más amplia, es consecuencia de la orientación política y normativa del trabajo de la Fundación en general.
La Fundación Heinrich Böll es una fundación política verde alemana, vinculada ideológicamente al Partido Verde en Alemania y financiado por el gobierno federal alemán. Verde para nosotros significa mucho más que proteger el medio ambiente y luchar contra el cambio climático. Ser verde significa aspirar a la igualdad (de oportunidades y ante la ley), a la equidad (económica, social y de género) y a la seguridad; contribuir con la plena realización de los derechos humanos. Por eso, para la Fundación Heinrich Böll la democracia, en el sentido pleno descrito arriba —y sabiendo de los múltiples problemas del concepto—, sigue teniendo valor orientador y normativo. Es nuestra convicción que, en la práctica, la consecuencia de sus fallas no puede ser abandonar la idea de democracia ni como concepto ni como forma concreta de gobierno y organización del Estado, y hay que rescatar sus ideales y restituir su materialidad concreta. Consideramos la democracia tanto un orden liberal y político como una utopía y una promesa que va más allá. Contrario a lo que pensábamos muchos de nosotros al final del siglo xx y principios del nuevo milenio, la necesidad de defenderla, (re)conquistando el apoyo para ella, es más grande hoy que hace veinte años.
En reuniones y discusiones a partir de 2016 entre las entonces tres oficinas de la Fundación en la región para Brasil, México/Centroamérica y Cono Sur, y luego en conjunto con las oficinas nuevas para Centroamérica y Colombia, abiertas en el 2017, compartimos la observación y la inquietud sobre importantes procesos distorsionantes de la democracia. Analizamos que al lado de la enorme desigualdad social —y quizá vinculado a ella— en todos los países en los que trabajamos, las élites políticas, económicas y/o los grupos del crimen organizado cooptan o capturan al Estado, utilizándolo para sus intereses privados y vaciando la materialidad de la democracia que formal e institucionalmente existe, hoy por hoy, en la gran mayoría de los trece países latinoamericanos en los que está presente nuestra organización.
Decidimos entonces dedicar un proyecto regional a esta cuestión cuyos objetivos son:
Ampliar el debate sobre el estado de la democracia en América Latina. Esto implica tanto contrarrestar la narrativa de que la “democracia no funciona”, como resaltar el ideal de funcionamiento democrático que buscamos, más allá de un concepto cerrado.
Analizar y denunciar los mecanismos de cooptación/captura del Estado, la influencia de redes ilegales de poder que realizan la captura y en las cuales algunos elementos del Estado eventualmente participan, en el sentido de que distorsionan los procesos democráticos y dificultan o imposibilitan que el Estado trabaje en beneficio de las normas democráticas y, en consecuencia, de mejorar los pobres resultados en términos de bienestar, oportunidades y justicia en la región.
Promover el intercambio de conocimientos entre organizaciones de la sociedad civil y actores clave —incluyendo a medios, la academia y representantes de los sistemas políticos y jurídicos— que buscan contener los retrocesos autoritarios en los respectivos países.
O sea, nuestra labor como fundación política va más allá del análisis; es claramente normativo, comprometido con los valores descritos y con los objetivos de nuestras contrapartes en la región.
En la Fundación entendemos por captura del Estado que grupos de interés que disponen de recursos políticos en forma de contactos personales, poder e influencia institucional, medios financieros y potencial de violencia, los empleen de forma ilegítima y, con frecuencia, ilegal para influenciar u obligar a las instituciones y a los representantes del sistema político formal a aplicar procedimientos políticos en favor de sus intereses particulares. Así se quebranta la promesa de orientación al bien común y de la adecuada representatividad por medio de procesos políticos transparentes que tienen en cuenta a las mayorías y minorías representadas y a los programas legitimados por las elecciones. Esto tiene como consecuencia que no se cumplen y se ponen en peligro los principios básicos de la democracia y sus procedimientos, aunque esta forma de gobierno no haya sido abolida formalmente.
Sin embargo, el caso mexicano nos ha llevado a entender mejor los límites de los conceptos de captura y cooptación. Ambos conceptos pertenecen al ideario liberal que presupone una separación clara de Estado, economía, política y, en algún momento, también de crimen organizado. Lo importante es entender que la separación nítida de dichas esferas no existe en la realidad, y que tampoco existe “el Estado”. Hay muchos Estados dentro del Estado, compitiendo y entrando en conflicto entre sí. El Estado es más un campo de relaciones sociales diverso que un monolito institucionalizado. No es algo estático ni homogéneo, ni pura y claramente separado de otros ámbitos de acumulación de poder, como la economía, los medios de comunicación, la cultura o el crimen. Es claro por el ejemplo mexicano que tener una institucionalidad e incluso funcionarios calificados no es automáticamente un signo de democracia. La atención a temas específicos puede ser muy discrecional; la institución puede actuar apenas para algunos mientras que para otros y para la opinión pública podrá fingir que está actuando. Por eso, la perspectiva mexicana ayudó mucho a entender que tanto la categoría de captura del Estado, como la de su cooptación, no es adecuada ni suficiente para entender la realidad en México y otros países.
En México, el concepto de poderes fácticos ya ha entrado en el vocabulario político habitual. Como ha demostrado la práctica de décadas, un gobierno en México es siempre un poder legal y constitucionalmente constituido y legitimado, y al mismo tiempo puede ser promotor y coactor de poderes fácticos que capturan, usurpan y cometen abusos con el Estado. En este sentido es también el Estado el que captura al Estado. El caso concreto presentado aquí del Estado mexicano de Coahuila lo demuestra claramente.
Con la finalidad de ayudar a organizaciones e individuos que intenten trabajar el tema de los poderes fácticos/captura en sus contextos, le pedimos a Luis Daniel que en una primera parte de su estudio problematizara estos conceptos. Aquí tengo que dejar claro que este estudio tiene una finalidad política en el sentido que a continuación explico. Investigado y escrito con todo el rigor académico, este trabajo es una contribución para quienes trabajan con el fenómeno desde una perspectiva de utilidad política, queriendo inducir cambios concretos. La literatura teórica sobre el Estado es inmensa. No ha sido la idea describirla o discutirla exhaustivamente, pero sí analizar alcances y límites de estos conceptos clave en el sentido de ahilar las categorías de percepción de nuestras realidades. La idea muy bien realizada de este texto es que se trata de un documento analítico y didáctico. Contiene un estudio de caso con una perspectiva diferenciada de una entidad de México sobre la cual ya se ha publicado bastante, y ofrece lecciones y orientaciones concretas aplicables para otros estudios en diversos contextos.
La demanda, por decirlo así, apenas está creciendo. Lo que observamos en América Latina es un fortalecimiento de los poderes fácticos que operan en cada país. El problema es que mientras el Estado tomado por poderes fácticos es disfuncional para las mayorías y para quienes no cuentan con poder, es funcional para esos poderes y sus intereses. Por tal razón, la toma del Estado tiende a ser estable y tiene una larga historia.
Esta historia, por supuesto, es diferenciada en cada contexto. Aunque en todos los casos hay una distorsión en la toma de decisiones y los procesos democráticos, el grupo que captura y la profundidad o amplitud del fenómeno produce resultados cualitativamente distintos. La captura del Estado por parte de una élite económica no necesariamente genera los mismos fenómenos que cuando lo hace la clase política o un grupo abiertamente criminal. Ello no quiere decir que una sea mejor que otra, pero la identificación de los grupos captores es importante para la comprensión de sus manifestaciones en cada país y para pensar en estrategias de debilitamiento de estos.
Estos poderes fácticos pueden ser actores legales como la Iglesia, los militares, el empresariado, la clase política (dominantes en Chile o Argentina), o ilegales como grupos del crimen organizado (maras en El Salvador, cárteles
