diversidad de prestadores en libre concurrencia en un mercado transparente. También son parte de ese concepto las reagrupaciones estructurales de compañías (fusiones o absorciones) por razones de economía de escala y que deben darse en ese mismo marco —sin protecciones o “intervenciones” indebidas—, de modo que se eliminen duplicaciones de esfuerzos e infraestructuras, se consigan reducciones de costos y sea posible ofrecer mejores precios y condiciones a los usuarios.
Es por eso que la competencia no siempre es la mera variedad de ofertas (puede ser una falsa abundancia, un mosaico desorganizado y feudal de prestadores poco calificados y con operaciones precarias o enclenques, o medios artificialmente estimulados por maniobras políticas). De la misma forma que un monopolio tampoco está determinado necesariamente porque haya dos o tres empresas grandes si éstas efectivamente compiten (hay concentraciones naturales que ofrecen mejores precios o servicios y hay concentraciones perjudiciales que imponen condiciones desventajosas para los usuarios).
La creación y el mantenimiento de un ambiente sustentable competitivo tiene que ver con una regulación adecuada (incluyendo el buen funcionamiento de la respectiva autoridad de aplicación) y con la existencia de un organismo antimonopolio autónomo, de alto nivel técnico y desvinculado del poder político. Precisamente, son los dos temas centrales de este trabajo.
Sin embargo, tanto la continuidad como la eficacia de las regulaciones y de los organismos sectoriales estuvieron históricamente afectadas por la inestabilidad, la inseguridad jurídica y los cambios abruptos.
Así, la radiodifusión y las telecomunicaciones tuvieron marcos legales permanentemente cambiantes —cuando no remendados por decretos y resoluciones año tras año— y casi una decena de tándems de autoridades reguladoras distintas durante los últimos 65 años, que configuran verdaderas “sopas de letras”: sucesivamente MINCOM-DGCyT-DGR-DGTE (2); SECOM-DGR (3); SECOM-CONART (4); SECOM-ERT (5); SECOM-COMFER (6); SECOM-CNT-COMFER (7); CNC-COMFER (8); SeTIC-AFTIC-AFSCA (9) y, al día de hoy, SeTIC-ENACOM (10).
El caso de los organismos antimonopolio no ofrece un cuadro mejor y se relaciona también con normas largamente incumplidas. Tras una ley sancionada en 1999, pasó más de una década y media y varios gobiernos sin que se constituyera un tribunal independiente. Todas las decisiones sobre fusiones, adquisiciones y cuestiones de libre competencia recayeron en la Secretaría de Comercio Interior, aplicando en ocasiones grados de arbitrariedad inconcebibles, como ocurrió durante la etapa kirchnerista.
En 2018 se aprobó una nueva y supuestamente definitiva ley antimonopolio, pero la gestión del presidente Macri no actuó inmediatamente para crear los correspondientes organismos ni el tribunal de defensa de la competencia contemplados en la norma. A pocos meses del fin de su mandato finalmente se nominó una lista de candidatos a dichos organismos que no derivó en ningún nombramiento. Esta situación persistía aún al inicio de la presidencia de Alberto Fernández.
1 El Grupo Clarín SA creó por escisión en 2017 Cablevisión Holding SA (CVH). Ambas firmas tienen los mismos accionistas (familia Noble Herrera, Héctor Magnetto, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro) pero son en realidad entidades separadas. Desde que se completó la fusión, CVH es controlante de Telecom Argentina SA (tiene aproximadamente 39% de las acciones), mientras que el socio tradicional del Grupo Clarín en la TV cable y principal accionista de la antigua Telecom desde 2016, David Martínez, posee el 31,5%. El resto del capital se negocia en la bolsa (datos de 2018-2019).
2 Hasta 1958, Ministerio de Comunicaciones, Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, Dirección General de Radiodifusión y Dirección General de Teléfonos del Estado (en 1956 la DGTE fue reemplazada por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -ENTel- como organismo prestador, mientras que las funciones reguladoras en este campo quedaron en manos del Ministerio y luego de la Secretaría de Estado de Comunicaciones).
3 1955-1965: Secretaría de Estado de Comunicaciones y Dirección General de Radiodifusión. La figura de “Secretaría de Estado” fue instituida en 1958 para sortear las limitaciones de ocho ministerios que entonces contemplaba la Constitución. Las “secretarías” comunes dependían de algún ministerio o de la Presidencia, mientras las “secretarías de Estado” también estaban ubicadas nominalmente dentro de algún ministerio, pero su grado de independencia las transformaba en un cuasi ministerio en el tema correspondiente. Comunicaciones tuvo rango de “secretaría de Estado” desde 1958 hasta 1981 y estuvo situada dentro del Ministerio de Obras y Servicios Públicos o su equivalente hasta 1973.
4 1965-1970: Secretaría de Estado de Comunicaciones y Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión. Este último fue el primer ensayo de organismo colegiado específicamente establecido para los medios de radiodifusión, pero sus integrantes eran en su mayoría representantes de distintos ministerios. Primero fue un órgano consultivo, luego tuvo funciones ejecutivas.
5 1970-1972: Secretaría de Estado de Comunicaciones y Ente de la Radiodifusión y Televisión. Este último fue un organismo autónomo y unipersonal que dependió primero del Ministerio del Interior y luego del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
6 1972-1990: Secretaría de Estado de Comunicaciones —luego de 1981 Subsecretaría de Comunicaciones y después de 1983 Secretaría de Comunicaciones— y Comité Federal de Radiodifusión. La cartera de Comunicaciones pasó en 1973 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos al Ministerio de Economía, donde permaneció hasta 1981 y luego volvió al Ministerio de Obras y Servicios Públicos (1981 en adelante). El Comité Federal de Radiodifusión fue creado en 1972. (¿Por qué “Comité”? Fue la única repartición pública en la historia argentina que llevó esta denominación.) Era un organismo autónomo y también colegiado, igualmente con una mayoría de representantes de distintos ministerios. Se ubicaba en jurisdicción de la Presidencia de la Nación, pero estuvo intervenido durante 34 de los 37 años de su existencia, incluso durante la etapa 1973-1976 (con un general de brigada amigo del presidente Perón) y aún antes de que la Ley 22285 de 1980 estableciera la participación de las Fuerzas Armadas en su estructura.
7 1990-1996: Secretaría de Comunicaciones, Comisión Nacional de Telecomunicaciones (organismo autónomo y colegiado que debía ser integrado por especialistas) y Comité Federal de Radiodifusión. Por unos meses en 1991 no hubo Secretaría de Comunicaciones y la CNT concentró las funciones de fijación de política general y la reguladora.
8 1996-2009: Secretaría de Comunicaciones, Comisión Nacional de Comunicaciones (organismo autónomo y colegiado que también debía cubrir sus cargos con especialistas) y Comité Federal de Radiodifusión. La SECOM dependió de la Presidencia de la Nación hasta 1999, del Ministerio de Infraestructura y Vivienda entre 1999 y 2001, del Ministerio de Economía entre 2001 y 2003 y del Ministerio de Planificación desde 2003. La CNC funcionó en jurisdicción de la SECOM acompañando los distintos cambios de dependencia de esta última.
9 2009-2015: Secretaría de Comunicaciones (luego de 2014 Secretaría de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones), Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (creada en 2014 en reemplazo de la CNC) y Autoridad Federal de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
