2014); las elecciones y la corrupción (Hiskey, 2014; Zazueta, 2015); las elecciones competitivas y la calidad de los gobiernos municipales (Moreno-Jaimes, 2007); las irregularidades en elecciones locales (Cantú, 2014), la manipulación electoral y la participación electoral (Simpser, 2012), y los congresos locales (Magar, 2012), entre otros.
Además destaca el número creciente de tesis de maestría y doctorado dedicadas a tratar la política subnacional con temas como voto económico y rendición de cuentas (Bauer de la Isla, 2012); competencia electoral y desempeño gubernamental (Moreno, 2005); equilibrio de poderes (Gutiérrez, 2014); descentralización y la gobernanza democrática (Selee, 2006); la desigualdad y la democracia local (Valdez, 2002); selección de candidatos y competitividad (Arrazola, 2014); proceso presupuestal subnacional (Sleman, 2014), y propaganda en elecciones estatales (Sánchez, 2014), entre otras.
Hay publicaciones oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (ifai) que contienen artículos de destacados autores sobre problemáticas del nivel subnacional (Ríos Cázares y Cejudo, 2010; Cejudo, 2011; Villanueva, 2014). Finalmente vale referir algunas de las encuestas que por primera vez proporcionan datos subnacionales, tarea en la que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi) se ha encargado de retratar la institucionalidad. En primer lugar destaca la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (envipe) en la que es posible acceder a información de la distribución porcentual de los principales problemas en las entidades federativas: inseguridad, desempleo, pobreza, aumento de precios, salud, corrupción, educación, narcotráfico, falta de castigo a delincuentes, escasez de agua, percepción sobre inseguridad, y percepción del desempeño de las autoridades.
Otros instrumentos son el Catálogo Nacional de Indicadores (cni) con diversos subsistemas, y donde el de gobierno reporta datos de estructuras organizacionales, recursos humanos, recursos materiales e infraestructura, seguridad pública y justicia, y percepción sobre seguridad pública; los Indicadores de Bienestar por Entidad Federativa del inegi /oecd ofrecen una muy amplia y rica variedad sobre accesibilidad a servicios (de salud, hogares con banda ancha, básicos), educación (niveles de educación, deserción escolar, habilidades de los estudiantes), balance vida-trabajo (satisfacción con tiempo para ocio, empleados trabajando muchas horas), ingresos (Gini del ingreso disponible de los hogares per cápita, ingreso equivalente disponible de los hogares, tasa de pobreza, tasa de pobreza extrema), salud, satisfacción con la vida, seguridad (tasa de homicidios, confianza en la policía, percepción de la inseguridad, tasa de incidencia delictiva), empleo (tasas de ocupación, de desempleo, de informalidad, de condiciones críticas de ocupación), vivienda, y compromiso cívico y gobernanza (participación cívica y política, participación electoral, confianza en la aplicación de la ley, percepción de ausencia de corrupción en el sistema judicial). Desafortunadamente se encuentran en construcción, de manera que aún no están disponibles todos los indicadores de bienestar para las entidades federativas.
Entre las fuentes de datos subnacionales más relevantes se encuentra el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013 con información sobre administraciones públicas municipales con mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, con programa anticorrupción y con mecanismos de participación y/o consulta ciudadana por entidad federativa. Le sigue la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de 2014 con datos sobre los problemas más importantes por entidad federativa, percepción sobre corrupción por sectores, gobiernos estatales y municipales. A lo anterior se suman los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A. C. (imco), el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (cidac) y otros que proporcionan algunos datos por entidad federativa.
Con lo expuesto hasta aquí se advierte el incremento de los esfuerzos académicos, gubernamentales y sociales tanto públicos como privados para generar y analizar información confiable en dos grandes ámbitos: por un lado, la percepción de la sociedad mexicana en los estados sobre los principales problemas públicos en su entidad, sobre todo acerca de la inseguridad y la corrupción, y el acceso a la justicia, entre otros; por otro, se generan indicadores socioeconómicos básicos sobre salud, ingreso, empleo y desigualdad, entre varios más, que nutren la toma de decisiones y la confección de políticas públicas, junto con información sobre el desempeño gubernamental de todos los niveles de gobierno a partir del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2013.
Pero un ámbito en el que recién se ha comenzado a producir datos e información a nivel estatal tiene que ver con la esfera política más allá de las elecciones, esto es con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, la relación de poder entre estos y con otros agentes como los medios de comunicación, los partidos y los órganos de control encargados de vigilarlos (Magar, 2012; Kerevel, 2015; Schatz, 2011; Olvera, 2010). También hay información limitada sobre la tarea fundamental de los gobiernos de solucionar los problemas públicos a través de políticas públicas, y en qué consiste la influencia que sobre el diseño, implementación y evaluación de estas últimas tienen los actores sociales y políticos, como la Iglesia, los empresarios y los medios de comunicación. El presente libro ambiciona a contribuir para llenar este vacío, que al final permite entender la democracia como un intrincado conjunto de relaciones de poder en las que se articulan o enfrentan las visiones e intereses de actores públicos, privados y sociales respecto de lo público, sus problemas y sus soluciones.
En suma, la creciente dedicación gubernamental a la generación de datos e información confiable sobre las entidades federativas, junto con el florecimiento de los estudios políticos que abordan la problemática estatal, muestra ante todo una enorme preocupación por lo que pasa en los estados, y su repercusión en el conjunto nacional.
Las encuestas de expertos como estrategia de operacionalización
Las cuestiones de conceptualización y medición han sido poco abordadas por la literatura reciente sobre regímenes subnacionales. Varios trabajos han destacado la existencia de “autoritarismos subnacionales” al interior de regímenes nacionales democráticos, pero en general han sido apenas claros acerca de la definición conceptual que adoptan para describir a tales regímenes como autoritarios y de la definición operacional que utilizan para afirmar si una determinada provincia o región es autoritaria o democrática.
Este libro presenta los resultados de una relativamente novedosa y cada vez más empleada estrategia de medición: la encuesta a expertos. La Eepemex tiene como precedente la “Encuesta de expertos en política provincial argentina” (Eeppa) (Gervasoni 2010a), que se realizó en 2008 en las 24 unidades subnacionales de ese país (23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires).[2] La estrategia de operacionalización de ambas encuestas partió de tres decisiones metodológicas: 1) en lo conceptual entiende a los regímenes subnacionales menos democráticos como “híbridos” más que “autoritarios”, esto es, como combinaciones complejas de rasgos democráticos y autoritarios, similares a los regímenes nacionales descritos como “democracias iliberales” (Zakaria, 1997), “autoritarismos competitivos” (Levitsky y Way, 2002), “semiautoritarismos” (Ottaway, 2003) y “autoritarismos electorales” (Schedler, 2006); 2) en términos de la estrategia de medición, se optó por indicadores subjetivos o basados en percepciones, en parte por la amplitud de aspectos de la democracia que son posibles de medir de esta forma, y en parte por su especial aptitud para documentar las sutiles formas en que la democracia es restringida en los regímenes híbridos (las percepciones que se utilizan son las reveladas por los expertos en la política de cada una de las provincias o los estados, quienes por definición conocen aspectos que a menudo escapan al observador externo),[3] y 3) respecto de la confiabilidad de la medición, se consultó a varios expertos en cada provincia/estado, lo cual da pauta para calcular medidas estadísticas de “acuerdo inter-observador” (inter-observer o inter-rater agreement) y mejorarlas aumentando el
