Libro de códigos para el análisis de spots de campañas (2003 y 2009) de los partidos políticos
Capítulo III. El proceso electoral de 2006 y la reforma electoral de 2007
Introducción
Panorama general de las quejas presentadas por el uso de calumnia, diatriba y denigración en los procesos electorales de 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009
El proceso electoral del año 2006: actores, estrategias de comunicación y propaganda electoral utilizada por los partidos políticos y candidatos
El debate dentro de la reforma electoral del 2007, en relación con los mensajes negativos en la propaganda electoral
Modificaciones al Cofipe en materia de sujetos responsables, conductas infractoras y sanciones, hechas durante la reforma electoral de 2007
Criterios que tiene la autoridad para dirimir las controversias por calumnia y denigración en la propaganda electoral
Capítulo IV. Análisis comparativo de spots de ataque difundidos por los partidos políticos en las campañas electorales de los periodos 2003, 2006 y 2009
Introducción
Proceso electoral 2003
Proceso electoral 2006
Proceso electoral 2009
Análisis comparativo del uso de mensajes de ataque en los procesos electorales de 2003 y 2009
Análisis de la evolución de la comunicación política por parte del PAN, PRD y PRI en los procesos electorales de 2003, 2006 y 2009
Reflexiones finales sobre política pública y reforma electoral
Conclusiones
Discusión y recomendaciones de política pública
Propuestas para incluir en una agenda de posibles mejoras tras la reforma electoral
Bibliografía
Anexo 1. Manual de codificación de spots correspondientes a las muestras de 2003, 2006 y 2009
Anexo 2. Glosario de términos
Anexo 3. Descripción de la tipología de mensajes por medio de ejemplos
Anexo 4. Lista de spots analizados en la investigación
e-colofón
Capítulo I
El proyecto de investigación
Introducción
En marzo de 2006, el equipo de campaña de Felipe Calderón, candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN), lanzó una nueva estrategia de publicidad que se centró en la difusión de una serie de pretendidos defectos del candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, señalándolo como un político ineficiente en su gestión como jefe de gobierno del Distrito Federal, responsable del endeudamiento del gobierno de la ciudad, intolerante y, más aún, asociado a diversos personajes acusados de corrupción. El lema unificador de todos estos mensajes fue “López Obrador, un peligro para México” (Salazar Elena, 2007).
La reacción en el PRD y en los otros partidos de la coalición “Por el Bien de Todos” fue, en primer instancia, la emisión de mensajes acusando al candidato panista, Felipe Calderón, de haber participado en un fraude bancario durante su gestión en BANOBRAS. En un segundo momento, la representación del PRD dentro del Instituto Federal Electoral (IFE) solicitó a éste su intervención para retirar una serie de spots que consideraba denigrantes. La autoridad electoral inicialmente rechazó la solicitud; sin embargo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al IFE cancelar algunos mensajes emitidos por el PAN. A partir de entonces, el IFE siguió esta norma y retiró de la radio y la televisión diversos mensajes con contenido negativo. En total, 29 promocionales fueron retirados del aire.
Es importante destacar la participación activa del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en esta elección, ya que se distinguió por la contratación y difusión de dos spots promocionales a favor del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y en contra de la coalición “Por el Bien de Todos” y su candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Lo que ocasionó importantes quejas por parte de los representantes de la coalición ante el Consejo General del IFE y posteriormente ante el TEPJF.
Un ejemplo de las quejas emitidas es el oficio presentado el 1 de junio de 2006 por el diputado Horacio Duarte Olivares, representante propietario de la coalición “Por el Bien de Todos”, numerado: por el bien de todos-176/06. En dicho documento se solicita al consejero presidente del IFE que se tomen las medidas necesarias para evitar que personas físicas o morales realicen acciones que puedan constituir actos de inducción del voto o, bien, que puedan causar confusión entre los electores (IFE, 2006).
En respuesta a dicha solicitud, el 8 de junio de 2006 el consejero presidente del IFE envió comunicaciones a catorce organizaciones empresariales y patronales del país, en las que les manifestó “la conveniencia de abstenerse de realizar otras actividades que pudieran interpretarse como un mecanismo de presión o coacción del voto”. Las cartas fueron dirigidas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) y a la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), entre otros.
El malestar manifestado por la coalición “Por el Bien de Todos” —como consecuencia de los spots difundidos por el CCE— llevó a que, el 23 de junio de 2006, el consejero presidente del IFE enviara una carta al ingeniero José Luis Barraza González, presidente del CCE, en la que exponía las preocupaciones del instituto sobre la campaña de medios difundida por el organismo empresarial. En respuesta, el CCE emitió un comunicado de prensa donde informó que, a petición expresa del consejero presidente del IFE, se había decidido suspender la transmisión de spots de radio y televisión donde se exaltaba el valor de la “estabilidad” económica que el país vivía.
La intervención del CCE en el proceso electoral no puede ser catalogada como un hecho aislado o fugaz. Su impacto fue muy profundo y se mantuvo presente durante un largo tiempo. Dicha intervención fue uno de los principales argumentos de las acusaciones hechas por la coalición “Por el Bien de Todos” en contra del PAN, así como una de las principales críticas respecto a la actuación del IFE durante la campaña electoral. Este hecho estuvo presente en las denuncias interpuestas ante el TEPJF, una vez realizadas las elecciones y, de manera más relevante, permaneció presente en etapas posteriores a este proceso electoral.
El 2 de julio de 2006, 41.8 millones de mexicanos ejercieron su derecho al voto para elegir al Presidente de la República y renovar las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión. El proceso electoral federal 2005-2006 presentó circunstancias
