esto les fue restringido por los militares, argumentando que los procesos se hallaban en etapas privadas. En medio de las contradicciones entre el discurso y la acción de los funcionarios colombianos, la visita de AI finalizó en el mismo momento en que el departamento de Estado norteamericano presentó su informe sobre la situación de DD. HH. en América Latina, resaltando la delicada situación de países como Argentina o Chile, mientras que sobre Colombia afirmaba: “…es una sociedad abierta donde todos los asuntos políticos, incluso los derechos humanos, son debatidos libremente”78.
El segundo acontecimiento que marcó el declive del Estado militarizado coincide con la crisis diplomática derivada de la toma a la Embajada de la República Dominicana por parte de un comando del Movimiento 19 de Abril —M-19—. La condena lanzada por la OEA en contra de la acción subversiva79 ilusionaba al Gobierno, afanoso de encontrar un contrapeso internacional que desmintiera la inminente condena que AI estaba pronta a emitir80. Así, en abril de 1980 el Gobierno invita a la CIDH a visitar el país, el comunicado de prensa mediante el cual se oficializó la invitación señalaba:
Ha sido una antigua aspiración del Gobierno Colombiano invitar a esa comisión, cuya honestidad y rectitud son internacionalmente reconocidas, a visitar a nuestro país con el objeto de examinar la situación general de los derechos humanos, lo mismo que a presenciar la parte pública de los juicios que por el procedimiento de los consejos verbales de guerra se tramitan en la actualidad, dentro del marco de la constitución y de las leyes de la República y para informarse del desarrollo de tales juicios81.
La afirmativa respuesta de la CIDH fue recibida con esperanza por el Gobierno, más aún, ante las amables palabras del presidente del organismo multilateral que prometían un espaldarazo a la política de seguridad y de orden público de Turbay.
Todos los que contemplamos con serenidad esta situación y admiramos la forma como el gobierno actual de Colombia está procurando resolver este problema evitando mayores dolores y sufrimientos y manteniendo siempre el prestigio de la juridicidad que es característica de esta gran nación y que constituye el ideal de todos los hombres que en el derecho vemos la mejor fuerza para mantener la paz de las naciones y de las sociedades en general82.
En medio de la ilusión, organizaciones como la Comisión Internacional de Juristas —CIJ— continuaban denunciando las evidentes atrocidades cometidas por el Estado,
Personalmente o a través de sus abogados, los detenidos han hecho numerosas denuncias de torturas. Las denuncias incluyen golpes, plantones prolongados, colgamientos, choques eléctricos, inmersión en agua, torturas sicológicas tales como ser forzado a presenciar la tortura de otros, maltratos de palabra y vendas en los ojos […] Las medidas que se han tomado para contrarrestar la amenaza a la seguridad causada por las operaciones de las guerrillas urbanas y rurales, implican suspensiones de muchos de los derechos y libertades proclamados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos, del cual Colombia es parte83.
Aún a la espera de la visita de la CIDH, el 13 de abril de 1980 AI publicó su informe correspondiente a la visita efectuada en enero al país, cuyo contenido, pese a tener un ‘embargo para su difusión’, fue filtrado por los medios de comunicación antes de su publicación y reproducción en los principales medios escritos del país. En el informe de 44 páginas, AI concluyó la veracidad de las denuncias sobre arrestos arbitrarios y torturas sistemáticas cometidas en contra de los presos políticos por parte de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La misión identificó 33 centros, con predominancia de unidades militares, en los que se practicaban alrededor de 50 formas diferentes de tortura que iban desde métodos psicológicos, hasta mutilaciones, choques eléctricos y golpizas84. Las recomendaciones efectuadas al Gobierno colombiano fueron resumidas por El Siglo así:
El levantamiento del Estado de sitio, la derogatoria del Estatuto de Seguridad, las reformas al nuevo Código Penal, el traslado de los juicios de la justicia castrense a la ordinaria, la visión de la Reforma Constitucional, sobre la administración de justicia, la limitación de las atribuciones del personal militar y el establecimiento de determinadas garantías para quienes son detenidos en aplicación del Artículo 28 de la Constitución85.
La crudeza de los resultados obtenidos respecto de la situación de DD. HH., copó los titulares de los medios de comunicación, “…hasta el hermano bobo de Sherlock Holmes podría deducir que el reporte de Amnistía contiene una severa condena al gobierno por las torturas, militarización de la justicia y demás irregularidades ya denunciadas por la Comisión Internacional de Juristas”86. Pero también provocó una fuerte reacción del Gobierno:
Es un organismo gaseoso, que aparece y desaparece como por arte de magia y se presenta con halos de sensibilidad social para responder a los llamados de los extremistas, pero se oculta cuando esos extremistas son señalados como violadores […] Nada de lo sufrido por inocentes ciudadanos constituye para ellos violación de unos derechos que dicen defender; según parece, Amnistía Internacional está más interesada en desfigurar la imagen de los países que se rigen por cánones democráticos que en desenmascarar a quienes pretenden con su acción criminal [desestabilizar el orden constitucional vigente]87.
Las reacciones ante el informe de AI sirvieron como antesala a la visita de la CIDH que se desarrolló entre el 21 y el 27 de abril de 1980, en lo que parecía una segunda instancia que dirimiría el asunto sobre la responsabilidad del Estado a pedido del presidente. La inspección inició con una serie de reuniones en las cuales la delegación (integrada por Tom Farer —presidente—, Francisco Bertrand, Andrés Aguilar, Francisco Dusheer, Luis Tinoco, César Sepúlveda y Edmundo Vargas) se entrevistó con los altos mandos del Gobierno y miembros de las otras ramas del poder público, pero también con organizaciones, presos y defensores. Pese a la poca expectativa que los sectores populares le otorgaban, estas reuniones permitieron a la CIDH documentar las denuncias recibidas.
Figura 4. Caricatura “Para eso la llaman”
Fuente: Voz Proletaria [Bogotá], abril 10, 1980: 1.
A pocos días de iniciada la visita, las autoridades militares dejaban entrever la razón que le asistía a AI en su informe. El coronel Faruk Yanine, fiscal en el consejo verbal de guerra adelantado en contra de más de 70 personas acusadas de pertenecer a las FARC, señaló durante la etapa de juicio, en abril de 1980, que los casos de tortura deberían ser sancionados e investigados y que en su labor no tendría en cuenta las declaraciones obtenidas por estos medios. Las declaraciones de Yanine fueron celebradas por algunos abogados, sin embargo, muchos otros las consideraron como una actuación hecha para agradar a la CIDH, cuyos miembros estaban presentes en las diligencias88. En paralelo con las controversias suscitadas por las declaraciones del fiscal militar, el Gobierno nacional anunció la suspensión de las capturas.
La lucha frontal desatada contra los grupos insurgentes provocó severas censuras contra el gobierno del presidente Turbay Ayala, no solo en Colombia, sino en el exterior, conforme pudo comprobarse durante la gira mundial que él realizó. El nombre de Colombia, por carambola, se ha visto seriamente afectado, especialmente por los constantes despachos de prensa hacia el exterior dando cuenta de los sucesos que de cuando en cuando suceden en el país89.
El ambiente que rodeó las visitas, el informe negativo de la primera y los constantes titubeos del Gobierno y de las autoridades militares para hacer frente a las denuncias, tuvo efectos directos en mayo de 1980. Durante la reunión del Consejo Económico y Social de la ONU se decidía la posibilidad de que Colombia continuara integrando el Consejo de DD. HH., sin embargo, los recientes ‘descubrimientos’ llevaron a que, durante la elección de los dos representantes por América Latina,
