los migrantes. Es por ello que esta investigación de Luis Alberto Peniche Moreno proporciona elementos muy valiosos para evaluar en qué medida se han producido avances en los mecanismos de protección/inclusión, así como para visibilizar los elementos de vulnerabilidad/exclusión que siguen presentes. El autor distingue dos periodos: 2007-2011 y 2011-2016, diferenciación temporal con la que propone marcar un antes y un después de la aplicación del nuevo marco normativo de la política y la gestión migratorias en México.
Para explorar los impactos del nuevo marco normativo e institucional sobre los migrantes, en el tercer capítulo, “Migrantes de tránsito: (des)Protección, exclusión y (no) acceso a derechos”, analizo el grado de acceso y ejercicio de los derechos humanos de los migrantes en tránsito por México, desde las percepciones y experiencias de las personas envueltas en estos procesos de movilidad. Como su interés principal es poner en relieve la percepción de los propios migrantes en torno a cómo son recibidos hoy por el Estado y la sociedad mexicanos, el análisis que presento en este capítulo descansa en las experiencias de los migrantes en relación con sus derechos humanos y los mecanismos que los protegen (derecho a la integridad personal, al debido proceso y el acceso a la justicia; derecho a la igualdad y no discriminación, garantía de derechos económicos y sociales como salud, vivienda, trabajo, alimentación, educación y promoción de derechos). Desde una perspectiva cualitativa y con base en entrevistas hechas a migrantes, se relata el modo en que estas personas perciben las circunstancias de su estancia en el país, se recogen sus opiniones sobre los procesos de gestión migratoria, el trato que reciben de las autoridades y la sociedad y, en general, sobre las facilidades y obstáculos a su inclusión social, además de que se muestran sus impresiones en torno a la persistencia de formas de discriminación y exclusión en razón de su origen nacional o étnico y su condición migratoria.
“Política migratoria y protección a población extranjera: el caso del riesgo por fenómenos naturales en el sur de México” es el cuarto capítulo de este libro. En este se discute la política migratoria del Estado mexicano relacionando la migración internacional y la protección ante riesgos por peligros naturales. El texto, escrito por Jesús Peña, constituye un aporte a la discusión del problema de los derechos de los migrantes, ya que, fuera de los estudios que analizan el cambio climático como causa de la movilidad humana, hay muy pocos trabajos enfocados en la prevención o atención a migrantes que se enfrentan a riesgos naturales. El análisis se focaliza en el Soconusco, Chiapas, una región caracterizada por la diversidad y frecuencia de amenazas naturales que impactan su territorio y por la diversidad y densidad de sus flujos migratorios. Este trabajo logra mostrar cómo la interacción entre estas dimensiones ha resultado en una desatención a la protección a población extranjera por parte de las autoridades de gobierno, lo que se puede atribuir a una falta de comprensión acerca de lo que son y cómo se generan estos desastres y el papel que juegan los migrantes en la construcción del riesgo. Por ello la propuesta del autor es ampliar el enfoque de seguridad humana de la política migratoria mexicana para incluir los riesgos derivados de los peligros naturales.
Los dos últimos capítulos del libro: “Del discurso a la acción en el derecho al libre tránsito para la población extranjera residente en México” y “Migración y acceso a derechos: una perspectiva analítica desde la realidad de los migrantes cubanos en México”, constituyen acercamientos a problemáticas específicas referentes tanto a ciertos derechos como a migrantes de algunas nacionalidades. El primero de los dos, elaborado por Ana Melisa Pardo, discurre sobre el derecho al libre tránsito y los problemas de su aplicación en los puntos de internación después de la puesta en vigor de la Ley de Migración de 2011.
