en lo que refiere a su faz clandestina-represiva propiamente dicha constituye un reforzamiento de las funciones pastorales del Estado que toma como objeto de la vigilancia y represión generalizadas al conjunto de la población, y no solamente a sujetos particularizados y estigmatizados dentro de ella (guerrilla, comunismo, oposición).
A continuación, enumeramos los organismos que actuaron dentro del organigrama estatal y fuera del mismo, referidos a las labores de la inteligencia militar y policial:
1) Servicio de Información de Defensa (sid), creado el 23 de febrero de 1965 mediante decreto Nº 68, para asesorar al Ministerio de Defensa Nacional en “asuntos de información y contrainformación” según las necesidades de la Defensa Nacional. En junio de 1971, el organismo quedó bajo entera jurisdicción militar y se produjo su división en seis departamentos, entre ellos, el Departamento III (Planes, Operaciones, Enlace) —verdadero epicentro de las acciones represivas nacionales y extraterritoriales—. Por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas aprobada ya bajo dictadura, en 1974, se definió al sid como “órgano de asesoramiento de la Junta de Comandantes en Jefe” (y no del Ministerio de Defensa Nacional).
2) El otro organismo militar involucrado en las acciones de inteligencia y operativa represiva a gran escala, fue el llamado Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (ocoa). Los antecedentes de este ámbito probablemente se remontan a abril de 1972, antes del golpe de Estado, en plena ofensiva represiva de las Fuerzas Conjuntas contra el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El ocoa fue creado por el Comando General del Ejército (cge), y al mismo se adscribían las cuatro Divisiones de Ejército en todo el territorio nacional. El ocoa1 —el más activo y numeroso— dependió de la División de Ejército I y tenía jurisdicción dentro de su territorio, que incluía la capital del país.
3) Dependiente del Departamento II del Estado Mayor del Ejército[21] funcionó la Compañía de Contrainformación del Ejército, inicialmente constituida para tareas de vigilancia interna y control de los propios efectivos del Ejército, pero que luego intervino directamente en investigaciones fuera del ámbito militar, en interrogatorios y operativos represivos, algunos de ellos fuera del territorio nacional como parte de la coordinación represiva regional y del Plan Cóndor.[22]
4) Las diferentes armas y sus Estados Mayores tenían sus propios servicios de inteligencia distinguidos con el Nº 2: S-2, N-2, D II, C.2, A-2: usacbl (Fuerza Aérea), fusna (Armada), dipre (Prefectura Naval) y otros.
5) Los antecedentes de la Inteligencia Policial se remontan al llamado por entonces Servicio de Inteligencia y Enlace, fundado en el año 1947, en plena Guerra Fría; en 1967 se conformó la Dirección de Información e Inteligencia (dii), dependiente de la Jefatura de Policía de Montevideo y, el 28 de diciembre de 1971, mediante Decreto, el organismo se consolidó como Dirección Nacional de Información e Inteligencia (dnii) que, a partir de 1978, pasó a depender del Ministerio del Interior.
Una zona secreta e ilegal del accionar represivo militar en Uruguay estuvo constituida por los ocho centros clandestinos de detención identificados hasta el presente, algunos de los cuales dependían de los organismos de inteligencia: del sid-Junta de Comandantes en Jefe dependían cuatro centros clandestinos de detención (incluida su propia sede); del ocoa-1 dependían tres; de la dnii (Ministerio del Interior-Policía) dependía la Base “Lima Zulú”.
Un rasgo de la experiencia dictatorial en el país es que varios centros clandestinos estuvieron localizados y funcionaron dentro de dependencias militares legales o públicas o en casas o chacras incautadas a prisioneros u organizaciones políticas que luego permanecían bajo jurisdicción militar.
Como ya adelantamos, otra zona oscura del camino autoritario transitado en el Uruguay fue la aparición en el periodo previo al golpe de Estado y la instalación de la dictadura, entre 1971 y 1972, de organismos paramilitares o parapoliciales autodenominados Escuadrones “Caza Comunistas” o “ Caza Tupamaros”. Así, civiles integrantes de organizaciones de jóvenes de ultraderecha, militares y policías conformaron dichos escuadrones que actuaron al margen de la legalidad y con apoyo de las estructuras legales del Estado de derecho. Son resultados de ese accionar criminal, los asesinatos de los estudiantes Manuel Ramos Filippini (31 de julio de 1971) e Ibero Gutiérrez (28 de febrero de 1972) y las detenciones y desapariciones forzadas de Abel Ayala (18 de julio de 1971) y Héctor Castagnetto (18 de agosto de 1971). El 5 de junio de 1972, antes del golpe de Estado, el Senado constituyó la Comisión Investigadora sobre Actividades de Terroristas. Escuadrón de la Muerte.[23]
El proceso de “militarización” del Estado uruguayo entre 1971-1973, y luego bajo la dictadura y el Terrorismo de Estado —no solo entendido como la co-participación militar en el bloque de poder político (civil-militar) o como la configuración de un modelo estatal “mixto” (político-militar) sino, también, como una forma de organización y control autoritario de la sociedad en situaciones de crisis—, contempló el proceso de construcción de una faz clandestina, ilegal y secreta de las propias estructuras estatales y militares que se correspondieron con la estructura legal y pública del Estado-dictadura en el marco de la lucha contra la subversión.
La guerra interna, por su objetivo final de exterminio del enemigo y por ser las Fuerzas Armadas su sujeto protagónico, se corresponde, valga la redundancia, con un tipo de guerra militar. Pero por su lógica intrínseca y formas anticonvencionales de despliegue operativo, se trata, valga la contradicción, de un tipo de guerra policial.
No fueron las estrategias de combate de las Fuerzas Armadas para la liberación de territorios ocupados por la guerrilla ni el poder de fuego o sofisticación tecnológica del armamento de guerra utilizado los factores que caracterizaron dicho enfrentamiento y que, a la larga, explica las razones de la victoria de las fuerzas estatales contra las organizaciones de izquierda. Por el contrario, dentro de las características de una guerra de proximidad o cuerpo a cuerpo, los militares asimilaron sus funciones comisariales a las funciones policiales de asegurar el “orden público interno”, y su superioridad se basó no en el poder de combate y de fuego sino en la información confidencial recopilada por años sobre dirigentes, militantes y organizaciones de izquierda; en los métodos de seguimiento, infiltración y cooptación; en la tortura generalizada en los interrogatorios; en la clandestinización de su accionar y la coordinación represiva regional.
Uno de los rasgos fundamentales de la guerra interna y de su transformación en guerra sucia lo constituyó la asimetría de las fuerzas confrontadas y del universo de víctimas, que falsea los argumentos acerca de la existencia de una confrontación bélica real de tipo convencional o entre Estado.
Según los resultados de las investigaciones históricas y arqueológicas de la Presidencia y de la Universidad de la República sobre detenidos-desaparecidos, asesinados políticos y terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985),[24] el universo de víctimas pertenecientes a las distintas organizaciones de la izquierda uruguaya estuvo constituido por cerca de 200 ciudadanos detenidos-desaparecidos,[25] alrededor de 250 asesinados políticos y más de 6 mil presos y presas políticas.[26]
Por otra parte, inmediatamente de recuperada la democracia en Uruguay, el 1 de marzo de 1985, la aprobación parlamentaria de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado,[27] en 1986, y sus posteriores ratificaciones plebiscitarias, en 1989 y 2009, sólo permitieron, en estos últimos casi treinta años, avanzar lentamente en materia de verdad y justicia respecto a los responsables institucionales de las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. No obstante, a partir del año 2005 y del primer gobierno de izquierda presidido por Tabaré Vázquez, así como en la segunda administración frenteamplista ejercida por el presidente José Mujica hasta el presente, aunque parciales, se han logrado importantes avances en materia de verdad y justicia.
Referencias
Agamben,
