este ámbito aparecen con la intención del cobro del servicio por parte del organismo operador, por un lado, y con la desobediencia ante la sanción por la falta de pago que consiste en el corte/restricción11 del suministro de agua. Esta problemática representa tanto una resistencia de la ciudadanía a convertirse en usuario/receptor de un servicio por el cual debe pagar, como la inercia de viejas prácticas clientelares productoras de conflictos que siguen resolviéndose de igual modo.12 Problemas que incluyen la administración del servicio, muchas veces fraudulenta o facciosa.
Por último, las inundaciones, sequías y contaminación son problemas que, si bien parecen de origen natural, tienen una profunda causa social y los hemos llamado capacidad de gestión de riesgos, ya que configuran la capacidad política y social de tomar decisiones que construyan una defensa ante los desastres naturales. Esta categoría remite a la incapacidad o falta de voluntad política para tomar las decisiones que defiendan a la ciudadanía de riesgos como inundaciones, sequías y contaminación del agua. Estos problemas se relacionan directamente con la toma de conciencia acerca de que los factores naturales están íntimamente vinculados a las cuestiones sociales. Las inundaciones periódicas en épocas de lluvia, al igual que los trasvases mal realizados o las decisiones que omiten a los actores afectados conducen al ámbito social que posibilita o impide generar las defensas posibles ante los embates de la naturaleza. El riesgo es un factor social que es posible calcular asociado a la carencia de políticas y de voluntad política para revertirlo.
Una vez definida la problemática o agravios por los que se manifiesta la población, veremos cómo se configuran estos a lo largo de los cortes temporales analizados.
Ahora bien, si observamos cómo se han transformado los problemas que conducen a la conflictividad, la variación más notoria se da en lo relativo a la distribución y usos del agua. Pareciera que en los últimos años ha crecido significativamente la proporción de personas que considera injusta la distribución del agua.
Gráfica 2.2.Problemas percibidos como agravios en el tiempo. México: 1990, 2000, 2010
Es también notable el aumento de las luchas en cuanto a la gestión de riesgos, ya que en 2010 se han dado varios casos de inundaciones y malos manejos de las políticas que harían posible evitarlas. De esto son ejemplo las inundaciones por aguas negras debidas a la ruptura del canal de Chalco, la ruptura del río de Los Remedios en la delegación Gustavo A. Madero, las inundaciones en Tabasco, y la falta de mantenimiento preventivo en canales y desfogues de las presas en el norte del país, conflictos que enfrentaron entre sí a distintas dependencias del gobierno.
Este conflicto en la distribución de recursos y gestión de riesgos ha crecido en comparación con otros problemas, como el cobro del servicio o la inversión en infraestructura. Debe añadirse que el problema de gestión de riesgos está relacionado con la falta de voluntad política para resolver los problemas (construir la infraestructura adecuada o sanear la existente), lo que resulta en una incapacidad de la ciudadanía para defenderse ante catástrofes naturales.
Observamos ahora las acciones tomadas en función de los problemas identificados. Por un lado, en primer lugar, en la medida en que asciende la acción directa, disminuye la denuncia. En segundo, el pago del servicio es el que más acciones de lucha directa ha motivado; lo que se da cuando el Estado apela a la sanción para lograr el disciplinamiento y la ciudadanía se niega a obedecer. Y, en tercero, la ciudadanía y los funcionarios del gobierno utilizan la acción directa ante las políticas de distribución y uso del agua, acciones que se hallan en equilibro con las denuncias (43%, aproximadamente, cada una). Finalmente, en la gestión de riesgos e inversión en infraestructura se apela más a las denuncias y a las declaraciones que a la acción directa.
Gráfica 2.3. Acciones de protesta, según problema. México: 1990, 2000, 2010
Cambio de gestión del agua, acción directa y toma de conciencia
Para abordar este tema partimos de que las transformaciones en las formas de gestión y gobierno del agua tienen su reflejo en las formas de lucha por este recurso, por eso es que se revisó este aspecto y así se obtuvieron diversos elementos de análisis.
Por una parte, las manifestaciones de inconformidad y su transformación en el tiempo son expresiones que se concretan en dos problemas clave: la gestión y uso del recurso, y la gestión de riesgos, los cuales han aumentado en su frecuencia sostenidamente.
Por otra, en la información se registra cómo el Estado emprende la mayor cantidad de acciones directas ante el pago por el servicio, con lo que se podría afirmar—al menos hipotéticamente— que se está llevando a cabo un importante esfuerzo para disciplinar a la población ante esta nueva idea de corresponsabilidad ciudadana en el uso y gestión del recurso, mismo que se relaciona con el pago y cobro del servicio.
Observamos además que la gestión del agua —que pasa por la reducción del Estado y su imposibilidad concomitante de atender las necesidades básicas de su población— enfrenta alternativas más o menos originales en términos de abasto, y que esta necesidad de la población de hacerse cargo de su propia situación influye en la conceptualización de la problemática relacionada con ese recurso y por eso repercute en la toma de conciencia de la propia acción.
Se muestra entonces, en las acciones de lucha registradas, que estas influyen en particular en dos grandes determinaciones. La primera consiste en la evolución hacia el uso de la acción directa como mecanismo de confrontación, lo que indica la carencia de un interlocutor válido que absorba y dé cauce y solución a las quejas y las denuncias; la ausencia de esa figura en el imaginario de quienes se perciben agraviados con la gestión del agua provoca la acción directa como mecanismo de defensa y confrontación. Así, la acción directa refiere al quiebre, ausencia e insuficiencia (dependiendo de los casos) de canales políticos e institucionales para la gestión de la inconformidad.
La segunda determinación sería el uso de la acción directa como modo de lucha, lo cual se expresa fundamentalmente ante la imposición del pago del agua y en la distribución y uso de esta. Ambos recursos apuntan a la toma de conciencia acerca de la construcción política del territorio del agua. Se comprende así que la escasez del agua no se enmarca en una cuestión hídrica, sino que más bien constituye una determinación política en la gestión del recurso.
Estos problemas y las formas de enfrentarlos, así como su respectiva transformación, lleva a considerar que lo que está en juego en la lucha por el agua es más bien un asunto de políticas de gestión del recurso, las cuales amenazan con la restricción y carencia del suministro, más que con su disponibilidad natural. Esta idea, unida a la reflexión de arriba, señala que no es la falta de agua lo que genera conflictos, sino el modo en que se gobierna la escasez (escasez social o construcción social de la escasez). Dicho de otra manera, la escasez del agua no se corresponde con la problemática de la falta de agua, sino con una toma de conciencia acerca de su gestión inequitativa.
Ahora bien, la creciente alternativa de la acción directa para solucionar estos problemas, podría atribuirse a la fragmentación, clausura o estrechamiento ocurridos en los canales de resolución, de tal modo que son el enfrentamiento y la presión las vías con las que se expresa el descontento de la población, en específico en su relación con el recurso del agua y su saneamiento.
La intensidad de la lucha respecto del pago
