vinculantes como puede ser el contenido de una ley o de una política pública, sino el desarrollo de todo tipo de procedimientos administrativos, legislativos o jurisdiccionales cooptados por las redes de macrocriminalidad.
¿Qué son los recursos políticos de los poderes fácticos?
En la medida que los factores reales de poder pueden ser cualquier fuerza social, en ellos cabe: un movimiento social, una empresa transnacional, un grupo de empresarios nacionales, un gobierno extranjero, la Iglesia, el crimen organizado, etc. Lo que hace diferentes a unos de otros son los recursos políticos que ostentan. Definiremos un recurso político como el mecanismo para influir en la toma de decisiones gubernamentales que implican diferentes niveles de interacción con el Estado. Podemos clasificar los recursos políticos en cuatro grandes categorías:
1) Los que provienen de la capacidad económica legal, como la inversión.
2) Los que surgen de la solvencia económica ilegal, como el pago de sobornos.
3) Los que emanan de los repertorios modulares y conforman la acción colectiva: marchas, mítines, ocupaciones, huelgas.
4) Los que resultan de la violencia: amenazas, desaparición, asesinato.
Algunos factores reales de poder tendrán determinados recursos políticos, y ciertos poderes fácticos contarán con otros. Por ejemplo, los movimientos sociales tienden a utilizar los repertorios modulares; los grupos empresariales cuentan principalmente con la inversión económica como recurso político; el crimen organizado suele utilizar la violencia. Esto no quiere decir que un mismo grupo no pueda utilizar diversos recursos. Por ejemplo, un cártel que tenga una fuerte base y legitimidad social, así como un poder económico puede utilizar los cuatro tipos de recursos políticos que mencionamos.
Además de los diferentes tipos de recursos políticos de diferentes poderes fácticos, deben también considerarse las estrategias desplegadas respecto al Estado. No es lo mismo realizar lobby para que se incluyan reivindicaciones de un poder fáctico en una ley, que incidir en la distribución de recursos de una política pública o bien controlar a una policía municipal o a un órgano de regulación. De esta manera, además de los tipos de recursos deben considerarse las estrategias de relación y los resultados de estas.
Es importante identificar cuáles son los recursos políticos y las estrategias en la relación con el Estado que ostenta un factor real de poder porque, dependiendo del recurso que tengan será el tipo de estrategia que se debe desarrollar para neutralizarlos. Por ejemplo, la estrategia para neutralizar los recursos políticos provenientes de la capacidad económica legal (la inversión) que utiliza su poder disuasivo para orientar las políticas económicas será distinta a la que pretende neutralizar un movimiento social utilizando un repertorio modular para impulsar la visibilización de una causa específica, o a un grupo del crimen organizado que utiliza la violencia y controla a una policía municipal, o a un grupo empresarial que usa sobornos para ganar licitaciones.
La conversión del poder público en poder privado: una mirada normativa
Uno de los principales reparos frente a los poderes fácticos con recursos políticos que inciden en las estructuras estatales es que conlleva la conversión del poder público en poder privado y, con ello, la pérdida de la construcción de una idea mínima de bienestar general. Esta afirmación tiene dos problemas que es importante explicitar. El primero es que detrás de esa afirmación hay una mirada normativa de la construcción del poder público y del Estado que supone dos condiciones previas:
El Estado está conformado por entes autónomos del resto de los poderes sociales (autonomía relativa del Estado). La literatura que analizamos para presentar a los poderes fácticos los concibe como instancias que presionan al Estado para satisfacer sus intereses, lo que supone que los miembros de los poderes fácticos y los representantes políticos o tomadores de decisiones específicos pertenecen a dos espacios diferentes: el estatal y el no estatal. En pocas palabras, las intersecciones entre estos tipos de actores no están consideradas, a diferencia de lo que hace la mirada marxista y la elitista.
Existe una moral pública constitutiva de las personas que conforman al Estado que los llevan a crear una acción dirigida rumbo a una idea mínima de bienestar general.
La principal limitación con este punto de partida es que ambas precondiciones son empíricamente falsas como se identificará más adelante en algunos ejemplos. Pese a la evidencia acerca de que esto es así, ambos postulados operan como un horizonte de referencia acerca de qué se puede esperar y qué no respecto al poder público y del Estado, ya que nos permite pensar qué debemos hacer —en términos de acción política— para lograr que el Estado tenga algún grado de autonomía con respecto a los poderes fácticos y que genere decisiones políticas vinculantes que permitan una idea mínima de bienestar general. De hecho, justo esa es la metapregunta que guía el trasfondo político de este documento.
El segundo problema es que no siempre es mal visto que haya poderes fácticos que incidan sobre las decisiones del Estado. Por el contrario, cuando se trata de poderes fácticos que utilizan recursos políticos legales, entre ellos demandas de diferentes grupos subordinados, su ejercicio es un elemento inherente a la democracia.
Un fenómeno político-social totalmente distinto se da cuando ya no estamos frente a un poder fáctico que busca generar incidencia sobre una decisión política vinculante, sino cuando lo que se observa es una red de macrocriminalidad que disputa algunas funciones de la soberanía del Estado. Ahí ya no se trata de un mecanismo de accountability social, de control sobre el gobierno, sino de captura o abierto desplazamiento del gobierno por la red de macrocriminalidad. Sobre estos puntos versarán las siguientes líneas.
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