Introducción
A partir de 2017-2019 Argentina se incorporó a la tendencia mundial de las llamadas comunicaciones convergentes. De una manera desordenada y sin lograr sancionar un nueva ley debido a la polarización política existente (y a sus propios errores), el gobierno de Mauricio Macri levantó las restricciones legislativas y regulatorias históricas que delimitaban rígidamente sectores diferentes pero que la evolución tecnológica y operacional terminaron uniendo.
Con estos levantamientos y algunas normas sancionadas específicamente, se estableció un marco en el cual los operadores de medios y telecomunicaciones pueden ya brindar cualquier tipo de servicios de comunicaciones sin limitaciones. Es decir, una compañía de telefonía y proveedora de Internet puede ser también un productor o distribuidor de contenidos audiovisuales y una empresa que opere sistemas de TV cable puede ofrecer telefonía y otros servicios de telecomunicaciones.
Además se implantó —presuntamente— una apertura total del sector (excluyendo solamente a la TV satelital) para que entren al campo nuevos prestadores, se pongan a disposición nuevas ofertas y se mejoren las existentes.
La operación más importante fue la fusión entre Telecom (telefonía) y Cablevisión (TV cable), con lo cual se creó la empresa más grande del sector en la Argentina liderada por el Grupo Clarín/Cablevisión Holding (nacional) (1), a la cual el organismo antimonopolio le impuso algunas condiciones de desinversión (algunos creen que la desinversión deberían haber sido de mayores alcances).
Quedaron así delineados tres grandes grupos: Clarín (actualmente el único que posee operaciones importantes tanto en comunicación masiva como en telecomunicaciones en una escala equiparable), Telefónica y Claro (con operaciones en telecomunicaciones pero aún muy pocas en el campo audiovisual).
A este trío se suman grupos más pequeños (en su despliegue en el territorio argentino). En una franja se encuentran ViacomCBS, PRISA, América e Indalo (con actividades casi exclusivamente circunscriptas a lo audiovisual y en los dos primeros casos con respaldo internacional). En otro campo están DirecTV, Telecentro y Supercanal (esencialmente titulares de sistemas de TV paga e ISPs, si bien DirecTV —como subsidiaria de AT&T— tiene extensas operaciones audiovisuales y de TIC en los Estados Unidos, su lugar de origen).
Hay también operaciones de medios masivos ligadas a sindicatos peronistas (Octubre y Crónica) y otra al segundo diario del país (La Nación, centroderecha), en todos los casos con una mayor significación ideológica y editorial de lo que corresponde a sus facturaciones estrictamente económicas.
En la corta vigencia de este régimen convergente no ha aparecido ningún grupo verdaderamente nuevo y ningún operador enfocado preferentemente en contenidos ha hecho incursiones significativas en telecomunicaciones o viceversa.
La expectativa es que este entorno convergente beneficie a consumidores y audiencias y signifique más competencia (ya que implica por correlato el ingreso de las telefónicas al mercado de la radiodifusión y el cable, así como abre la puerta para nuevos operadores).
Sin embargo, todavía para 2020 el marco jurídico que consagra esta convergencia comunicacional no ha traído aún grandes novedades ni beneficios en la Argentina debido a un multiplicidad de razones: la principal sin duda se relaciona con el deterioro y la inestabilidad macroeconómica, factores que claramente inhiben la inversión (inflación, alta presión impositiva, manipulaciones y restricciones cambiarias, así como altos costos para llevar adelante actividades empresariales).
Adicionalmente, la inestabilidad jurídica siempre está presente porque aun cuando un gobierno lleve a cabo las reformas necesarias nunca se sabe hasta cuándo va a durar ese marco y si va a resistir o perdurar tras el siguiente cambio de gobierno. Es cierto que la nueva gestión del presidente Alberto Fernández, al menos al momento de escribir estas líneas, no ha anunciado ninguna visión o plan integral sobre las comunicaciones, pero no parece tampoco que vaya a intervenir con medidas de fondo que modifiquen ese marco convergente. Está por verse aún la actitud que puedan asumir los elementos más extremistas del kirchnerismo enquistados en el gobierno con respecto a temas de libertad de expresión, garantías al periodismo o manejo de los medios públicos.
Otra cuestión son las normas que ya están escritas y promulgadas pero que no se cumplen (por falta de voluntad política estatal) o cuya observancia es resistida (por intereses particulares con la suficiente capacidad), o bien cuando se produce una colisión entre jurisdicciones nacionales o locales (especialmente cuando las últimas restringen derechos o modalidades que reconocen las primeras o cuando las autoridades de determinada jurisdicción buscan apoyar ciertos actores en detrimento de otros y que a su vez son promovidos por otra instancia).
Las normas incumplidas van desde algunas cuestiones técnicamente complejas sobre compartición e interconexión de redes hasta temas de organización de grillas o de must-carry de sistemas de TV paga.
En otro orden, y como ha ocurrido desde los años 90 con prácticamente cada gobierno, las normas sobre multiplicidad de licencias en radiodifusión no son completamente respetadas: en la actualidad las emisoras que transmiten en la Ciudad de Buenos Aires en las frecuencias de AM 630 y 990 kHz son operadas por la misma empresa pese que no está permitido que un titular posea más de una estación por localidad en esa banda; algo similar ocurre con los canales de TV digital abierta UHF 21.1, 27.2 y en parte el 27.1, a nombre de distintas firmas pero que responden a un mismo propietario.
Podría ser que esas normas se encuentren superadas. Quizás no esté mal habilitar a que un mismo titular tenga dos AM por ciudad para evitar que esa banda decaiga; o permitir dos canales abiertos de UHF en idéntica localidad y de un mismo licenciatario para competir con la necesaria fuerza contra canales abiertos históricos de VHF. Pero esas normas o se cambian y flexibilizan, o bien, mientras no estén derogadas, se acatan.
Un tema más son los trámites que nunca terminan y todas las creativas expresiones de la burocracia para la cual siempre falta un permiso, un papel (o ahora un formulario, firma o “estampilla” digital) o cualquier otro requisito mínimo pero engorroso de solucionar. Aun cuando la corrupción no se monte en estas cuestiones, nunca se trata de un tema menor: este tipo de trabas pueden ser las más poderosas precisamente por su elusividad e “inexistencia” oficial, y afectan no solo a pymes sino también a empresas grandes, incluso a aquellas que disponen de una legión de abogados.
Por último hay restricciones y discrecionalidades que no se han eliminado. Hoy día la concesión de una licencia TIC es automática y fácil de obtener. Pero las licencias, como muy bien se aclara en las resoluciones que las otorgan, no garantizan los medios físicos o radioeléctricos para prestar el servicio y el régimen de ocupación de la vía pública o la asignación de frecuencias para telecomunicaciones sigue presentando muchos aspectos opacos, discrecionales o anticompetitivos.
Con las licencias de radiodifusión sonora o TV abierta el asunto es peor, ya que no siempre es fácil acceder a ellas. En las grandes ciudades desde hace ya muchos años es imposible habilitar una nueva emisora de radio o TV abierta, a no ser que el Estado o la autoridad reguladora convoquen a un concurso en forma unilateral y a discreción, no a solicitud de parte interesada. Esos concursos casi no se realizan, aun habiendo frecuencias libres en esas urbes densamente pobladas, especialmente en la banda de AM y en la de TV y sin que tampoco falten interesados.
Pese a que la Ley 26522 establecía el mecanismo del concurso abierto y permanente (en cualquier momento y para cualquier frecuencia) y con un Plan Técnico integral, tanto el gobierno kirchnerista como el macrista incumplieron estas exigencias y lo han reemplazado por modalidades híbridas o parciales, las que serán explicadas más adelante. (Sobre la reserva de 33% para emisoras sin fines de lucro, ver el Capítulo 4, apartado Balance de la labor reguladora.)
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