antes del golpe. Sin embargo, la perspectiva optimista se derrumbó pronto, porque en el mismo 1973 se produjo la primera gran alza del precio del petróleo crudo, que castigó fuertemente a la economía uruguaya. En consecuencia, lo que prevaleció en la primera fase de la dictadura fue una mezcla de apertura con proteccionismo selectivo, que combinó la liberalización financiera con subsidios a la industria de exportaciones no tradicionales, en vista de que las agropecuarias volvían a mermar por la caída de la demanda, a resultas del choque petrolero y del proteccionismo de los países compradores. En años posteriores, se llevó a cabo una política más definida de apertura comercial y financiera.[31] Se registró a partir de 1974 un crecimiento sostenido que contrastó con el estancamiento de épocas pasadas, aunque la economía se volvió más vulnerable a las fluctuaciones internacionales, lo que —unido al elevado endeudamiento— culminó en una nueva crisis de grandes dimensiones en 1982. El ingreso, más allá de algunas oscilaciones, siguió concentrándose —respondiendo a una tendencia también internacional a la deflación de costos empresariales— y aumentaron el poliempleo, el empleo informal y de manera abundante la emigración por motivos económicos.[32]
En política interna, aparte de sofocar toda oposición, se realizó, como suele suceder en estos casos, una purga cultural en los centros educativos e intelectuales, imponiéndose duras restricciones (tal vez más efectivas por la autocensura que por la censura) a los medios de información y difusión de materiales impresos, auditivos y televisados. Fueron proscritos los partidos de izquierda y las organizaciones estudiantiles. También fue suspendida en sus derechos políticos una gran parte de la clase política tradicional. (Los derechos humanos estaban virtualmente suspendidos para todos). La cnt fue disuelta por decreto en el curso de la misma huelga de resistencia al golpe de Estado y los sindicatos individualmente considerados (cuya disolución hubiera sido contraproducente e imposible de justificar a la luz de los convenios internacionales) permanecieron congelados durante la mayor parte del tiempo, porque los intentos de reglamentarlos no funcionaron, quizás por discrepancias entre fracciones militares, pero posiblemente también porque el gobierno —con buena razón— temía que cualquier reanimación aun controlada los convertiría en focos de resistencia.
Fue una dictadura muy represiva que no se caracterizó por el número de asesinatos y desapariciones, aunque los hubo, sino por la cantidad de detenidos, presos, exiliados y torturados. En relación con su disminuida población, Uruguay debe haber sido proporcionalmente el país del Cono Sur con una mayor cuota de personas afectadas, al punto de que en algún informe de derechos humanos se le calificó como “país prisión”.
En lo tocante a Estados Unidos, el entonces presidente republicano Richard M. Nixon estaba en franco desacuerdo con la teoría del difunto John F. Kennedy de que se podían unir democracia y desarrollo en América Latina. Ya su antecesor del Partido Demócrata, Lyndon B. Johnson, la había desechado. Nixon, que creía que incluso en Estados Unidos las cosas funcionaban mal y que él estaba llamado a arreglarlas (con su renuncia en 1974 por actos delictivos se descubriría cómo), pensaba que los pueblos latinos en general no eran aptos para la democracia. Por tanto había poco o nada en el golpe de Estado uruguayo de 1973 que pudiera molestar al gobierno norteamericano y Brasil permanecería atento a toda cuestión de entidad que se pudiera presentar.
Conclusión
En el largo plazo, la constitución de Uruguay como país independiente, y su inclusión en el contexto mundial, muestra los rasgos de un sistema político liberal y culturalmente europeizado, unido a lo que algunos economistas llamaran economía subdesarrollada. Una sociedad urbana con patrones de desarrollo social considerablemente avanzados en la primera mitad del siglo xix se combinaba con una economía agroexportadora donde —sin perjuicio de importantes diferencias entre tipos de unidades productivas— predominaban criterios tradicionales de producción y organización empresarial, que le proporcionaban escasa posibilidad de respuesta frente a fluctuaciones de precios y potencialidades de comercialización y diversificación. La sociedad urbana, si bien mayoritaria en términos demográficos, dependía hasta el momento de la crisis del empleo provisto por el Estado, secundado por los servicios privados del comercio y las finanzas, y una industria restringida y protegida, sin perspectivas de crecimiento. La posibilidad de cambio de esta estructura era reducida y, en consecuencia, su vulnerabilidad al conflicto social, muy elevada. Los partidos dominantes constituían una red de intereses muy diversificados, pero poco jerarquizados y bastante segmentados; los límites entre fracciones partidarias, instituciones del Estado y clientelas electorales eran difíciles de delimitar. En la segunda mitad de los años sesenta, la combinación de parálisis política, ineficacia institucional y crisis económica abrían un espacio a la radicalización, la violencia y el autoritarismo. Dado que las Fuerzas Armadas habían permanecido hasta entonces al margen del conflicto, en la medida en que este se agravaba sin solución a la vista, es fácil de entender que finalmente acabaran interviniendo, ya sea a convocatorio de los propios políticos tradicionales incapacitados de resolverlo, ya sea por ambición o mesianismo de los jefes castrenses.
Referencias
Hemerografía
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