el trasfondo del debate global propuesto por Miller y Roseman. Por un lado, nuestra región ha liderado la búsqueda de la responsabilidad penal de los perpetradores de violaciones masivas de derechos humanos en los procesos de verdad y justicia, derramados en cascada a través de nuestros sistemas jurídicos. También en el ámbito de la demanda de sanción de la violencia basada en el género, el impulso por la coacción penal ha sido un recurso del feminismo de la dominación en su expresión latino o iberoamericana. Hemos visto así reformas en pos de la ampliación de penas contra los violadores, la tipificación de nuevos delitos, como los femicidios o la violencia obstétrica, o la activación de las instituciones judiciales para la persecución efectiva de prácticas ante las que la justicia penal permanecía indiferente. La regulación del VIH, la trata y la prostitución fueron otros de los ámbitos en que florecieron las reivindicaciones punitivistas en defensa de los derechos sexuales.
Pero mientras esta expansión del recurso al derecho penal en la agenda de los derechos humanos, la sexualidad y la reproducción se difuminaba, nuestra región también observó un impulso opuesto. De a poco, en ciertos países se fueron extendiendo los reclamos por la despenalización del aborto y las prácticas que sancionaban identidades y prácticas sexuales estigmatizadas. Incluso, un impulso liberador habilitó un diálogo incipiente entre el abolicionismo y las defensoras del trabajo sexual respecto de la regulación penal de la oferta y la demanda de sexo.
En la encrucijada de esas dos energías enfrentadas, se concentran los trabajos compilados por Miller y Roseman. Y allí, a través de distintos formatos y propuestas metodológicas, los capítulos subrayan los costos y beneficios del recurso a la coacción penal cuando de expandir derechos se trata. Más allá del vicio y la virtud es una obra colectiva, polifónica, en la que las y los autores conjugan ambiciosas propuestas teóricas con extensa experiencia en la lucha cotidiana en la promoción de los derechos humanos de diversos grupos, identidades y demandas de interseccionalidad. Los trabajos abarcan segmentos de los debates en diversos continentes, conjugan la dimensión del derecho internacional y el local, y rastrean la historia o se involucran con el presente.
Desde una perspectiva crítica que exalta los contextos geográficos, culturales y temporales de los debates, el diálogo que proponen estas páginas subraya sinergias y disyunciones entre las agendas y los activismos. Como lo adelantan las compiladoras, el libro aboga por un mundo que integra y desjerarquiza los saberes académicos y la práctica de la defensa de los derechos humanos. El conocimiento, y en especial, la capacidad de teorizar no pueden ser prerrogativas de un mundo aislado de los desafíos políticos en los que los derechos humanos se niegan o se conquistan. Para mostrar que esa capacidad de teorización excede las torres de marfil de ciertos modelos academicistas poco complejos, la obra convoca a un conjunto diverso de activistas y académicos del Norte y el Sur Global, en una variada escritura que va de la entrevista a la autobiografía, y el análisis desde distintos marcos disciplinares como la historia, el derecho, la antropología o la salud pública.
La traducción al castellano de esta obra aparece en un momento clave para los movimientos de mujeres, feminismos y disidencias sexuales de América Latina. En tiempos en que se consolidan algunos de los impulsos contrastantes que mencionábamos más arriba, llegó el momento de que la academia y el activismo latinoamericano se hagan cargo de los desafíos de sobre- y subinclusión que plantean las iniciativas que recurren a la penalización del género, la sexualidad y la reproducción. Más allá del vicio y la virtud puede ser un punto de partida para los foros y los países de nuestra región en los que estos debates son todavía una deuda. En otros ámbitos, allí donde la discusión ya se instaló, puede aportar a enriquecer el diálogo desde la pluralidad de voces, perspectivas y experiencias contextuales. Desde la colección “Derecho y política”, celebramos esta nueva oportunidad de abrir o amplificar diálogos a partir del aprendizaje de otras tradiciones jurídicas, de otras subjetividades y de otras posibilidades de teorizar.
Paola Bergallo
Introducción
Alice M. Miller, Mindy Jane Roseman, Zain Rizvi
Los derechos humanos se interesan por el poder: lo identifican, desconfían de él, y evalúan su funcionamiento para bien y para mal en las interacciones humanas. Los derechos humanos como doctrina y práctica se preocupaban inicialmente por el abuso de la autoridad estatal, y las áreas de enfoque predominantes en este campo han estado limitando este abuso y criticando la administración de justicia penal. El derecho penal como teoría y práctica es una de las formas concretas más visibles del poder de policía del Estado, y junto con la capacidad militar, uno de los usos privilegiados de la fuerza coercitiva del Estado.[1]
Pero los derechos humanos como retórica y práctica también tratan de emplear el poder del Estado de maneras más afirmativas. En las últimas dos décadas, los defensores de los derechos humanos han hecho demandas al poder del Estado en los ámbitos de la salud, la vivienda y la educación, exigiéndole que cumpla con sus obligaciones en estos campos sociales, económicos y políticos. Los movimientos que abogan por los derechos han invocado cada vez más el uso del poder del Estado para reparar el daño, y algunos han dado un giro más definitivo hacia la persecución penal. Es posible que no exista ninguna contradicción esencial entre la interacción de promotores de derechos humanos con el derecho penal y sus intentos de limitar su uso; después de todo, los derechos humanos pueden funcionar como “escudo y espada” respecto de los poderes penales del Estado.[2] Sin embargo, tanto en su promoción como en su estudio, hay una notable falta de atención y de evaluación de estos dos enfoques como profundamente interconectados. Los que trabajan en derechos humanos han tendido a centrarse en el derecho penal ya sea como amigo o como enemigo dentro de sus subcampos, en lugar de reconocer su diversa instrumentalización en los distintos subcampos.
Esta bifurcación de la atención sugiere una vejación profunda e irresuelta en la teoría y la práctica de los derechos humanos en lo que respecta al derecho penal. Este libro intenta responder a este silencio a través de un análisis de disputas, lagunas y contradicciones en las fronteras de la despenalización y la penalización en la teoría y la práctica de los derechos a nivel nacional y transnacional, en especial en el trabajo sobre sexualidad, género y reproducción. Dado que la articulación entre los derechos y el derecho penal en estos ámbitos es cada vez más profunda, lo cual produce dilemas preocupantes en casi todos los regímenes (nacionales y transnacionales), el debate se torna necesario. Tenemos que empezar a esbozar un marco reflexivo y principios de intervención para analizar la relación más bien tensa que existe entre los derechos humanos y el derecho penal.[3]
El uso del derecho penal para regular el sexo, el género y la reproducción no es por cierto algo nuevo; tal regulación ha sido una marca distintiva del Estado moderno. En términos taxonómicos, el “derecho penal” es simplemente la designación doctrinal que se da a las leyes que definen el contenido de los delitos y sus penas. También abarca los procedimientos en torno a cómo se investigan los delitos, cómo se reúnen las pruebas y cómo se acusa, se juzga y se trata a los sospechosos en caso de condena o exoneración. El derecho penal es el régimen que permite al Estado utilizar la fuerza (por ejemplo, privar de libertad, multar, castigar físicamente o ejecutar) como respuesta a determinado conjunto de actos considerados en ese momento y lugar lo suficientemente “perjudiciales” para justificar la imposición de ese dolor.[4] Aquello que constituye un delito da lugar a la capacidad del Estado de castigar y al mismo tiempo la limita, y el modo en que el Estado impone dicho castigo cambia constantemente. Muchos trabajos fundacionales en el campo de la criminología y la dogmática penal muestran que la definición de delito y pena es una cuestión de ideología y política; de concepto, norma y táctica; de moralidad y economía.[5] Estas ideologías y moralidades son juicios sobre la conducta y las personas. Por lo tanto, no es algo nuevo reconocer que casi todos los aspectos de la definición de una persona “buena” en la sociedad están atados a la constitución del delito, el derecho penal y el delincuente.
De las últimas dos décadas más o menos, lo novedoso es la expansión de los derechos humanos en la regulación
