suma la intuición o conciencia de comprender qué se necesita para subsanar la inconformidad, entonces se convierte en un pedido. Las personas piden —solicitan, reclaman, demandan (no legalmente), apremian, exigen— cuando entienden y consiguen expresar qué necesitan para solucionar su problema en relación con el agua, entonces comprenden la causa de su malestar. Lo opuesto a pedir es rechazar lo que se tiene o se intenta instalar. El rechazo es una acción verbal de lucha por negación a lo que se viene dando y entra en la categoría de la expresión de inconformidad.
Finalmente, la inconformidad se convierte en denuncia cuando se conoce y se expresa su causa, lo que supone que se comprende el motivo del malestar: el quién o el porqué. El conocimiento del motivo es un paso adelante en la toma de conciencia acerca de la resolución del problema, por lo que las denuncias constituyen otra categoría.
Todas estas acciones pertenecen a la esfera del reconocimiento público y expresan la creencia de que alguien puede dar solución a la problemática planteada. Pero, si se quiebra esta creencia, la denuncia progresa hasta ser una toma de acciones por propia cuenta para modificar la situación y es entonces que aparece la acción directa bajo dos posibles formas: como intervención de la acción judicial y/o legal (cortes de suministro de agua, cortes de suministro de energía eléctrica que redunden en cortes de agua, acciones judiciales, administrativas, tribunal agrario, etc.); o como acción de protesta (bloqueos, manifestaciones, tomas de instalaciones, cierre de válvulas, no pago del servicio como protesta, etcétera).
Gráfica 2.1. Formas de luchas en el tiempo. México: 1990, 2000, 2010
Tal clasificación redunda en un mapa preliminar acerca de cómo se expresan los conflictos. Si se analiza su evolución en el tiempo, se observa que en 1990 prevalecen las denuncias, y que, para 2000 y 2010, las mismas se reducen a 26 y 21%, respectivamente. Lo que aumenta de modo proporcional para estos últimos años en comparación con 1990 es la declaración y sobre todo la acción directa. Lo que significa que esta se relaciona con la acción de la denuncia. Parece que si hay denuncia, no hay acción directa; y, por el contrario, si hay acción directa, no hay denuncia. Lo que implicaría —al menos hipotéticamente—, que el medio es la forma de obtener la satisfacción.
El análisis muestra que una probable transformación relativa al gobierno del agua consiste en que, a medida que el Estado elimina funciones que garantizan el bienestar de la población, esta busca mecanismos no tan ligados a lo corporativo-clientelar, como lo es la denuncia, sino que la alternativa es la acción directa que implica el uso del propio cuerpo y la autodeterminación para obtener lo que no es posible por otros mecanismos. Así es como destaca la creciente importancia de la acción directa en detrimento de la denuncia entre 1990 y los años 2000 y 2010; y se expresa la carencia de un interlocutor capaz de mediar en el conflicto, que se mantiene hasta 2010.
Las luchas sociales en torno al agua y el ejercicio del poder: los motivos
Ahora bien, los problemas o agravios por los que la gente se manifiesta tienen varias formas de representarse. Así, si es en la capacidad de conceptualizar los problemas10 se observa la conciencia de la problemática, entonces se puede decir que hay un gradiente en la capacidad de conceptualización que se constituye de la observación de los problemas sentidos, lo cual se manifiesta en el “decir lo que nos pasa” o en el “expresar el problema”, esto es, la queja y la declaración. En un segundo momento aparece la posibilidad de observar qué origina esos problemas, lo que no siempre se explicita en una declaración, pero que supone una acción de denuncia en donde el individuo no solo expresa lo que le pasa, sino por qué le pasa y quién o qué es el responsable de ello. Finalmente, aparece la opción de hallar una solución o acción acordes a la problemática, esto es, la posibilidad de construir las condiciones para pasar a la acción directa.
Consecuentemente, se puede hablar de diferentes grados en el nivel de la toma de conciencia de los problemas, lo que supone que a mayor capacidad de conceptualización acerca de los motivos que los originan, mejores son las capacidades de construir una alternativa viable para gestionar el recurso y comprender a quién dirigirse ante el agravio percibido.
Si observamos nuestras fuentes, tenemos que los problemas por los que las personas se movilizan buscando una solución, se relacionan principalmente con la falta de agua para consumo humano. Este hecho es un problema causado a su vez por otro que puede ser el corte de suministro por reparaciones de la infraestructura: averías en los pozos, corte de energía eléctrica para el bombeo, mantenimiento de las presas, etc. Si ello no es debidamente manejado por las instancias correspondientes, da lugar a movilizaciones ciudadanas. Una segunda causa de la falta de agua es que no se invierte en infraestructura, que también incluye el abandono o demora de la intervención estatal en ese aspecto, lo que genera descontento porque se relaciona con suspensiones más prolongadas del suministro. Estos dos factores configuran una falta de inversión en infraestructura, agravio por el cual se manifiestan los actores sociales. Esta falta de inversión en infraestructura para el suministro de agua y saneamiento y/o para la reparación y puesta en funcionamiento de la existente expresa la necesidad de construcción y/o reparación para dicho rubro. Este problema se vincula con la ampliación o mantenimiento de la infraestructura que no se realiza y por ello genera inconvenientes ya sea de falta/escasez de agua, o falta de condiciones de salubridad, si se trata de infraestructura para el saneamiento. Por lo general, esta demanda se presenta ante el Estado o el municipio, instancias que, se supone, serían las encargadas de proveer estos servicios.
Eso mismo ocurre con la amenaza de pérdida de disponibilidad del agua, debido a construcciones que la afectan. En este sentido, cuando se decide realizar un tandeo en las colonias, por lo común se procede con base en una decisión que si no es consensuada con los vecinos produce malestar. En esta línea, otro motivo que agravia a la gente es el decidir sobre construcciones, trasvases o quita de agua sin que se haga del conocimiento o consentimiento de la ciudadanía.
Pero cualquiera que sea la “razón” de la falta de agua, la movilización siempre es por “la escasez de agua”, y siendo el recurso y su gestión una empresa concentrada en manos de “expertos”, es difícil para la población conocer las causas de ese agravio. Por eso se confunden constantemente las causas sociales de la falta del agua, con las naturales: no hay agua. Llamamos a estos agravios políticas de distribución y uso del recurso, lo que tiene que ver con el uso político o corrupto del recurso y la politización y mediatización de los problemas del agua para beneficio político o personal.
Por lo tanto, dentro de las políticas de distribución y uso del agua que se suministra están registradas las formas de lucha de quienes piensan que eso es injusto y que es así por la falta de participación en la toma de decisiones. Esta percepción de injusticia se relaciona con el modo en que se decide en los gobiernos de municipios, estados y federación, tanto respecto de las obras de infraestructura urbana (edificaciones que amenazan con la restricción del suministro), como en la gestión para distribuir el agua urbana (tandeos que restringen el suministro de unos para dárselo a otros); o en cómo se realiza el manejo de presas, trasvases de presas para ampliar/dotar de servicios a unos a costa de otros.
Otro problema generador de conflicto remite al cobro o pago del agua, dependiendo si el sujeto es o no un organismo gubernamental. En general, la sociedad civil se queja por el cobro del agua y las autoridades gubernamentales por la falta de pago. Pero este cobro se convierte en agravio frente a una distribución inequitativa o un servicio que no justifica el pago, o ante un uso político o fraudulento del dinero. Es una queja que aparece cuando la construcción ciudadana se da en exclusiva sobre la base de un disciplinamiento vertical, sin haber construido los canales que abran paso a una corresponsabilidad sobre el agua. Como el disciplinamiento y su posterior
