a las víctimas.
Tiempo de mandato
El plazo en el mandato de un grupo es un elemento clave. Por una parte, durante el primer mandato de seis meses, el tiempo jugó a favor del Grupo. El periodo de seis meses llevaba a tener un resultado en un corto tiempo y movilizar la energía, contactos y actividades de forma progresiva y ágil. La existencia de numerosos problemas en la investigación, el deterioro de la relación de las víctimas con el Estado y la parálisis sobre los escenarios de búsqueda conllevaban enorme trabajo, pero también fue una oportunidad para mostrar resultados en un tiempo prudencial que ayudasen a transformar la visión del caso y ofrecer nuevas líneas de investigación y acción para resolverlo.
La existencia de un mandato indeterminado desde el inicio hubiera conllevado probablemente una mayor relajación o indeterminación del tiempo en que el GIEI debía dar cuenta de su trabajo. Pero en el segundo mandato, de otros seis meses, la limitación del tiempo conspiró en contra del cumplimiento de su mandato ya que no existían respuestas oportunas de las autoridades. Por ejemplo, el Estado limitó el acceso a la información y muchas de las gestiones no se hicieron hasta los últimos quince días de mandato, cuando ya no había oportunidad de revisar esos resultados, a la vez que públicamente el Estado ofrecía la versión de que se había dado cumplimiento a las peticiones.
El GIEI considera importante que un grupo de estas características tenga un mandato limitado en el tiempo, pero también con posibilidad de renovación, como en este caso. Si bien contar con un mandato así es importante para no demorar la intervención en un caso y llevar a cabo un trabajo efectivo, sería deseable que dicho mandato pueda tener un plazo de un año, sin necesidad de un largo proceso de renovación como en este caso, con un informe intermedio que dé algunas respuestas al desarrollo del trabajo. De esta forma pueden evitarse especulaciones sobre si existen posturas favorables o detractoras para el seguimiento de la investigación, y el grupo puede contar con el tiempo necesario para llevar a cabo su trabajo y tomar decisiones de acortarlo en caso de finalizarlo antes.
Además esos aportes se extendieron y visualizaron en México, como una manera de investigar de manera profesional un caso de desaparición forzada, empoderar a las familias y a las víctimas, y contribuir a la formulación de políticas públicas en materia de derechos humanos.
Estas actividades le permitieron al GIEI, durante su año largo de trabajo en México, posicionarse como un actor relevante frente a las instituciones estatales, en particular con la Procuraduría General de la República (PGR), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Senado de la República, la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entre otras. También ante otros actores sociales y académicos, como fueron las organizaciones de familiares de desaparecidos, los organismos no gubernamentales de derechos humanos, las universidades, los académicos y algunos columnistas de opinión y los medios de comunicación. Ese posicionamiento trascendió el caso y se extendió a temas de desaparición forzada, derechos humanos, sistema penal, reformas legales, entre otros.
Cuando se trate de casos en los cuales se establezca que la autoridad encargada de investigación ha dado una versión o teoría del caso y que ha tenido serios problemas o sesgos importantes, y tras un primer periodo de conocimiento del expediente y de las líneas de investigación existentes, es conveniente integrar un nuevo equipo encargado de la investigación oficial, que no tenga compromisos con las hipótesis de investigación anteriores, de manera tal que puedan comprometerse en una investigación efectiva con el Grupo que llega para la coadyuvancia, sin interferencias de otro tipo.
En estos casos, se necesita generar una alianza con los sectores del Estado comprometidos en la lucha contra la impunidad. De la fortaleza de esta alianza dependerá en gran parte el avance o bloqueo de las investigaciones, aunque hay que considerar los obstáculos internos que puedan darse a esa investigación. También hay que valorar la desprotección o riesgo en que pueden quedar algunos investigadores cuando no se ha podido promover un cambio profundo.
Buenos oficios
Además de los cuatro puntos clave de su mandato, el GIEI realizó diferentes gestiones de buenos oficios para establecer vías de diálogo y espacios de colaboración entre las instituciones del Estado con las víctimas y familiares, así como con sus representantes y peritos.
Estas actividades no eran parte de su mandato, pero el GIEI consideró muy relevante realizarlas como una contribución para el restablecimiento de bases de confianza, credibilidad y diálogo, fundamentales para el reconocimiento de los derechos de las víctimas y el funcionamiento de las instituciones. Estas acciones fueron valoradas de forma muy positiva por el Estado, las víctimas y sus representantes y los peritos de ambas partes. Además, el GIEI era consciente del tiempo limitado de su mandato, considerando que el fortalecimiento institucional y de sus capacidades de relación con las víctimas, son una herramienta clave para la resolución del caso.
El hecho que en la creación del grupo participaran el Estado y los representantes de las víctimas, y las diversas funciones de acercamiento y apertura del diálogo entre los actores que facilitó el GIEI, hicieron posible que se convirtiera en el último eslabón o vínculo con la institucionalidad. La realización de buenos oficios, es decir, de gestiones para restablecer la relación con las víctimas, hacer de mediadores en algunas negociaciones, auspiciar condiciones compartidas para participar en reuniones, estimular la colaboración con el Estado para realizar diligencias (toma de testimonios, recogida de información) o presencia en reuniones con las instituciones como garantes del proceso, significó una ganancia frente al mandato.
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