en la estructura estatal. Considera las elecciones municipales y parlamentarias de los “mil días de Allende” para demostrar el crecimiento electoral de la izquierda que privó de sustento a este cuestionamiento. Sitúa en esos reveses electorales el desaliento por la búsqueda de desenlaces en el marco de las instituciones. Ello le permite explicar el deslizamiento de la Democracia Cristiana hacia la subordinación.
El autor deja de lado los conocidos aspectos de la conjura que condujo el golpe y la derrota militar de la Unidad Popular para privilegiar el estudio de los éxitos políticos de la dictadura en el campo institucional con la aprobación de la Constitución de 1980, en un marco de descalabro de la izquierda y de incorporación de la Democracia Cristiana.
Al fijar el lente de estudio en el periodo posdictatorial, el autor considera que el sistema de partidos chileno sufrió un desprestigio y una intensa desideologización. Este fenómeno determinó que los largos gobiernos de la Concertación fueran incapaces de cambiar el marco constitucional restrictivo impuesto por la dictadura, en tanto estuvieron dispuestos a profundizar el consenso de Washington, cuya máxima expresión fue la desnacionalización de la industria cuprífera, principal conquista del gobierno de Allende que ni el tradicional nacionalismo de las Fuerzas Armadas de ese país le permitió a Pinochet desactivar.
Yocelevzky se pregunta entonces: ¿cómo se pasó del consenso nacionalizador de 1971 a aceptar esta nueva situación? Su búsqueda explicativa encuentra las respuestas en la subordinación de unas fuerzas a otras y la preferencia por soluciones coyunturales para enfrentar, en el marco del posibilismo, los grandes problemas nacionales. En su estudio se sitúa un principal aporte centrado en la magnitud ideológica de las confrontaciones en desmedro de las formulaciones programáticas que gozan de mayor presencia en otros análisis. Estos programas se han presentado “como producto de un sentido común político, cuyo origen no se atribuye a conflictos construidos a través de la subordinación de fuerzas políticas que se arrogan una representación de la sociedad. Esta representatividad es la que, en cada periodo, debe ser establecida y validada.” Y a su luz deben ser interiorizadas las enseñanzas que deja el caso chileno para rechazar y/o cuestionar los resultados que devienen de la unión de fuerzas políticas contradictorias e ideológicamente enfrentadas.
El apartado cierra con el anexo I, que reúne los testimonios de protagonistas de distinta significación de acuerdo al espacio desde donde les tocó actuar: la mirada del militante político uruguayo, la del periodista comprometido chileno y la del diplomático mexicano involucrado en el centro de la operación humanitaria. Sus voces dan cuenta de la tensión ante distintos avatares de aquellas coyunturas golpistas relatadas en las páginas anteriores. A través de ellas nos llegan apreciaciones sobre las estrategias del Partido Comunista de Uruguay (pcu) —fuerza directriz de la Convención Nacional de Trabajadores (cnt)— durante el desarrollo de la huelga general desatada contra el golpe de Estado. También recibimos una versión directa de quien posibilitó la transmisión de las últimas palabras del presidente Salvador Allende. Y, por último, la voz del diplomático que puso en práctica una activa política de asilo del Estado mexicano en aquellas difíciles circunstancias, a riesgo de perder su vida.
El lector encontrará en el apartado “Justicia transicional: retos y experiencias” dos tratamientos que comparten un nudo de problemas comunes: la incapacidad y/o déficits de las políticas estatales para el establecimiento de la justicia en el caso de las violaciones intensas de los derechos humanos que caracterizaron los procesos dictatoriales. De manera que la impunidad, y sus efectos en distintos planos de la vida social, cultural y psicológica de las sociedades, tiende a enseñorearse de los planteos de Elizabeth Lira y Jo-Marie Burt.
Elizabeth Lira aborda los procesos de verdad, justicia y memoria, así como las consecuencias psicosociales que vivieron quienes padecieron la violación de sus derechos luego del golpe en Chile. Lo realiza desde un tratamiento que busca entroncar el fenómeno en las tradiciones históricas y culturales de la sociedad. Su análisis subraya el modelo de reconciliación chileno basado en la impunidad inclusiva de distintos actores. Modelo que fue la fórmula esencial, de base renaniana, para reconstruir el pacto social de un Estado-nación oligárquico e históricamente estable, con un sistema político legítimo y una identidad compartida.
Así, la autora propone un Chile que emerge a la transición y hunde sus raíces en las salidas concertadas de la guerra de 1891 y en las rupturas políticas de 1924-1932. De esta manera se forjó la trivialización de la impunidad posterior; así se labró la vía chilena a la reconciliación: una “paz social” anclada en lo que habitualmente se llamó las “leyes del olvido”. Estas “leyes” no implicaron sin embargo la clausura de la verdad. Esta búsqueda del saber también entronca con las tradiciones forjadas en los momentos más críticos de la historia nacional de ese país, en los que también se apeló a la verdad como elemento constitutivo de la reconciliación. No obstante, el viejo modelo del olvido jurídico y la clausura de toda memoria fue tempranamente impugnado una vez que Chile inició su transición. En la concepción de Lira, la veloz expansión de la tecnología asociada a las comunicaciones dificultó entonces su reinstalación.
A partir de este recorrido histórico, la autora incursiona en el seguimiento y reconstitución de los hitos que pautan el proceso de búsqueda de justicia y verdad, luego de 1990. Analiza los emprendimientos surgidos desde la sociedad civil, desde los familiares y las iglesias así como de los organismos interamericanos y su temprana actuación en el caso chileno. En la tradición de verdad sitúa también los esfuerzos del primer gobierno posdictatorial y de los siguientes que dieron fuerte relieve a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que de alguna manera minaron el relato épico construido por la dictadura pinochetista. Estudia los obstáculos y el lento avance de un proceso de derrumbe de la impunidad que debió enfrentar la ley de autoamnistía de 1978, la propuesta de “justicia en la medida de lo posible” de Aylwin y el hito de apertura pautado por la detención de Pinochet en el marco de las demandas de la justicia internacional. Muestra los graduales avances producidos a partir de la instalación de la Comisión Valech, de la dedicación exclusiva de jueces a las violaciones de los derechos humanos y el progreso de las sentencias. Si bien la autoamnistía no fue derogada, se hizo jurídicamente inaplicable, hasta el punto que las sentencias involucran el 75% de los casos, aunque con condenas extraordinariamente reducidas.
Lira reconoce como positivos los esfuerzos de las políticas estatales en torno a los derechos humanos. Empero su propuesta culmina con un análisis de la tragedia, desde la dimensión clásica hasta el entronque contemporáneo, para concluir que “la reconciliación política [como] una meta, un espejismo, una utopía […] resulta insuficiente al compararla con la gravedad de lo denunciado y el gran número de personas que fueron afectadas”. Las reflexiones con ocasión de los cuarenta años del golpe militar “subrayan la persistencia de lo irreparable” y la exigencia del reconocimiento social y político, es decir, una memoria activa de ese pasado y de las acciones judiciales que permitan identificar las responsabilidades penales sobre los crímenes cometidos. Sin desmedro de su especialidad profesional, la autora realiza un significativo aporte al entroncar el daño social con la trayectoria histórica del país.
La propuesta de Burt hace hincapié en la modalidad represiva de la dictadura cívico-militar uruguaya y los éxitos relativos alcanzados por el discurso oficial negacionista en torno a la desaparición forzada que impulsaron los primeros gobiernos posdictatoriales. Explica la “cultura de impunidad” instalada en el país y el extremo retraso en procesar algunas formas limitadas de verdad y justicia. Finca este proceso en las características de la particular transición pactada que posibilitó la consolidación de una impunidad que encontró fundamento legal en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986. Esta Ley se instituyó como una traba inamovible que obstruyó todo intento de investigación y judicialización de los crímenes de lesa humanidad. A partir de un seguimiento de las luchas y mecanismos utilizados por los familiares y emprendedores, que comprendieron incluso dos consultas ciudadanas fracasadas, Burt, desde su doble condición de académica y activista, se aproxima a la apelación al Sistema Interamericano
