significa. La crítica que se realiza al Estado es la de ejercer dominación en detrimento de los grupos económica y culturalmente en desventaja. Es una mirada que contempla al Estado como expresión de los clivajes de distribución de poder y recursos sociales, por lo cual asume que el ejercicio de la autoridad estatal expresa estos clivajes y es, estructuralmente, excluyente e inequitativa.
Los dos textos en donde Carlos Marx (2015, 2003) presenta el análisis del Estado son La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 conformado por una serie de artículos donde se analizan las revueltas de 1848 en Francia, en especial la confrontación entre los bloques de la propia burguesía y la interacción de ambos bandos con el Estado, y El 18 brumario de Luis Bonaparte donde explica que el golpe de Estado de Luis Bonaparte en diciembre de 1851 en Francia se debe a la lucha de clases y las condiciones materiales del contexto específico. En particular, el concepto clave de esta segunda obra es la autonomía relativa del Estado que logra el gobierno de Luis Bonaparte. A diferencia de la expectativa liberal en donde esta autonomía es inherente al Estado, para Marx el Estado es siempre un instrumento de la burguesía, pero en determinadas circunstancias —como la Francia de 1851— el Estado puede lograr cierta autonomía relativa para administrar el conflicto entre las facciones que integran la burguesía. Estos elementos son centrales para comprender el posterior desarrollo de la idea de hegemonía en Gramsci. Probablemente las ideas más acabadas del Estado como dominación y, por ende, como problema desde la lógica marxista las encontramos en la disputa entre la mirada más funcionalista de Ralph Miliband (1969) en su obra El Estado en la sociedad capitalista, y el acercamiento más estructuralista de Nicos Poulantzas (1968), en Poder político y clases sociales en el Estado capitalista.
Frente a este diagnóstico se observan dos tipos de respuestas. El primero considera que las desigualdades estructurales de los Estados en América Latina se expresan en las desigualdades culturales y proponen un rediseño de las estructuras estatales para que, en efecto, encarnen proyectos interculturales que reconozcan el pluralismo jurídico y las diferentes cosmovisiones sobre la autoridad (Santos, 2008). El segundo tipo de respuesta supone una crítica radical a la forma del ejercicio de la dominación estatal y propone experiencias autonómicas con diferente grado de dependencia del Estado. Las mismas significan una búsqueda de ejercicio de las decisiones políticas desde la idea de autogobierno o de construcción de poder sin pensar en la toma del Estado (Holloway, 2002).
Desde este punto de vista, la solución al ejercicio de la dominación política no es limitarla, sino concebirla desde otras bases, las cuales cuestionan la autoridad centralizada y proponen experiencias que rebaten la homogeneidad de la cultura y la centralidad de la autoridad.
El Estado como solución
Vinculada con la idea liberal del Estado como mal necesario, la perspectiva de este como solución no pone en cuestión la dominación, su preocupación es poner límites para evitar que la dotación de discrecionalidad que hay en todo acto político (e incluso en todo acto de interpretación jurídica y aplicación de la norma) se convierta en arbitrariedad en el ejercicio del poder político.
La noción de Estado de derecho (Tamanaha, 2004), en su acepción de límites al gobierno y garantía de derechos (O’Donnell, 2005), es una clara expresión de estas preocupaciones. El problema desde esta perspectiva no es el ejercicio de la dominación, sino que los sistemas de límites del poder funcionen adecuadamente.
Con la extensión del ideal democrático como la mejor forma de gobierno en el mundo y la consideración de la prioridad del mercado, no es extraño que la promoción de las instituciones del Estado de derecho sea parte de la agenda de los organismos reformadores como el Banco Mundial o las agencias de cooperación como usaid, condición necesaria para el buen funcionamiento de la economía y de la democracia. Aunque es evidente el sesgo que tienen las propuestas provenientes de este tipo de órganos.
En esta línea, la preocupación por los mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos democráticos son expresiones de esta aproximación al Estado. No se cuestiona el ejercicio de la autoridad sino la forma en la que se ejecuta, a la par de que se proponen mecanismos de control para evitar su arbitrariedad. La ya clásica distinción de O’Donnell entre accountability[3] horizontal y vertical (O’Donnell, Iazzetta y Cullel, 2003) o la accountability societal propuesta por Peruzzotti y Smulovitz (2006), son claros ejemplos de esta tendencia. Los individuos mediante el voto, los grupos con sus mecanismos de incidencia sobre las decisiones públicas o la división de poderes por medio del funcionamiento adecuado de los sistemas de frenos y contrapesos son las alternativas propuestas para controlar el ejercicio de la dominación.
De manera similar, la literatura sobre innovación democrática, interfaces socioestatales e intermediación política hace más complejos los alcances y límites de los mecanismos de control y de la relación entre el Estado y la sociedad. Esta literatura analiza los efectos de la representación política, y las formas emergentes con que se enriquece la relación entre los grupos y las instituciones de gobierno (Gurza Lavalle y Zaremberg, 2014; Zaremberg, 2017).
Desde esta perspectiva, estaremos ante un mejor Estado cuando más controlado esté el ejercicio de la autoridad.
Perspectivas relacionales para analizar al Estado
El tercer grupo de aproximaciones son las que ponen en cuestión la definición canónica de Estado: una autoridad que se ejerce sobre una población en un territorio determinado. Cuestionan, incluso, la idea de monopolio clásica del concepto weberiano: “Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente” (Weber, 2004, p. 43-44).
Por ejemplo, para Joel Migdal (2001), la aproximación weberiana al Estado es poco adecuada porque genera muchos límites analíticos. Él propone pensar al Estado a partir de imágenes y prácticas. Mientras que las imágenes son las representaciones de las instituciones mediante las cuales se ejerce la autoridad y la dominación (Migdal, 2001, p. 16); las prácticas son las rutinas de los actores estatales y agentes que refuerzan las imágenes (Migdal, 2001, p. 18). La representación geográfica de los Estados a través de mapas es un ejemplo de las imágenes, con lo que se construye una idea de control territorial. Mientras que las prácticas de esa imagen serían los controles migratorios o la emisión de pasaportes. Si las imágenes homologan a todos los Estados (como sucede con las fronteras territoriales), las prácticas los diversifican, aunque puedan existir patrones comparables. El tercer componente de la propuesta teórica de Migdal es el concepto de campo de Bourdieu. Para el autor, la construcción de la dominación a partir de la relación entre las imágenes y las prácticas se da en el marco de un campo en disputa en donde los elementos simbólicos cobran tanta relevancia como los materiales. En el caso del Estado, esta disputa proviene de la tensión inherente al Estado, por un lado, la necesidad de mostrar un poder y organización unificado, y, por el otro, las prácticas que se encuentran siempre fragmentadas. Con esta propuesta, tenemos varios de los elementos constitutivos de la teoría relacional del Estado: se centra en la construcción de la dominación estatal, lo mira a partir de las prácticas estatales (la construcción estatal desde la lógica cotidiana), y tiene como punto de partida la fragmentación estatal.
De esta forma, lo que propone la tendencia relacional de análisis del Estado es partir del reconocimiento del carácter polimórfico, policontextual y desordenado de esa relación social que queremos expresar con esta noción; aunque algunas aproximaciones aceptarían que, dentro de la diversificación, la idea es que haya algún orden monopólico que puede ser de la violencia, de la capacidad de extracción de riqueza (impuestos) o de aspectos que podrían considerarse intrascendentes, como los métodos de medición (Vera, 2014, p. 58-59). Es decir, estas perspectivas reconocen una paradoja entre la unidad y la diversidad del Estado. Al tiempo que asumen la incoherencia y diversidad de instituciones y relaciones, también reconocen la necesidad de generación de una idea de unidad simbólica
