los rasgos de personalización del golpe en la figura del presidente-dictador y la continuidad del titular del Poder Ejecutivo de la democracia a la dictadura —desde el golpe en 1973 hasta su destitución en 1976— no niega el hecho evidente de que Juan María Bordaberry fue quien ejecutó el golpe de Estado del 27 de junio pero con el apoyo expreso de las Fuerzas Armadas como institución.
Esa circunstancia determinó que después del golpe no se produjera en el país la total centralización y/o fusión de los poderes dictatoriales en la persona del presidente-dictador (el Uno), sino que se constituyera una estructura de decisiones de integración compartida con las Fuerzas Armadas (cierta colegialización del poder gubernamental), una especie de división del trabajo cruzada para el ejercicio de las funciones públicas, según las especialidades de políticos y de soldados.
Entonces, si bien el autogolpe dado por el presidente convertido en dictador no implicó una usurpación o despojo del poder gubernamental que ya detentaba sino su conservación y reafirmación en acto —justificado por los desafíos al orden provenientes de sectores de la sociedad civil o no estatales (sindicatos, gremios estudiantiles, partidos políticos de la izquierda)—,[6] sí implicó un desplazamiento parcial del ejercicio centralizado y partidocrático del poder gubernamental a cargo de los partidos tradicionales, los políticos y tecnócratas[7] y la incorporación a dicho bloque de la burocracia militar, constituyéndose así un régimen de poder mixto o compartido entre quienes ejecutaron el golpe de Estado y gobernaron casi 12 años bajo dictadura.
Dicho de otra manera, el rasgo civil (o cívico) de la dictadura uruguaya —resumido en la persona del presidente/dictador— se correlaciona con el rasgo militar del golpe de Estado y la dictadura —resumido en la corporación/institución Fuerzas Armadas—, no como componentes separados o agregados que se superponen según la coyuntura y las etapas de evolución y/o crisis internas del régimen sino a partir de una relación orgánica compleja, que sobredetermina tanto la naturaleza o el tipo de régimen autoritario instalado en el país (de carácter cívico-militar) como las características específicas del bloque de poder mixto (civil y militar) de la dictadura uruguaya.
Las Fuerzas Armadas como institución del Estado se asocian —en forma corporativa y monolítica— a la decisión del golpe ejecutado por el presidente como acto gubernamental y, a partir de allí, co-gobiernan el Estado autoritario en sus diferentes niveles (no solamente represivos), no obstante las distintas etapas y sucesivos recambios en los gobernantes de facto (cuatro presidentes), al menos entre 1973 y 1981, año en el que asumió la presidencia de facto un militar, por primera vez en forma directa y hasta la recuperación de la democracia en el país, en marzo de 1985. El teniente general Gregorio Álvarez fue Comandante en Jefe del Ejército y se encontraba retirado de la actividad y sin mando de tropa desde el 1 de febrero de 1979.
Al interior de las Fuerzas Armadas uruguayas, podría decirse incluso que, a diferencia de la figura del tirano usurpador —un Pinochet en Chile o Videla en Argentina—, las discusiones y toma de decisiones entre militares también se procesaron a través de organismos de tipo colegiado como la Junta de Oficiales Generales, la Junta de Comandantes en Jefe, la Comisión de Asuntos Políticos, y otros; es decir, tampoco se llegó en el caso uruguayo a la personalización del liderazgo militar[8] salvo, como ya señalamos, casi al final del proceso (en 1981), cuando fue designado presidente el teniente general retirado Gregorio Álvarez, aunque dicho cambio no alteró sustancialmente la naturaleza combinada militar-civil del régimen hasta el final de sus días.
En conclusión: el proceso de concentración de los poderes estatales en la dictadura uruguaya no concluyó en un monopolio, total centralización o fusión de los mismos en el Uno-dictador (líder político o caudillo militar) o en una única institución u órgano estatal (Poder Ejecutivo, Consejo de Estado o Junta Militar). Se trató, más bien, de un poder único-compartido (cívico-militar o militar-civil), con cambios en la correlación interna de fuerzas en el bloque de poder e, incluso, alternancias coyunturales de la jefatura del régimen, por ejemplo, en 1976 y 1981, ejercido a través de una red de viejos y nuevos organismos burocrático-estatales, de diferentes niveles de decisión y funciones (políticos, diplomáticos, represivos, educativos), de integración mixta (políticos-soldados) y reclutamiento diversificado (funcionarios, diplomáticos, tecnócratas, soldados, policías, profesionales, periodistas).
La relación concreta entre civiles y militares dentro del nuevo bloque de poder es muy difícil de establecer a través de la documentación obtenida o los testimonios sobre el periodo así como la proporción o cuotas de poder compartidas entre ellos y/o la exacta responsabilidad de unos y otros en la adopción de tal o cual decisión gubernamental o represiva. Por el contrario, o quizás por esa misma dificultad, resulta más fácil tipificar a los presidentes civiles de cualquier régimen surgido de un golpe de Estado como títeres, peleles o figuras decorativas de las Fuerzas Armadas, y resulta también de sentido común absolutizar el poder militar en las dictaduras latinoamericanas contemporáneas denunciándolas como dictaduras militares a secas.
Aún aceptando el establecimiento de una relación desigual de poderes y/o división complementaria de tareas entre ambos sujetos, en algunos casos a favor del estamento militar como, por ejemplo, en la represión o, en otros casos, a favor de los civiles frente a los uniformados por la experiencia de aquellos en el manejo de la cosa pública, lo que se pretende definir a través de la determinación de la naturaleza del régimen político autoritario y de la integración del bloque de poder no son tanto la proporción en la atribución de responsabilidades, o la cuotificación del poder entre los sectores civiles y los militares dentro del poder gubernamental, sino enfatizar tres aspectos propios de la dictadura uruguaya:
1. Por un lado, la integración mixta del régimen o, si se prefiere, las fuentes diversificadas (o duales) del reclutamiento de su personal dirigente y burocrático para asegurar el funcionamiento regular del aparato político-administrativo-militar del Estado y su reproducción en el tiempo.
2. Por otro lado, el carácter menos personalizado de la dictadura uruguaya en la figura del dictador-presidente y más institucionalizado en los organismos: presidente-Poder Ejecutivo-Fuerzas Armadas dentro de un nuevo organigrama estatal reconfigurado a través de distintos actos jurídico-institucionales.
3. Finalmente, el rasgo civil-militar o militar-civil, según la coyuntura, refiere no sólo a los sujetos del bloque social de poder y a la doble fuente de reclutamiento del personal dirigente y burocrático del régimen dictatorial sino, también, a la existencia y tipo peculiar de relación y actividad que entablan ambos niveles del poder estatal bajo el autoritarismo: el gubernamental (la esfera política) y la guerra interna (la esfera militar), relación que se da no solo entre los sujetos dentro y fuera del bloque de poder sino que también se traslada al propio diseño institucional del Estado-dictadura.
En resumen, la dictadura uruguaya no fue una dictadura sin dictador sino una dictadura-institución, no fue una dictadura típicamente militar sino civil-militar, no fue estrictamente un tipo de poder monocrático sino un poder único-compartido, una reestructura autoritaria de un Estado híbrido, que comporta una doble dimensión institucional o doble faz: pública (sometida a las leyes aprobadas por la propia dictadura) y clandestina (al margen de la legalidad),[9] con el objetivo principal de gobernar, reprimir y controlar a la sociedad y sectores particularizados dentro de ella, principalmente las organizaciones de izquierda, tanto en el país como en la región del Cono Sur.
Sobre la etapa pre-golpe: el protagonismo de las Fuerzas Armadas y las alianzas políticas conservadoras que prefiguran el bloque de poder golpista y dictatorial
Para caracterizar la naturaleza del régimen y el bloque de poder dictatorial constituido entre 1973 y 1985, debemos tener en cuenta el proceso de cambios que se gestó y desarrolló en la etapa histórica precedente a la dictadura, es decir, en democracia, particularmente entre 1968 y 1973.
Dicho
