la pública, basada en las leyes aprobadas por la propia dictadura, y la clandestina, cuyo objetivo fue gobernar, reprimir y controlar a la sociedad y a las organizaciones de izquierda. En esta caracterización se ubica uno de sus principales aportes.
En el capítulo se considera la prefiguración del bloque en el poder en el inmediato periodo pregolpista. Es aquí donde se sellan las alianzas políticas y se da forma incipiente a la estructura jurídica legal e ilegal que luego se aplicaría en la fase propiamente dictatorial. En ese espacio se conjuga la relación compleja democracia-autoritarismo en la coyuntura anterior al golpe, no como términos antagónicos sino tensionados en paralelo.
A partir de estas definiciones, el autor aborda el estudio de los dos “gobiernos de crisis”, los de Jorge Pacheco Areco y Bordaberry, que graduaron el largo desmonte de la institucionalidad uruguaya y que sentaron las bases estructurales que serían conservadas y profundizadas durante el periodo propiamente dictatorial. En este pregobierno de facto se ubican también otros elementos de continuidad, básicamente, la paulatina incorporación de las Fuerzas Armadas al proceso político que el autor analiza en sus cuatro momentos: comisarial, técnico militar, refundacional y, finalmente, la fase pretoriana y de transición.
Apoyado en estos asertos, estudia la nueva institucionalidad militarizada y las transformaciones que surgirán en el plano de la Justicia Militar, así como el nuevo marco jurídico represivo. Estos son elementos fundamentales para singularizar un régimen que dio preeminencia a la prisión política prolongada, aunque no en detrimento de otras formas abiertamente ilegales como tortura, desapariciones forzadas, traslado ilegal de prisioneros y sustracción de identidad de menores.
El capítulo aporta también un marco privilegiado de acceso a las fuentes, ya que el autor es coordinador de la investigación histórica sobre desaparición forzada desarrollada conjuntamente entre la Universidad y la Presidencia de la República. Este destacado papel le permite incorporar una amplia y sistematizada información proveniente de los archivos de seguridad en torno a los aspectos cuantitativos y cualitativos de esa represión. Lo mismo hace posible que Rico incursione con probada suficiencia en el análisis de los organismos de seguridad e inteligencia. El énfasis en las estructuras institucionalizadas no hace perder de vista el otro aspecto clandestino, secreto e ilegal del “Estado-dictadura”: el carácter meramente policial del accionar de las Fuerzas Armadas y su evidente parentesco con las “guerras sucias” de la región.
La dictadura chilena, por su parte, es abordada a través de dos trabajos sugerentes que la evalúan, sopesan sus herencias y envían mensajes hacia el presente y el futuro latinoamericano. El capítulo de Darío Salinas se estructura al establecer la condición de laboratorio político de la experiencia chilena enmarcada en una etapa particular de la Guerra Fría. Etapa que permite valorar la trayectoria histórica de relacionamiento de Estados Unidos con los proyectos emancipadores del siglo xx. Ambas premisas hacen posible que el autor practique una mirada actual sobre el itinerario político del siglo xxi en el continente.
En su propuesta, el inicial posicionamiento centrista de la Democracia Cristiana actuó como antecedente para alertar a las derechas nacionales y precipitar los tempranos apoyos estadounidenses para obturar la vía alterna. De manera que el arribo de la Unidad Popular en 1970, con su propuesta de “vía chilena al socialismo”, enfrentó una bien acerada conjura nacional e internacional que actuó de manera inmediata en sentido desestabilizador. En tanto, el nucleamiento de izquierda encontró muy pronto el gigantesco obstáculo que supuso no haber “dibujado antes su propio Estado”, hecho que el autor propone incorporar a la didáctica política continental.
Salinas resalta la instalación de una lógica confrontativa que impidió el establecimiento de puentes de diálogo. De manera que las elecciones parlamentarias de 1973, con su apoyo irrestricto al gobierno de Salvador Allende, no actuaron como factor de contención porque no respondían a los requerimientos del momento. Es decir, se trataba —según el argumento del autor— de haber acumulado voluntades políticas que permitieran neutralizar a la “sedición”, tarea para la cual la coalición gobernante demostró incapacidades que facilitaron el corrimiento del centro político a la derecha. Ello se aunó a la inacción estatal frente a las actividades conspirativas, lo que demostraría que, en circunstancias críticas, el respeto a la institucionalidad democrática no es una máxima inamovible. En este empate de “perspectiva catastrófica”, las Fuerzas Armadas encontraron el fundamento de la “necesidad” nacional para asentar el derrocamiento del régimen.
El estudio propiamente dedicado al periodo dictatorial privilegia la consideración de las políticas económicas implantadas por la Escuela de Chicago, su paulatino establecimiento interpretado por Salinas como una “respuesta integral a toda la experiencia previa, incluyendo la de la propia ‘clase dirigente’ que rearticuló la dirección de la historia política del capitalismo en Chile.” El sistema se reprodujo apoyado en el terror de Estado, precepto necesario y previo al pleno reformateo social y a la “modernización” estatal conservadora, con su lógica privatizadora y neoliberal en los planos laboral, de seguridad social y educativo. Experimento que ha dado base a la formulación de “laboratorio político” continental.
Esta fase laboratorial exigía el fin del terrorismo y la institucionalización del proyecto dictatorial, a través de la Constitución de 1980. Salinas se aplica entonces al estudio del largo proceso de “terminar” con la dictadura y analiza las distintas acepciones que la propuesta tuvo para las fuerzas políticas opositoras, incrementadas entonces por la incorporación de la Democracia Cristiana a este campo. Explica las definiciones tomadas por los diferentes agrupamientos y la coyuntura que permitió la imposición de una salida pactista.
En ese marco de continuismo transformador inscribe el plebiscito de 1988, con la aceptación por parte de la recién constituida Concertación de las reglas del juego pinochetista. No hubo entonces conjunción de voluntades políticas ni capacidad de la izquierda golpeada para imponer una opción alterna. Se pregunta, entonces, ¿quién atrapó a quién en el fingido juego electoral de 1988, fincado en la institucionalidad de la Constitución del 1980?
Así dio inicio una transición signada por “enclaves autoritarios” y limitada por la “política de lo posible”, que garantizó un impecable continuismo y puso un límite infranqueable para el establecimiento del consenso. El capítulo de Salinas se cierra con una consideración del ejemplo chileno y sus enseñanzas en proyección hacia la región. Se debe señalar que el cuidadoso mapeo del juego político que se desplegó desde el golpe de Estado hasta el gobierno de Piñera resultan un valioso aporte a la discusión sobre la historia chilena reciente.
El análisis de la experiencia chilena encuentra continuidad en el capítulo de Ricardo Yocelevzky centrado en lo político-ideológico con un claro mensaje hacia los procesos políticos latinoamericanos del presente. El autor se aboca a estudiar la compleja problemática de aquellas alianzas políticas que implican subordinación de unas fuerzas a otras, ideológicamente incompatibles. Muestra el papel que estas alianzas desiguales jugaron en el golpe de Estado, a partir de lo que considera un déficit en el análisis científico social de una problemática esencial para explicar históricamente la derrota del proyecto político de la Unidad Popular. Derrota sobre la que se gestó el Chile del presente, con su particular trayectoria transicional.
Se vale para ello del estudio de diversas coyunturas pregolpistas, paralelas y posgolpistas en los distintos agrupamientos políticos, con énfasis en la Democracia Cristiana. Muestra así la evolución de ese agrupamiento, desde el momento en que convalidó en el Congreso la elección de Allende y acompañó la aprobación unánime de la nacionalización de la industria minera, para pasar velozmente a la oposición y arribar al escenario de adaptación a la normatividad dictatorial. En la propia configuración policlasista de ese partido, Yocelevzky rastrea la tensión ideológica interna que posibilitó su relampagueante evolución desde la inicial posición institucionalista hacia el rupturismo.
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