Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas. Carlos M. Beristain

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Metodologías de investigación, búsqueda y atención a las víctimas - Carlos M. Beristain

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humanos, con el trabajo con las víctimas y la búsqueda de los desaparecidos. En cada uno de los apartados se incluyen recomendaciones y reflexiones generales, y se ilustra con ejemplos de la experiencia del GIEI en México.

      La información que ha servido de base para este trabajo se sistematizó a partir de varias reuniones y talleres con los miembros del GIEI, que se realizaron en Colombia y México, y un largo proceso de análisis, escritura, discusión y elaboración posterior, siguiendo la metodología de consenso llevada a cabo por el GIEI a lo largo de su recorrido. La infor- mación recogida se basó, en un primer momento, en el propio proceso del GIEI y posteriormente en un trabajo de reflexión sobre los elementos clave que definen las buenas prácticas y problemas que mecanismos o equipos similares pueden encontrar en las diferentes áreas, así como las recomendaciones que surgen de la experiencia del GIEI. Esta información se completó con entrevistas a actores clave en Ciudad de México, que conocieron el trabajo del Grupo o fueron interlocutores de su mandato.

      Este trabajo está estructurado en diferentes capítulos. Un primer apartado incluye una referencia a la experiencia del GIEI, mandato y características generales de su trabajo, para tener una mejor comprensión del proceso, dado que puede servir de referencia para la creación de otros mecanismos extraordinarios que puedan ejercer la asistencia técnica y coadyuvancia en otros casos y países.

      Posteriormente, en los diferentes capítulos, se analizan las distintas áreas del trabajo de equipo, relaciones, funcionamiento y comunicación, así como las áreas de investigación, atención a las víctimas, búsqueda de desaparecidos y políticas generales. Se abordan en cada apartado los elementos que en base a la experiencia del GIEI son importantes, con epígrafes que muestran los puntos clave de cada área de trabajo. Se señalan las cuestiones que son más relevantes que puedan servir tanto en la planificación de estos mecanismos, como sobre todo en la realización práctica del trabajo por parte de los equipos.

      Es decir, el desarrollo incluye circunstancias, recomendaciones, reflexiones y ejemplos sobre:

      a) La configuración del grupo, el trabajo interno y la manera como equipos de estas características pueden relacionarse con los distintos actores involucrados (instituciones del Estado, representantes de las víctimas, actores de la sociedad civil y medios de comunicación).

      b) Las metodologías, dilemas y propuestas de trabajo para la investigación de casos complejos, que incluyen la evaluación de las investigaciones realizadas, el examen y la práctica de pruebas, las modalidades de investigación y tecnología que se deben tener en cuenta, además de la participación de las víctimas en el proceso.

      c) Los pasos que deben darse en la atención a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos, la consideración de su situación y sus derechos en el proceso de investigación y búsqueda, así como la atención psicosocial y en salud teniendo en cuenta sus necesidades. Su centralidad expresa el sentido del trabajo y el cuidado de los familiares, teniendo en cuenta el difícil proceso de asimilación de hechos traumáticos y considerando a las víctimas y sobrevivientes en las distintas fases del mismo.

      d) Los desafíos de los procesos de búsqueda en el caso de desaparición forzada, que comprenden el trabajo forense, la relación entre la investigación y la búsqueda, el desarrollo de nuevas tecnologías, así como la inclusión de la búsqueda como parte de los objetivos de la investigación criminal, que no debe centrarse solo en los perpetradores sino en el derecho a la verdad de las víctimas.

      e) La incidencia de un equipo que trabaja sobre un caso, en países donde existen otros muchos que pueden tener similitudes o enfrentan necesarios cambios legales y estructurales. Es decir, su contribución a las propuestas que pueden ayudar a llevar adelante modificaciones constitucionales, tipificación delictiva, garantías de no repetición y fortalecimiento de las instituciones, con buenas prácticas de prevención, investigación, sanción y reparación.

      En cada una de esas diferentes áreas, se abordan los núcleos centrales que en la experiencia del GIEI resultaron determinantes para llevar a cabo su mandato. La propia experiencia del grupo aparece en letra cursiva separada del texto, como una forma de valorar la incidencia y modalidades que tuvieron los diferentes aspectos que se analizan en esa experiencia concreta. Dichos ejemplos ayudan a reconocer la profundidad y el sentido de las experiencias, lecciones aprendidas, y las recomendaciones para otros casos.

      El texto quiere ser una herramienta para la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad, que pueda orientar tanto la futura creación de otros mecanismos de asistencia técnica o colaboración, como ayudar a los equipos, investigadores o el personal de atención a las víctimas, ya sea que formen parte del Estado, de organizaciones internacionales o de organismos no gubernamentales (ONG) de derechos humanos. El documento condensa numerosos aprendizajes realizados anteriormente tanto por los miembros del equipo como por una rica experiencia de trabajo conjunto en el GIEI que, a pesar de las dificultades que afrontó, ha supuesto un ejemplo para otros casos, países e instituciones internacionales en la lucha contra la impunidad.

      Capítulo I

      LA EXPERIENCIA DEL GIEI

      Dos días después de ocurridos los hechos de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero (México) junto con el asesinato de seis personas más, tres de ellos estudiantes de la misma escuela, y numerosos heridos graves, el 29 de septiembre de 2014, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C., el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, A.C., la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C. (Centro Prodh) se dirigieron a la CIDH solicitando medidas cautelares por la desaparición de los jóvenes estudiantes.

      El 3 de octubre de 2014, la CIDH expidió la Resolución 28/2014, medida cautelar 409/14, en la que decide solicitar al Estado mexicano que “a) Adopte las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de los 43 estudiantes identificados, con el propósito de proteger sus derechos a la vida y a la integridad personal; b) Adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de los estudiantes heridos, identificados en el presente procedimiento, quienes actualmente estarían ingresando en un hospital; c) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y d) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar” (punto 14).

      Con fundamento en el literal c) de la decisión de la CIDH, el 12 de noviembre de 2014, se aprobó el “Acuerdo para la incorporación de asistencia técnica internacional desde la perspectiva de los derechos humanos en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos deAyotzinapa, Guerrero, dentro de las medidas cautelares MC/409/14 y en el marco de las facultades de monitoreo que la CIDH ejerce sobre la situación de derechos humanos en la región”. Acuerdo que tiene un Adendum del 18 de noviembre de 2014.

      El contexto político en el que se dieron estas medidas estaba caracterizado por una crisis en México, motivada por la desaparición de los 43 estudiantes, con multitudinarias manifestaciones sociales y una fuerte indignación por lo sucedido. La gravedad de la situación, la falta de confianza en las respuestas del Estado y la movilización de los familiares y de la sociedad llevaron a la petición de solicitar medidas cautelares. La actitud abierta del Estado mexicano y de los peticionarios, sentaron las bases para crear un nuevo mecanismo que ejecutara dichas medidas otorgadas por la CIDH.

      El

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