los estados con menos entrevistados fueron el Distrito Federal y Baja California Sur (con cinco en cada uno, pero que por la uniformidad de sus respuestas no implicaron más búsquedas); mientras que el estado con más entrevistados fue Quintana Roo con diez. La media por estado fue de 7.3 y hubo una mediana de 7.
d. Trabajo de campo. La encuesta argentina fue realizada por un equipo de cinco personas (las mencionadas en la nota al pie 8, más el autor del cuestionario), el cual completó la primera etapa del trabajo de campo en poco más de tres meses (del 22 de abril al 30 de julio de 2008). Después de la codificación y procesamiento de estas encuestas, y de llevar a cabo el análisis de acuerdo entre los expertos de cada provincia, se puso en marcha la segunda etapa de trabajo de campo en las nueve provincias mencionadas arriba (del 20 de octubre al 13 de noviembre de 2008). El 81% de los expertos que se contactaron accedió a ser entrevistado. La mayor parte del 19% restante correspondió a personas que no se consideraron capacitados para responder, o que se hallaban de viaje o estaban enfermos. El autor capacitó a los encuestadores en cuatro reuniones que consumieron aproximadamente catorce horas.[12] La encuesta mexicana involucró a quince entrevistadores[13] y una coordinadora de campo, quien además contó con el apoyo administrativo de la Flacso México. Aunque los entrevistadores estaban familiarizados con las técnicas de interrogación, se cumplimentaron reuniones de información y capacitación. El trabajo de campo se realizó entre el 11 de noviembre de 2012 y el 21 de enero de 2013, pero como además de los cuestionarios contestados cara a cara se aceptaron otros que se remitieron por correo, se recibieron cuestionarios incluso durante los meses de febrero y marzo de 2013.
e. Administración del cuestionario. Todos los entrevistados de la Eeppa recibieron un correo electrónico en el que se les solicitó una entrevista explicándoles la naturaleza del proyecto, las razones de su selección, la importancia de su participación, y el anonimato de sus respuestas. Para alentar la participación en una encuesta que es larga, exigente y en ocasiones tediosa, se ofreció a los expertos un pequeño regalo (uno de varios libros sobre temas políticos adquiridos para ese fin) y el envío de un informe con los principales resultados de la encuesta apenas estuvieran disponibles. Las entrevistas se realizaron en lugares y horarios convenientes para los expertos. Sus respuestas se registraron en cuestionarios de papel, evitando así el a menudo perturbador grabador. En el caso mexicano, también se hizo contacto previo con los expertos por correo electrónico y/o por teléfono para explicarles la naturaleza del ejercicio; a quienes lo solicitaron, se les extendió una constancia, y los informes y datos han sido públicos desde la primera integración de información. Como ya se apuntó, algunos cuestionarios se enviaron y recibieron vía correo electrónico, previo contacto cara a cara, o telefónico, con el entrevistado.
f. Control de calidad y codificación del cuestionario. Las respuestas de los expertos a las preguntas cerradas fueron consideradas como los códigos definitivos. Sin embargo, en los casos en que el experto se negó a elegir una de las categorías de una pregunta cerrada, se utilizó la información brindada en la pregunta abierta asociada para asignarle un código. Si esta pregunta tampoco fue respondida, el ítem se codificó como un valor faltante. En el caso mexicano se siguió el mismo procedimiento, pero por el volumen de entrevistas y el número de entrevistados, se siguieron distintos procedimientos de verificación de la información proporcionada por los expertos, codificada y capturada en sistema.[14]
El cuadro I.1 presenta algunos detalles de la Eeppa y la Eepemex en forma comparativa.
Pautas y variaciones en el mosaico subnacional
Este libro reúne catorce estudios sobre política subnacional. De ellos, solo uno hace una comparación, en este caso de la democracia en su sentido más amplio, entre unidades subnacionales de dos países, México y Argentina, en tanto que el resto contrasta diferentes aspectos de los procesos políticos y de gobierno en los estados de la república mexicana. Los trabajos abordan diferentes temáticas utilizando muy distintas fuentes de información entre las que siempre figura al menos un indicador extraído de la Eepemex.
En el primer capítulo de este volumen, Carlos Gervasoni examina qué tan democráticos son las provincias argentinas y los estados mexicanos, buscando algún patrón reconocible en sus variaciones. Con base en la operacionalización del concepto de democracia que puso en práctica en la Eeppa, retomada para la Eepemex, Gervasoni distingue diferentes dimensiones sobre las que hace su exploración empírica. Con dos indicadores de limpieza en las elecciones, no identifica ninguna unidad subnacional ni en Argentina ni en México con prácticas de fraude electoral “tradicional” generalizado, aunque para la cobertura política de los medios de comunicación local, encuentra mucha mayor variación, con entidades con televisoras y prensa muy oficialistas, como Formosa, San Luis y Jujuy en Argentina, y Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz en México. En la subdimensión de participación, las provincias argentinas no presentan problemas ni con el registro de votantes ni con la proscripción de eventuales contendientes, mientras que en el caso mexicano, si bien no hay restricciones en el padrón de electores, en Baja California y Tabasco hubo testimonios de exclusión de posibles candidatos. En Argentina, con excepción de una provincia, los ciudadanos gozan de niveles significativos de libertad de expresión, lo que no sucede con los empleados públicos de ese país, que prácticamente en la mitad del territorio experimentan limitaciones. En México, por su parte, la situación es peor en ocho estados que experimentan limitaciones a las libertades de expresión de la población en general y de los empleados públicos en particular, destacando Chiapas por su situación de restricción relativa extrema. Los checks and balances son igualmente deficientes en ambos países, aunque peores en México, pues solo el estado de Jalisco parece contar con un control judicial y legislativo del gobernador de efectividad razonable, lo cual contrasta con las dos provincias argentinas en que esto sucede y las otras seis en que no existe control o bien judicial o bien legislativo del gobernador, pero no de ambos a la vez.
En las dimensiones de represión y discriminación, una vez más, las democracias subnacionales mexicanas delatan menor calidad respecto de las argentinas, pues mientras en el país conosureño ninguna provincia calificó por debajo de ambas categorías intermedias a la vez, en México dos entidades, Chihuahua y Jalisco, lo hicieron, en tanto que varios estados más mostraron precariedad en una de ambas mediciones. Finalmente, en la evaluación más general y abstracta del grado de democracia subnacional en ambos países, la media es más alta en Argentina que en México, pero la variación es mayor en el primer país. En suma, aunque las democracias subnacionales de ambas naciones parecen fuertes en participación, en varias unidades federativas se socavan en distintos niveles la competencia y la libre expresión, al tiempo que en su vida institucional acusan ausencia de “pesos y contrapesos” efectivos, que resultan su gran pendiente democrático.
Por su parte, Carmina Gutiérrez construyó un índice de poder de los gobernadores mexicanos en sus propios estados, para lo que utilizó cuatro indicadores de la encuesta a expertos. De este modo, Gutiérrez encontró que en Chiapas, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Tlaxcala y Jalisco existían los seis ejecutivos locales más débiles, en tanto que en Nayarit, Sinaloa, Estado de México, Quintana Roo, Coahuila y Puebla figuraban los más fuertes. Y al buscar los determinantes de estos diferenciales de poder, concluía “que el aumento en la competencia política incide con mediana intensidad en el poder que tienen los gobernadores en México y por otro lado, las reglas de la separación de poderes no lo hacen en ninguna medida”.
En el trabajo de Olmeda y Armesto, los autores se preguntan qué dimensiones de la relación entre ejecutivo y legislativo conducen al incremento del patronazgo político en los estados, y ponen a prueba dos explicaciones alternativas: por un lado, que “el patronazgo es impulsado por el poder del ejecutivo sin limitaciones por el Congreso”, y por el otro, que es “impulsado por el poder de la oposición legislativa en la negociación con el ejecutivo.” En sus modelos jerárquico lineales, introducen controles asociados
