como forma de movilización, la Mesa abandera una visión del derecho que se construye diariamente, que busca efectos pedagógicos y desborda los confines impuestos por los mandarines de la justicia y de la academia45.
Abogar por la producción de conocimiento como forma de movilización y, particularmente, como forma de movilización legal, puede parecer paradójico por tres razones. Primero, el derecho no se considera un objeto sobre el cual se produce conocimiento propiamente hablando. Se espera que todas las personas conozcan las normas vigentes y puedan adecuar su conducta a ellas46. Contrario a otros fenómenos que no nos afectan o corresponden a los ciudadanos en general (no todos necesitamos saber cómo funciona un aparato de televisión para poder ver la televisión), el derecho se percibe como directamente involucrado en la construcción de la cotidianidad y, en consecuencia, como algo que requiere una perpetua simplificación. Segundo, la producción de conocimiento se considera una tarea apolítica y, en cuanto tal, a cargo de instituciones que puedan garantizar su neutralidad e imparcialidad a largo plazo47. Los movimientos sociales y las organizaciones que hacen parte de ellos no solo están necesariamente teñidos por sus causas, sino que tienen la transitoriedad que ellas implican: el movimiento no debe aspirar a ser eterno precisamente porque su triunfo supone su desaparición48. Finalmente, se supone que el conocimiento no “agrega” nada a lo que existe y en esta medida no cambia el derecho.
El trabajo de la Mesa, sin embargo, ha mostrado que la solución de problemas jurídicos en situaciones que no involucran a abogados sino a prestadores de servicios de salud, demanda densificar la información que habitualmente se transmite. A esta densificación, la llamamos conocimiento experto porque, por una parte, refleja una comprensión amplia y sofisticada del fenómeno jurídico y, por otra, permite la solución de problemas de una manera más efectiva que la que se deriva de una comprensión ligera o simplificada del mismo, pues está dirigida a construir capacidades institucionales y personales para generar el acceso al aborto legal.
Adicionalmente, aunque los desarrollos constitucionales del derecho al aborto en Colombia han sido muy importantes para el trabajo de la Mesa, pues la Corte Constitucional ha mostrado también cómo puede usarse el marco de derechos humanos para abordar el marco legal del aborto, el litigio no ha sido la principal actividad en su estrategia jurídica. Para la Mesa, la experiencia del litigio en salud, así como la presión del tiempo involucrada en un embarazo, no han sido razones para invertir demasiado en empujar a la Corte, como lo explicamos en el capítulo cuarto. Esta retirada del litigio, que dista de ser pasiva o reactiva, también puede ser instructiva para otros movimientos que pueden haber confiado demasiado en las posibilidades de cambio a través de las órdenes judiciales y hoy se enfrentan a fallos incumplidos, como es el caso de los presos y los desplazados en Colombia.
3. ASESORÍA LEGAL PARA LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO: UN TIPO PARTICULAR DE ACOMPAÑAMIENTO
Las organizaciones feministas tienen una trayectoria importante en el trabajo de acompañamiento a las mujeres para la garantía de sus derechos. Este acompañamiento se ha hecho con mayor o menor énfasis en los aspectos legales y, en general, sus efectos para mejorar la situación estructural de las mujeres son escasos, aún si algunos creen que las mujeres ganan por el simple hecho de que alguien con autoridad ratifique que tienen derechos49. La diferencia de la estrategia de la Mesa ha consistido en la importancia que le ha atribuido a la recolección sistemática y metódica de historias, datos y el énfasis que ha puesto en fortalecer las burocracias para lograr resultados dentro del sistema. Pocas organizaciones feministas entienden como parte de su trabajo la sistematización de datos; ni siquiera cuando hacen reportes sombra, le conceden al dato la importancia de ser fundamento para los argumentos. En la literatura revisada, no se encontró ningún caso donde la organización o grupo mostrara cifras sobre la cantidad o efectividad del acompañamiento. Todos los estudios de caso tenían carácter cualitativo. Adicionalmente, el trabajo en otros temas tiende a desconfiar de las posibilidades de las burocracias para “resolver” los problemas, debido a su propia naturaleza.
Como explicamos en el capítulo tercero, la Mesa ha abordado el acompañamiento de casos como una forma de intervención estructural en el sistema. Le interesan los datos por lo que significan para la incidencia ante el gobierno en la búsqueda de mejores políticas públicas, mayor control o sanciones y para el litigio ante la Corte Constitucional. Le interesa el trabajo con la burocracia —tanto de los funcionarios públicos como de quienes integran el sistema de salud— porque garantiza, a largo plazo, el acceso justo de las mujeres a un servicio por el que ya están pagando y porque asegura las transformaciones estructurales necesarias para sostener en el tiempo sus esfuerzos. Este modelo arroja, como veremos más adelante, una gran efectividad que otros no han mostrado, si bien no es claro cómo podría replicarse en otros tipos de casos.
4. LA MESA POR LA VIDA Y LA SALUD DE LAS MUJERES
La Mesa surgió en 1998 como una instancia de producción de argumentos y acción colectiva transdisciplinaria en torno al aborto. Reúne activistas feministas y académicas, así como personas y organizaciones ligadas a la prestación de los servicios de salud o al activismo feminista en áreas más amplias como el laicismo, la psicología y el derecho50. Así, por un lado, la Mesa es parte de un renovado interés de las feministas latinoamericanas por reclamar el derecho al aborto como uno de los derechos sexuales y reproductivos y un elemento central para el ejercicio de la plena ciudadanía de las mujeres, por ello, luchan por su despenalización total. Por otro, responde a las restricciones políticas del contexto colombiano y a la necesidad de implementar cambios sin poner en peligro el trabajo a largo plazo y silencioso de los prestadores de servicios de salud. Para ello, lucha por la implementación del aborto legal dentro de las causales reconocidas por la Corte Constitucional en el año 200651.
En efecto, la autodeterminación reproductiva y el aborto han sido uno de los puntos centrales en la agenda del feminismo de la tercera ola en América Latina52-53. Siguiendo las visiones radicales54-55-56, este feminismo ha sostenido que el control sobre el cuerpo de las mujeres —mediante la imputación de restricciones contra el aborto legal, por ejemplo— ha sido una de las herramientas más eficaces y refractarias del patriarcado para mantener un orden de género que subordina, excluye, margina o discrimina a las mujeres57-58-59. Una de las materializaciones más claras de esta priorización ha sido el surgimiento, en las últimas cuatro décadas, que coinciden con esa tercera ola del feminismo, de organizaciones, redes, campañas y consorcios que de distintas maneras buscan aportar al logro del objetivo de la despenalización del aborto. Entre ellas figuran: la Red de Salud de las Mujeres de América Latina y el Caribe fundada en 1984; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) y Católicas por el Derecho a Decidir, en 1987; la Campaña 28 de septiembre, “Día por la despenalización del aborto en América Latina”, 1990; y la Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos Sexuales (REDLAC), 199960. En los años 2000, empezaron a surgir otras formas organizativas que han abarcado ya no solo las redes feministas, sino también campañas o consorcios. La Campaña por una Convención Interamericana de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y la Articulación Feminista Marcosur (AFM), desde donde se promovió la campaña “Tu boca fundamental contra los fundamentalismos”, nació en el año 2000 igual que el Consorcio Latinoamericano por la Anticoncepción de Emergencia (CLAE)61-62; el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI) se fundó en el 2006; las formas organizativas temáticas más específicas como el Centro Latino-Americano en Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM), en 2002; y la Red Latinoamericana de Académicas del Derecho, Red Alas, en el 200663.
En Colombia, por otra
