en México y en el extranjero (Aguayo, 2016; Aguayo y Dayan, 2018; Ansolabehere, 2018; poder, 2017 y 2018; fidh, 2016a y 2016b; Grupo Autónomo de Trabajo de Coahuila, 2012 y 2014; Human Rights Clinic, 2017; Observatorio sobre Desaparición e Impunidad, 2017 y 2018; Open Society Justice Initiative, 2016 y 2018). Asimismo, diversas personas relacionadas con estos crímenes ya han sido sometidas a juicio en España y en Estados Unidos (Juicio 01-13), lo que ha dado más datos sobre la manera de operar de esta red de macrocriminalidad. No conocemos con certeza las razones por las cuales se han realizado tal cantidad de estudios, pero podemos inferir algunas como que el pri siga gobernando; que se trate del cártel de los Zetas, que adquirió visibilidad por la estrategia sustentada en el férreo control territorial por medio de la violencia; por el tipo de violaciones a los derechos humanos; o por la evidente relación entre el crimen organizado y el gobierno que se observa por medio de hechos tan lamentables como la masacre de Allende o el uso de los reclusorios locales como centros de operación y con un control absoluto del crimen organizado, que incluía que grupos de presos podían salir libremente a delinquir, o que personas desaparecidas fueran llevadas al reclusorio.
De hecho, otra de las razones por las cuales decidimos trabajar con el caso Coahuila es precisamente porque es uno de los que más se ha documentado en México. Considerando que el tipo de actores y violaciones a derechos humanos que se observan en Coahuila nos hablan del nivel de violencia y peligrosidad de este tipo de estudios, preferimos trabajar con fuentes secundarias como los informes mencionados y los testimonios prestados por distintos actores en los juicios de Texas. Pese a lo anterior, realizamos seis entrevistas a distintos actores especializados en el tema, pero los mantenemos en total anonimato. En relación con estas fuentes, tenemos un marcado sesgo de la información en torno a las violaciones graves a los derechos humanos; se cuenta también con informes sobre la operación de la minería y las violaciones a los derechos de los trabajadores y, por suerte, contamos con la mirada de los perpetradores de las violaciones a derechos humanos a partir de las actas de los juicios en Texas. Las condiciones del campo no proporcionan más información. Algunos datos más de los informes, entrevistados y documentos legales se encuentran en los anexos al final del texto.
El periodo que se eligió trabajar va del año 2007 al 2017. Si bien el gobernador Humberto Moreira comenzó su administración el 1 de diciembre de 2005, y la red de macrocriminalidad en Coahuila se conformó desde tiempo atrás, elegimos el año 2007 pues es el inicio de la guerra contra el narcotráfico declarada por el entonces presidente Felipe Calderón, lo que modificó las pautas de interacción y violencia que se observaban en el país. Por ejemplo, en el ciclo de elecciones subnacionales 2000-2006, los intentos del crimen organizado para intervenir en las elecciones fueron poco fructíferos y se concentraron en nueve entidades del país. En el ciclo 2007-2012, las tentativas y el éxito aumentaron. Sobresale Tamaulipas con intentos en 50% de los municipios, así como Veracruz, Sinaloa y Colima con intentos que fueron del 25 al 50% de los municipios (Loza, 2016). Más aún, los datos de las fuentes públicas sobre la red de macrocriminalidad en Coahuila se centran en la operación de la red en esos años. Las particularidades geográficas, sociales, económicas y políticas de Coahuila se desarrollan en el capítulo cuarto. Las redes de macrocriminalidad vinculadas con las violaciones a derechos humanos y con la minería se abordan en los capítulos quinto y sexto, y en el capítulo séptimo se analiza la red de macrocriminalidad en todos sus aspectos.
Como se observa en las preguntas principal y secundarias de la investigación, los objetivos específicos y en la estructura del texto, en esta obra se construye un marco conceptual que funciona como herramienta analítica (con una lógica muy empírica) para identificar la coyuntura y definir estrategias de incidencia. Es decir, se propone al lector una investigación que genere teoría para la acción. Esta intención trasciende el caso de Coahuila, que sirve para ejemplificar la aplicación de los marcos analíticos, obtener algunas conclusiones iniciales y pensar acerca de mecanismos de recuperación de la autonomía estatal. De aquí que el estudio tenga una metapregunta que da cuenta de esta intención de incidencia: ¿cómo se puede recuperar o reconstruir el Estado democrático y social de derecho y aminorar la capacidad de incidencia de las redes de macrocriminalidad?
Mantenemos una reflexión dirigida a pensar la posible solución a dicha pregunta, a la par que se generan algunos insumos que detonan ideas en torno a los puntos de partida factibles. De entrada, adelantamos que esto dependerá de cada caso, forma de captura, red de macrocriminalidad o proceso de soberanía en disputa, y esto incluye analizar:
el tipo de poderes fácticos,
los recursos políticos que ostentan,
su historia,
el tipo de red que hayan construido,
las conexiones con la clase política,
las áreas estatales que hayan sido capturadas por los poderes fácticos,
la construcción y fortaleza o debilidad del Estado en cuestión.
Además, el Estado puede estar capturado por distintas redes desde diferentes espacios o arenas de política pública, por lo que la recuperación supondrá desmontar no una, sino varias redes en diferentes áreas. En cualquier caso, las claves más específicas de acción requieren de un segundo momento de aplicación de esta propuesta conceptual y metodológica, donde se reúna la información empírica suficiente y pertinente para identificar la red que capturó al Estado, sus características y los puntos por medio de los cuales se puede comenzar a construir una estrategia de recuperación.
La complejidad del texto: teoría para la acción
De las preguntas que surgen en el desarrollo del texto se infiere la complejidad de la empresa que conlleva este documento, pues cada una de ellas pertenece o se ha desarrollado en marcos teóricos distintos:
La definición de Estado proviene de una larga tradición de reflexiones que se pueden agrupar en la teoría del Estado. Echaremos mano de esta literatura para explicar qué se entiende por Estado en términos concretos, con el fin de construir características observables para analizar el proceso de captura estatal y reflexionar sobre posibles estrategias de incidencia.
El estudio de los poderes fácticos se ha desarrollado sobre todo desde la teoría liberal, en específico desde el análisis del pluralismo, con una tendencia más estructural.
En cambio, la teoría de redes ha crecido de forma reciente como una reacción a los límites explicativos de las teorías estructurales como el pluralismo o el marxismo.
El concepto de macrocriminalidad ha prosperado en el ámbito penal internacional. No obstante, este es el menos útil para la observación empírica del fenómeno. Por ende, daremos prioridad a la actual convergencia entre los estudios de macrocriminalidad y la teoría de redes. Este tipo de literatura es nueva y escasa, conjunta un área de estudio (la macrocriminalidad) y un método analítico (el análisis de redes).
Los conceptos de captura y cooptación se explican desde los estudios sobre corrupción, ya que fue en este marco analítico donde se generaron. Sin embargo, consideramos que estos conceptos son insuficientes para comprender los fenómenos que hoy vemos en América Latina, por lo que los vamos a profundizar y reelaborar a partir de la literatura antropológica proveniente de los estudios del Estado que se pregunta: ¿quién manda en territorios específicos?, ¿con qué prácticas se logra poner orden?, ¿quién y cómo detenta autoridad?, ¿en qué estructuras se encuentra el orden y la organización? Bajo estos últimos criterios, lo que tenemos es algo más que la captura estatal, es una red de macrocriminalidad que disputa la soberanía.
La siguiente figura representa el conjunto de teorías de donde se desprenden los conceptos utilizados en este documento.
